
El representante Orlando José Aponte Rosario, presidente Comisión de lo Jurídico de la Cámara. Inter News Service
San Juan, 28 feb (INS).- El representante Orlando José Aponte Rosario dirigió una vista pública para examinar el Proyecto de la Cámara 18, que busca enmendar la llamada Ley del Buen Samaritano, para proteger de reclamaciones de responsabilidad civil a individuos y organizaciones que de buena fe prestan servicios a la ciudadanía como parte de los esfuerzos de socorro durante declaraciones de emergencia emitidas por el gobierno.
En su calidad de presidente de la Comisión de lo Jurídico, el legislador por el Distrito 26 (Barranquitas, Villalba, Coamo y Villalba), recibió con satisfacción las reacciones positivas en torno a la medida de su autoría, la que tiene el respaldo de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, ya que genera una relevancia particular ante la pandemia del Covid-19.
En su intervención, Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, recomendó que la protección de hiciera extensiva sus empleados y voluntarios, así como a otros componentes de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja.
El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, por medio de su presidente Víctor Ramos Otero, endosó la medida y entre otras recomendaciones solicitó una enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico para obligar a las aseguradoras a pagar el 90% en las reclamaciones mientras haya un periodo de emergencia declarado por el Gobernador de Puerto Rico.
“Las aseguradoras han utilizado las emergencias como excusa para retener injustificadamente los pagos a los médicos y otros profesionales de la salud”, aseguró Ramos Otero.
Otro de los deponentes, la Asociación Puertorriqueña de Voluntarios de Servicios de Emergencias, una organización con 51 grupos activos en esa práctica de los 75 estimados en Puerto Rico, presentó recomendaciones para añadir al texto legislativo.
Mientras, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) estuvo representado por José A. Colón Grau, comisionado del Negociado de Emergencias Médicas de Puerto Rico, y Miguel Candelario Piñeiro, de la oficina de asuntos legales del DSP.
“Entendemos que este Proyecto de la Cámara 31 será de gran ayuda cuando alguna persona jurídica, organizaciones profesionales provean servicios de emergencia. El DSP no presenta reparo alguno”, indica la ponencia de su secretario Alexis Torres.
A nombre del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Inés García, catedrática y miembro del Comité de Política Pública, endosó la medida mediante ponencia firmada por el rector Segundo González Quilichini, condicionada a ciertas enmiendas relacionadas a especificar términos y condiciones.
El Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la directora de programas educativos, Ideliz Rodríguez Avilés, recomendó la aprobación de la medida.
“Una vez convertido en ley, promoverá que más entidades dedicadas a la prestación de servicios de salud puedan ofrecer ayuda ante una emergencia de manera responsable, sin el temor de estar sujetos a una causa de acción civil”, estableció la académica. INS
ndc
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