San Juan, 8 feb (INS).- La justicia llegó para Juana Concepción cuando la jueza de menores Alfrida Tomei, de la sala 708 del Tribunal de Instancia en San Juan, decidió hoy no emitir una orden de protección a favor del Departamento de Educación de Puerto Rico, que acudió a imputarle negligencia a esta madre con dos niños con autismo, estudiantes de educación especial.
Linda Ramos, portavoz de la Coalición de Advocates y Familias de Estudiantes con Impedimentos de Puerto Rico (Cafeipr), reveló además que Thaisha Cordero Aponte, trabajadora social de la escuela Luis Llorens Torres, donde estudian los niños, solicitó al tribunal una orden de protección contra la madre de los menores, alegando que los niños tenían ausentismo injustificado durante el año escolar 2020-2021.
“¿Ausentismo de qué escuela? Todas están cerradas por orden del gobierno desde marzo de 2020 por la pandemia Covid-19”, planteó Ramos.
La trabajadora social también alegó que Concepción es responsable de que sus hijos se mantengan en un salón de niños entre 3 a 5 años de edad, a pesar de estar sobre la edad, ignorando el derecho de “stay put” acordado con el abogado de Educación hace varios meses en una querella que puso la madre.
El acuerdo agencia-madre estuvo alineado al mandato de ley federal de educación especial que indica que los estudiantes deben permanecer en la ubicación donde están, mientras se dilucida una controversia por ubicación escolar, como en efecto ocurre en este caso, precisó Ramos, que consideró frívola la querella.
De otra parte, Juana Concepción ha informado que “la agencia ha querido crear condiciones con las que ellos saben que yo no puedo cumplir”, y puso como ejemplo que reciba módulos (cuadernos) “para darle clase a mis tres hijos, ir a fotocopiar a otro lado donde la fotocopiadora por Covid-19 no puede usarse, aceptar clases virtuales cuando no tenía computadora”.
“Ahora tenego computadora y prescribió el tiempo para acogerme al vale de internet. ¿Y yo soy la negligente? Mis hijos llevan cuatro años en la misma escuela en grupos Montessori que ellos escogieron y no se sustenta en evaluaciones esa ubicación escolar y una vez evaluados, ahora la agencia se niega a cumplir con las recomendaciones de los especialistas. Por eso tenemos controversia”, dijo la madre.
La intercesora de padres aseguró que “el único pecado de esta madre ha sido defender la educación que a sus hijos les corresponde por derecho de la ley federal de educación especial (IDEA 2004)”.
Ramos puntualizó que Juana Concepción representa a la Rosa Lydia Vélez de hoy día (mujer ícono de esta lucha y de la sentencia de un pleito de clase de padres de estudiantes de educación especial que lleva su nombre).
A punto de cumplirse 19 años de esa sentencia, “cada vez las violaciones del gobierno contra los padres ha llegado hasta el punto de crearle las condiciones de coacción y si no aceptan lo que ellos quieren, amedrentarlos con el tribunal para quitarle a sus hijos”.
La intercesora, quien pidió el respaldo de la comunidad para esta madre, dijo que “Educación se ha preparado para criminalizar en masa la lucha de nuestras familias por sus hijos, una clase oprimida, que espera justicia hace cuatro décadas y no ve la luz al final de este túnel”. INS
ndc
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