Resumen de noticias para el martes 2 de febrero de 2021
P. Rico-Senado aprueba resolución del PIP para investigar el destino, uso y estado de las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021
San Juan, 2 feb (INS).- El Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución del Senado Número 9, de la portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, que ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura realizar una investigación exhaustiva sobre el destino, uso, administración y estado de las diversas escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021.
La aprobación se dio luego de un intenso debate en el que se derrotaron unas enmiendas presentadas en sala por el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, que buscaban eliminar cualquier alusión a los gobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares, y dejar a la arbitrariedad del Senado la selección de escuelas a ser investigadas, contrario a lo establecido por la resolución.
“El cierre de escuelas en Puerto Rico no tiene paralelo conocido, pues desde 2007 a 2018, se ha clausurado el 44% de los espacios públicos educativos, y los senadores y senadoras habrán visto el informe que en estos días nos envió la organización Centro para la Reconstrucción del Hábitat; la clausura de planteles se aceleró a partir de 2013”, puntualizó Santiago Negrón al agotar un turno en el hemiciclo senatorial.
La portavoz del PIP aseguró que “algunas de las que estamos aquí lo vivimos entonces: historias realmente trágicas, como el cierre de la Lola Rodríguez de Tió en Carolina, una escuela vocacional para estudiantes de educación especial, que fueron relocalizados en ubicaciones que no cumplían con su PEI, y que al día de hoy, los tiene condenados a situaciones pedagógicamente insensatas”.
Santiago Negrón aludió al informe “Aprovechamiento Académico y el Cierre de Escuelas en Puerto Rico”, del académico José Caraballo Cueto, en el que documenta que tan solo en la segunda ola de cierres, entre el 2017-2019, se cerró el 34% de las escuelas.
El resultado de los cierres fue 58,606 estudiantes desplazados, de los cuales 2,616 sufrieron más de un cierre.
“Aunque la justificación que dio la junta de control fiscal para el cierre de escuelas fue la de generar economías, desde el 2017-2019, el ahorro en funcionamiento de escuelas fue de solo $34.5 millones, mientras que la partida de mantenimiento aumentó en $311.7 millones para ese mismo periodo. El estudio documenta cómo el cierre afectó a las estudiantes más pobres, en particular las de las zonas rurales”, subrayó la legisladora independentista.
La senadora cuestionó, además, las disparidad en la forma en que se han realizado las transacciones de compraventa, el que algunas de ellas hayan sido negociadas con contribuyentes de campañas políticas y el abandono en el que están muchas de las escuelas cerradas convertidas en establos, vertederos, y nidos de plagas, según se desprende de investigaciones realizadas por medios de comunicación.
“¿Es bueno y productivo para el país el resultado del cierre de escuelas? ¿mejoró el aprovechamiento académico, garantizando una generación mejor preparada? ¿están en mejores condiciones las escuelas receptoras en comparación con su situación antes de convertirse en tales? Esas respuestas tienen que contrastarse con lo que yo espero sea el resultado de la investigación comisionada por esta resolución, que aspira a documentar la localización de cada escuela cerrada, la fecha de cierre, la matrícula a la que servía, el personal que allí trabajaba, el tránsito de estudiantes y personal a las escuelas receptoras, el uso y estado actual de la escuela y los mecanismos mediante los cuales se dispuso, si es el caso, del inmueble”, expresó Santiago.
La senadora advirtió que lo mínimo que se le puede pedir al Estado, tras la brutal decisión de privar a las comunidades de casi mil espacios de aprendizaje, es examinar, con detenimiento y rigurosidad, el saldo real de esa determinación. INS
P. Rico-Avanza la actividad industrial tras cierre total a causa de la pandemia
San Juan, 2 feb (INS).- La actividad industrial avanza nuevamente en Puerto Rico luego de la significativa caída que se registró en abril de 2020 a causa del cierre decretado por el gobierno para contener la diseminación del Covid-19 entre la población, aseguró Manuel Cidre Miranda, secretario designado del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Según el reporte del Índice de Indicadores Coincidentes en la Manufactura (IICM), noviembre 2020 reflejó alza por cuarto mes consecutivo, además de ser la sexta alza de los últimos siete meses, señaló Cidre Miranda.
Al compararse con el mes anterior, destacó el funcionario, la actividad industrial aumentó un 0.4 por ciento.
Esta reducción refleja los efectos del “lockdown” una vez fue implementado el 15 de marzo de 2020 y que ha afectado la actividad económica significativamente.
Al momento de elaborar el reporte, el valor del PMI, un indicador que mide las perspectivas de los gerentes de plantas manufactureras, que es calculado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y que corresponde a octubre de 2020, fue de 47.9 puntos, lo que reflejó las perspectivas de los gerentes de una contracción moderada en la industria al marcar ese periodo por debajo del umbral de los 50 puntos.
“Aunque vemos una baja al comparar con el año anterior, notamos como la actividad industrial va aumentando gradualmente durante el pasado año. Confiamos en que a medida que se vaya estabilizando la pandemia y aumente la cantidad de personas vacunadas, la manufactura despegue”, dijo Cidre Miranda.
Aseguró que “en el DDEC estamos trabajando para continuar atrayendo inversión a Puerto Rico y posicionarnos como el mejor destino de manufactura y servicio del hemisferio; contamos con una fuerza trabajadora comprometida y preparada, la infraestructura lista y una disponibilidad sin igual para hacer negocios”. INS
P. Rico-Heend denuncia que presidente de la UPR intenta socavar los esfuerzos de Fortaleza ante la JSF
San Juan, 2 feb (INS).- La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, acusó al presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, de intentar socavar, plegado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los esfuerzos de La Fortaleza para llegar a acuerdos con el gremio.
Santana Andino explicó que luego de que el liderazgo de la unión sostuviera una productiva reunión con los titulares de la Gobernación y del Trabajo, y el senador Henry Neumann, en horas de la tarde Haddock emitió una comunicación a la comunidad universitaria que no abona al diálogo.
“El presidente de la Universidad quiere socavar los esfuerzos de los secretarios de la Gobernación y del Trabajo, quienes comprendieron nuestros reclamos y se comprometieron a propulsar un acuerdo”, expresó la dirigente sindical.
Afirmó que la intención de Haddock es seguir las directrices de la junta de control fiscal de eliminar el convenio sin defender a sus empleados.
“Si eliminar el convenio o modificar cláusulas es una alegada condición de la Junta, es Haddock quien tiene que pararse de frente y rechazar esas exigencias de la misma manera que el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que no aceptará el plan fiscal para el gobierno central”, dijo Santana Andino.
Para la presidenta de la Heend, “es demasiado lo que se le ha quitado en presupuesto a la Universidad y Haddock ha hecho muy poco por defenderla. Ahora vienen por nuestro convenio, pues que sepan que aquí se traza la raya: el convenio se acordó y ratificó, que lo firmen ya”.
Esta mañana, dijo, en la reunión con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales; el secretario del Trabajo, Carlos J. Rivera Santiago; el asesor de Asuntos Laborales de Fortaleza, Yamil Ayala, y el senador Neumann, le hicieron claro que la Heend no va permitir que se deje a discreción del patrono la eliminación del convenio.
“Si nosotros no tenemos una solución a nuestro problema, el miércoles amaneceremos con un campamento en Fortaleza y añadimos que no le vamos a hacer el trabajo a Haddock. El que tiene que defender el convenio de los empleados ante la Junta es el presidente de la Universidad”, explicó Santana Andino.
Recalcó que el nuevo convenio colectivo de la Heend se ha negociado y ratificado en dos ocasiones en los pasados tres años y la junta de Gobierno de la UPR lo rechaza.
El convenio negociado representa casi $20 millones de ahorros para la universidad pública.
La más reciente controversia surge porque la administración quiere incluir una certificación que alegadamente exigió la junta de control fiscal que deja en manos del patrono la eliminación de cualquier cláusula del convenio, a cambio de unos pagos atrasados y matrículas cuya suma nadie sabe cómo fue calculada.
Igualmente, quieren volver a negociar artículos del convenio ya negociado, acordado y ratificado, en partidas tan importantes como el plan médico.
La dirigente sindical recalcó que esta acción de la UPR pone en juego hasta la propia acreditación con la MSCHE, dado que los beneficios del convenio son reportados y tomados en cuenta en los estándares de evaluación de esa institución. INS
P. Rico-Buscan investigar si el vertedero de Toa Alta está realizando los arreglos exigidos por la EPA
San Juan, 2 feb (INS).- El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yazzer Morales Díaz, anunció la presentación de una resolución dirigida a investigar si la administración municipal de Toa Alta y los actuales operadores del vertedero ubicado en el antes mencionado pueblo, han cumplido con reparar los sistemas de recogido de lixiviados y cubrir las áreas expuestas del vertedero diariamente para ayudar a controlar los olores y material que pudiese volar.
“Existe una necesidad imprescindible que la Cámara de Representantes realice un estudio detallado y profundo dirigido a constatar si el Municipio de Toa Alta y los actuales operadores del vertedero han tomado las medidas de corrección que las agencias federales exigieron que se hicieran. Este es un asunto bien importante para la salud de nuestro pueblo de Toa Alta. El norte de esta resolución es asegurarnos que, luego de tantos años y tantos señalamientos sobre las operaciones del vertedero, finalmente se cumplan con las mismas para el beneficio de todos los toalteños”, comentó el representante.
Durante los pasados cinco años, la administración del vertedero de Toa Alta ha tenido serios señalamientos por parte de las autoridades estatales y federales.
En el mes de abril del año 2017, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés), ordenó al municipio de Toa Alta, junto con los operadores del vertedero municipal, a tomar medidas inmediatas para abordar las condiciones del mismo, ya que se podían presentar amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente.
Mientras, en noviembre de 2015, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el cierre completo del vertedero de dicho municipio por incumplir con las leyes y regulaciones ambientales.
La más reciente orden de la EPA exige que el municipio y los operadores de la instalación cumplan con reparar sistemas de recogido de lixiviados, cubrir las áreas expuestas del vertedero diariamente para ayudar a controlar los olores y material que pudiese volar, cubrir áreas inactivas del vertedero e inspeccionar las cargas entrantes de residuos para separar los desperdicios peligrosos y los materiales prohibidos.
“Que no se pierda de perspectiva que el volumen de desperdicios sólidos generados sigue en incremento vertiginoso, más la vida útil o capacidad receptora de los vertederos en Puerto Rico, se ha reducido drásticamente en los últimos años. En una isla de limitada extensión territorial, el problema se agudiza por la escasez de terrenos adecuados para establecer instalaciones de disposición con las necesarias medidas de protección que requiere la población y el ambiente. Por tanto, es imperativo identificar todas aquellas alternativas viables que propicien la debida implantación de la política pública sobre el manejo adecuado de los desperdicios sólidos”, agregó el legislador.
La orden también requirió al municipio de Toa Alta y al operador del vertedero manejar efectivamente las aguas pluviales, instituir medidas de control de mosquitos y mejorar la seguridad del lugar.
Además, debido a que el vertedero había alcanzado su capacidad, la orden instruyó al municipio a dejar de disponer de desperdicios permanentemente en el lugar, previo a la fecha del 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, aún se continúan depositando desperdicios sólidos.
El vertedero de Toa Alta ha estado recibiendo desperdicios desde 1966.
Durante este período, el vertedero ha sido propiedad del municipio de Toa Alta y operado por varias empresas, incluyendo el propio ayuntamiento, Empresas Municipales Toalteña Corp., CMA Environmental y Landfill Technologies de Toa Alta.
El municipio y Empresas Municipales Toalteña Corp. han sido los operadores primarios del vertedero desde el año 2016.INS
P. Rico-Administración de la UPR dispuesta a acudir junto a la Heend ante la JSF
San Juan, 2 feb (INS)- La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) está dispuesta a acudir junto a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para agilizar la aprobación de las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente (Reglas Suplementarias) que cobijan a los miembros de la organización, informó el presidente de la institución, Jorge Haddock.
Tras culminar la negociación, la UPR y la Heend alcanzaron un acuerdo que fue presentado por el presidente a la junta de gobierno de la Universidad para su evaluación y ratificación.
Sin embargo, durante una reunión ordinaria, celebrada el 29 de octubre de 2020, la junta de gobierno solicitó que el documento fuera referido a la JSF, luego de que el ente fiscal así lo solicitara al amparo de la sección 204(b) de la Ley Promesa, ya que Reglas Suplementarias de la Heend son consideradas un contrato cuya implementación tiene un impacto fiscal que excede la cuantía establecida de dos millones. Luego de revisar el acuerdo, la JSF condicionó su autorización a que la junta de gobierno certifique el cumplimiento del plan fiscal certificado a partir del presente año, lo que conllevaría enmendar algunas cláusulas.
La Heend ha rechazado volver a la mesa de negociación para atender lo requerido por la JSF.
“La Administración y la Heend tenemos el mismo propósito, lograr la aprobación del acuerdo que alcanzamos de buena fe en beneficio de los empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico. Hemos cumplido con el proceso, pero se añade un requisito novel para todos con la participación de la Junta de Supervisión Fiscal. Nos hemos reunido con la Heend y con la JSF para lograr armonizar los planteamientos. Estamos dispuestos a convocar una reunión para que las tres partes podamos llegar a un lenguaje de consenso que nos permita concederles los mayores beneficios al personal dentro de las limitaciones fiscales que establece el plan fiscal”, manifestó Haddock, quien hizo un llamado “a la unidad y diálogo”.
Particularmente, la JSF solicita que se consideren nuevamente la liquidación de la licencia por enfermedad en exceso de 15 días, los 15 días feriados, los días para la celebración de actividades culturales, el periodo de disminución de tareas, el pago de los derechos de matrícula (pasadas exenciones), y la fecha de inicio y culminación de la vigencia de las Reglas y Condiciones.
Por su parte, el director de Recursos Humanos de la Administración Central de la UPR, Nelson Rivera Villanueva, precisó que como parte de los esfuerzos para lograr la aprobación del acuerdo “se solicitó al liderato de la Heend que presente una propuesta con el lenguaje sugerido para la certificación requerida por la JSF, la que hasta el momento no ha sido recibida”.
Añadió que “de no aprobarse la certificación que exige la JSF y no considerar los asuntos expuestos por el ente fiscal, se colocaría en riesgo la autorización del acuerdo, que incluye un 20% adicional para pagar el costo de matrícula de los empleados, hijos y cónyuges; así como el pago de 315 dólares a cada uno, pertenecientes al Fondo Especial. El impacto fiscal de lo acordado asciende a 4.9 millones”.INS
P. Rico-Secretaria de Educación anuncia que escuelas públicas abrirán el 3 de marzo de forma parcial y escalonada
San Juan, 2 feb (INS).- La designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, anunció que las escuelas públicas abrirán el 3 de marzo de forma parcial y escalonada.
Aponte Santos, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, dijo que en el proceso que comienza en marzo tendrán prioridad estudiantes de kinder, primero, segundo y tercero grado, ya que “son los que estamos contemplando que son más vulnerables y quisiéramos atender”.
La funcionaria indicó que el plan de acción incluye la apertura de las escuelas escalonadamente.
“Hemos identificado escuelas para poder abrir. Si podemos abrir cinco escuelas, esas son las que vamos a abrir. Pero algo tenemos que hacer por nuestros niños”, acotó.
A su vez, aseguró que “vamos a ser flexibles en el proceso. Vamos a hacerlo todo en consulta” y, de paso, expuso que “lo importante es que aquí no se va a abrir sin que existan esos protocolos. Estamos trabajando arduamente para que esto se dé, aunque sea una cantidad reducida”.INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias