P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el lunes 25 de enero de 2021

P. Rico-Decreta gobernador Pierluisi estado de emergencia por la violencia de género

San Juan, 25 ene (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi decretó ayer una emergencia por violencia de género con el objetivo de establecer una política pública dirigida a mejorar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de servicios dirigidos a apoyar a las víctimas.

“Toda violencia es repudiable, y tenemos que combatirla sin tregua. La violencia de género es un mal social, basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos”, dijo el mandatario al reconocer que, por demasiado tiempo, víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, la discriminación y la falta de educación.

Pierluisi sostuvo que ante la falta de orientación y sobre todo la falta de acción, “es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”.

La Orden Ejecutiva 2021-13, establece mecanismos puntuales como la designación de un Oficial de Cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la Orden. Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género.

Este Comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien posee una maestría y doctorado de la Universidad Carlos Albizu, con un internado y tesis doctoral en violencia de género.

Otra de las disposiciones de la abarcadora Orden, es que se propone crear una aplicación de teléfono móvil que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor.

Igualmente, cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos internos, fondos estatales y federales, externos disponibles para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva, y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.

El mandatario fue enérgico al justificar el estado de emergencia pues insiste en que las causas de la violencia contra la mujer y la violencia de género “ha permeado nuestra sociedad por mucho tiempo y tenemos que ser proactivos y enfáticos a la hora de combatirla como reparación a todas las víctimas que no hemos podido proteger”.

Como esfuerzo abarcador para prevenir fatalidades y proveer mayor seguridad a las víctimas, dijo, se crea un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género, sea contactada o visitada por un oficial del orden público para verificar su seguridad.

Igualmente, se ordena el establecimiento de mecanismos de capacitación para todos los agentes de orden público y personal de agencias de gobierno relevantes a los esfuerzos del Comité PARE, así como la optimización de los procesos para compilar estadísticas confiables sobre la incidencia de la violencia de género.

También, se ordena la evaluación para emitir recomendaciones sobre la implantación del Plan Alerta Rosa y se ordena explorar maneras de mejorar la atención a víctimas vulnerables a través de las divisiones especializadas del Departamento de Justicia.

Tomando en cuenta que en múltiples ocasiones en los casos de violencia de género hay un factor económico que no permite a la víctima tener las herramientas necesarias para separarse de su situación, la Orden Ejecutiva ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a crear y ampliar programas que incentiven la integración de mujeres a la fuerza laboral.

Además, se procura la colaboración de todas las clínicas de asistencia legal de las escuelas de Derecho de Puerto Rico para ayudar a víctimas de violencia de género.

Para concienciar, educar y prevenir la violencia de género se instruye el diseño y diseminación de campañas mediáticas efectivas sobre la violencia de género en alianza con la empresa privada.

Finalmente, se establece que el Comité PARE deberá publicar un primer informe de progreso dentro de 45 días de la primera reunión y cada 30 días por la duración de la orden que será hasta el 30 de junio de 2022, prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE.

“Para erradicar la violencia de género tenemos que realizar esfuerzos concertados entre el estado y la sociedad en los que además de un plan abarcador, exista un enfoque educativo para enseñar a nuestros niños y niñas que todo ser humano tiene que ser respetado, así como empoderar a nuestras próximas generaciones para erradicar este mal. La equidad entre niños y niñas, hombres y mujeres es clave para alcanzar el Puerto Rico sin violencia de género que todos queremos”, remató el gobernador Pierluisi. INS

 

P. Rico-Indignante para senador Aponte Dalmau intento del gobernador de usar fondos de la pandemia para adelantar la estadidad

San Juan, 25 ene (INS).- El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, criticó la anunciada solicitud que hará el gobernador Pedro J. Pierluisi de $8.9 millones a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la celebración de la elección especial para enviar a Washington a seis cabilderos a favor de la estadidad, evidencia de sus verdaderas prioridades.

“Es inaceptable e indignante que mientras aquí todavía no se ha podido manejar efectivamente la pandemia, hay miles de personas aún viviendo bajo toldos azules, escuelas de Ponce, Yauco, Guayanilla, Guánica y otros pueblos del sur no han sido acondicionadas desde los terremotos y hay un sinnúmero de otras necesidades apremiantes, el gobernador esté encaprichado con una elección que responde al interés político de su colectividad y no al interés de nuestra gente”, señaló Aponte Dalmau al calificar de “una insensatez que en ninguna circunstancia la vamos a dar permitir”.

El senador por el distrito de Carolina añadió que esta acción demuestra que la verdadera prioridad del nuevo gobierno es complacer al Partido Nuevo Progresista (PNP) y no atender la crisis fiscal, económica, social y salubrista que enfrenta el país.

“Aquí hay otras necesidades por las cuales se puede recurrir a la Junta. Si tú me dijeras que el gobernador quiere fondos para lograr un regreso a clases presenciales de manera exitosa, para la Universidad de Puerto Rico, para ayudar a miles de pequeñas y medianas empresas que se han visto seriamente afectadas por la pandemia, para darle salarios dignos a trabajadores esenciales, para mejorar la infraestructura pésima de nuestras carreteras o para comprar equipos para nuestras agencias de seguridad, yo sería el primero en aplaudirlo y en unirme a esos esfuerzos. Pero me parece una poca vergüenza lo que pretende hacer el gobernador”, acotó Aponte Dalmau.

El portavoz del PPD en el Senado indicó que le parece hasta un chiste de mal gusto cuando, precisamente, esta semana voces importantes en el Congreso estadounidense han reconocido que no existe el ambiente para que las propuestas de estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. avancen. INS

 

P. Rico-Retoman legisladores del PIP reclamo para sistema unicameral que el pueblo avaló hace 16 años

San Juan, 25 ene (INS).- Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón, anunciaron sendas resoluciones concurrentes –del Senado 4 y de la Cámara 18–, para establecer el sistema unicameral en la Asamblea Legislativa en cumplimiento con el reclamo consignado por el electorado puertorriqueño en 2005.

“Es hora de atender los reclamos de eficiencia y representatividad en la Asamblea Legislativa, y por demasiado tiempo se ha ignorado el claro reclamo de la votación del referéndum de 2005”, indicó Santiago.

Los portavoces del PIP en la Legislatura precisaron que su iniciativa legislativa busca, entre otras cosas, incorporar el principio de representación proporcional de tal forma que se honre realmente la voluntad electoral en la configuración de la Asamblea Legislativa.

“Con estas resoluciones concurrentes no solamente logramos el cambio de un sistema bicameral a uno unicameral, sino que se reduce sustancialmente el número de legisladores y conservamos tanto el método de elección por distrito como el de acumulación en una sola cámara fortalecida lo que redunda en una representación mucho más justa de las minorías sobre las bases de los votos que realmente han obtenido y que constituye un reflejo auténtico y equitativo del proceso electoral”, expresó Márquez Lebrón.

La propuesta para una Asamblea Legislativa unicameral del PIP contempla, según explicaron, la reducción del número de legisladores a 41 –30 por distrito y 11 por acumulación– así como una nueva manera de elegir a los legisladores.

Ambos expresaron la importancia de retomar el asunto de la unicameralidad y validar el mandato supremo de los electores que, casi 16 años más tarde, ha sido ignorado y atropellado. INS

 

P. Rico-Representante Varela somete resolución para detener aumento en la tarifa de energía eléctrica

San Juan, 25 ene (INS).- El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, presentó una resolución con el propósito de investigar los criterios que utilizó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para imponer un aumento a la tarifa de consumo de electricidad cuando el país enfrenta serios retos económicos y fiscales.

“El pueblo exige saber las razones por las cuales la AEE decidió aumentar la tarifa por los servicios de luz, más cuando esto representa un impacto sobre el costo de vida y sobre toda la economía de Puerto Rico”, expresó Varela.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) catalogó de inconcebible que se tomen estas determinaciones sin previo aviso y sin tener en cuenta la difícil situación socioeconómica que atraviesa nuestro país.

“El pasado 31 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó un aumento en la tarifa por consumo de electricidad que, según los medios noticiosos, fue autorizado por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Este aumento es de 0.81 centavos por kilovatio hora y ya se refleja en la tarifa que acaba de enviar la Autoridad a sus abonados”, recordó el representante por el Distrito 32 de Caguas, explicó que.

Al presentar la resolución 193, Varela subrayó que “no vamos a tolerar que los puertorriqueños sigan pagando el precio de las malas decisiones administrativas de la AEE”.

“El pago de la deuda de esta corporación, que está en quiebra, no puede ser sufragada a costas del bolsillo de nuestra gente. El aumento impuesto, equivalente a 4.7 por ciento del costo actual en la factura no debió aprobarse por el Negociado de Energía”, enfatizó.

Varela opinó que “este aumento, sumamente oneroso y a destiempo, no fue debidamente avisado a los abonados de la AEE. Encima de esto, no hace ningún sentido que se penalice al país de esta manera, más cuando estamos atravesando una profunda crisis económica y fiscal que se profundizó por el paso de los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos de enero de 2020 y el estado de emergencia proclamado por la pandemia del Covid-19”.

De todo este proceso, a su juicio, surgen serias dudas en torno a si la imposición de este aumento es una exigencia del conglomerado multinacional LUMA Energy para aceptar un contrato con la AEE para privatizar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica que aún no se ha completado.

“Por esta razón, estaremos evaluando con responsabilidad todo lo relacionado a este contrato y las implicaciones de este aumento tarifario”, reiteró Varela. INS

 

P. Rico-Navarro Suárez impulsa encausar a los funcionarios si incumplen con emitir los pagos a favor de la AEE

San Juan, 25 ene (INS).- El representante Jorge Navarro Suárez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), impulsa que se impongan sanciones a los funcionarios que incumplen con el pago de servicio eléctrico de las agencias a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El legislador indicó que desde que se aprobó en el año 2011 la Ley 239, medida de su autoría, la obligación de identificar las partidas y remitir directamente este pago a la AEE corresponde a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda.

La reiterada violación de ley por parte de la OGP y de Hacienda con la Ley 239-2011 ha provocado un incremento en las deudas por concepto de pago de servicio eléctrico.

La ley también establece que una vez calculado por OGP, el pago mensual de energía eléctrica de las agencias será remitida por Hacienda directamente a la AEE, lo cual eliminaría la posibilidad de que la agencia se endeude por su consumo de energía eléctrica.

“El propósito de esta medida legislativa es que el funcionario cumpla con su obligación de pago a la AEE o deberá enfrentar las consecuencias legales de su incumplimiento”, sostuvo Navarro Suárez.

El representante manifestó que es tiempo de establecer mecanismos de rendimiento de cuentas, por lo que los funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o del Departamento de Hacienda que incumplan con el mandato específico de esta ley se entenderá que incurren en delito contra el ejercicio del cargo público.

“Es lamentable que tengamos que tipificar como delito la omisión de cumplir con un claro mandato de ley. No obstante, el patrón de incumplimiento ha ocasionado deudas millonarias de las agencias hacia la AEE perjudicando en última instancia al ciudadano”, agregó.

Navarro Suárez añadió que “la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda tienen la responsabilidad de cumplir con dicho mandato. El texto de la ley es claro, libre de ambigüedad y no da espacio a interpretaciones administrativas diseñadas con el único propósito de burlar la intención del legislador”. INS

 

P. Rico-Abogado Moczó proclama a Jerome Garffer como “la víctima” del incidente de violencia contra su pareja

San Juan, 25 ene (INS).- El licenciado Mario Moczó, quien asumió la representación legal del también abogado Jerome Garffer Croly, imputado de violencia de género contra su pareja, aseguró que en su momento se demostrará “que en este caso no es el victimario, sino la víctima”.

“Resulta lamentable el hecho de que el señor Jerome Garffer se ha convertido en víctima de prejuicios causados a base de una situación relacionada con un tema sumamente serio como lo es la violencia contra la mujer”, dijo su representante legal en declaraciones escritas.

Moczó anticipó que “en su momento, y siguiendo los debidos canales, se demostrará la inocencia de Garffer”.

“Bajo el amparo de evidencia, quedará expuesta la verdad, demostrándose así que en este caso no es el victimario, sino la víctima, siendo su persona el único agredido en el suceso”, ratificó el defensor.

Moczó reclamó que “es nuestro deber tener en cuenta todos los aspectos de situaciones como esta para evitar que un tema tan válido como lo es la violencia contra la mujer sea utilizado para otros fines”.

“Nuevamente, reitero que en su momento se va a demostrar que la única víctima en este caso es el señor Garffer”, insistió el abogado.

De otra parte, dos entes públicos con los cuales su compañía The Garffer Group mantenía sendos contratos: la Junta de Retiro del Gobierno y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El director ejecutivo de Junta de Retiro del Gobierno, Luis M. Collazo Rodríguez, anunció que el contrato por servicios profesionales Núm. 2021-000026 otorgado el pasado 4 de enero de 2021 a la firma The Garffer Group, quedó cancelado.

El presidente de esa corporación, Jerome Garffer Croly, está en libertad bajo fianza después de haber sido acusado el pasado viernes de violencia doméstica contra su pareja.

“Cónsono con la política pública de esta administración y a raíz de los recientes acontecimientos que involucran al licenciado, hemos rescindido sus servicios con nuestra agencia de manera inmediata”, afirmó Collazo Rodríguez.

Previamente, la presidenta ejecutiva de AAA, Doriel Pagán Crespo, anunció la cancelación del contrato con la firma The Garffer Group, por similares razones.

En una parca declaración, Pagán Crespo dijo que la AAA mantenía un contrato hasta junio de 2021 con la firma The Garffer Group, “únicamente para casos de expropiación”.

La funcionaria reconoció que “ante los recientes sucesos y como política pública de esta administración, estamos rescindiendo los servicios que dicha compañía ofrece a la AAA”.

Garffer Croly fue imputado por maltrato psicológico y físico a su pareja en hechos ocurridos el viernes 22 de enero de 2021, según dio a conocer el Departamento de Justicia en declaraciones escritas.

Los hechos se produjeron en el estacionamiento del negocio Barrio Pizza, en Guaynabo, donde el antiguo director de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP) empujó a su pareja contra un vehículo y le profirió palabras soeces.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y la fiscal interina de Distrito de Bayamón, Lizzette Sánchez Vázquez, informaron ese día que se presentaron cargos contra Garffer Croly por maltrato psicológico y físico a su pareja en hechos ocurridos este viernes, 22 de enero de 2021.

La investigación, a cargo de la fiscal Ruth E. González Candelaria, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Bayamón, en conjunto con el agente Adrián Rodríguez Vázquez, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón de la Policía de Puerto Rico.

De la investigación realizada en este caso el imputado Garffer Croly, incurrió en maltrato psicológico y físico contra la víctima donde mediaron insultos y hasta la empujó.

El abogado de profesión, quien fuera vicepresidente de la junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), ha incurrido en este tipo de comportamiento en ocasiones anteriores con otras parejas.

A Garffer Croly se le radicó un cargo por violación al Artículo 3.1 Maltrato de la Ley 54 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La jueza Keila M. Díaz Morales, del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, determinó causa para arresto en el cargo presentado y le impuso una fianza de $50,000 más el uso de un grillete electrónico.

A su vez, la jueza emitió una orden de protección para la víctima.

La vista preliminar del caso quedó señalada para el 11 de febrero de 2021. INS

ndc