San Juan, 20 ene (INS).- Tras rebrotes de Covid-19 reseñados por medios de comunicación en las cárceles del país, el director de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz, exigió información a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, por intermedio de un habeas data.
Según detalla el recurso legal, organizaciones que abogan por los derechos de las comunidades privadas de libertad se han comunicado con el organismo público, preocupados por los nuevos contagios.
A la preocupación se une el aumento en el recibo de querellas de parte de los mismos confinados, por lo que la CDC urgió la actualización de toda la información relacionada con la Covid-19 en el sistema correccional.
“En abril del pasado año, la Comisión le cursó una notificación al entonces secretario de Corrección sobre una investigación que estábamos llevando a cabo sobre Covid-19 en las cárceles del país. Ahora esperamos la misma cooperación de la nueva funcionaria, porque la situación merece especial atención”, indicó Padilla Ruiz.
Entre la información solicitada se encuentra el número de pruebas de Covid realizadas desde el 2 de enero de 2021, los casos positivos, casos negativos y casos en espera de todas las poblaciones correccionales, incluyendo miembros de la población confinada, oficiales de custodia y otro personal de la agencia segregada por institución, incluyendo las instituciones juveniles.
También se le solicitó el plan de desinfección, control y prevención de Covid-19 en todas las instituciones del DCR. La lista añade el plan de vacunación por institución y el porcentaje de inoculaciones en las instituciones carcelarias, incluyendo oficiales de custodia, personal de servicio y personas confinadas.
“Reconocemos que es mucha información, pero para nosotros, como agencia con la obligación de gestionar la protección de los derechos y el estricto cumplimiento de las leyes que amparan tales derechos, resulta imperativo y meritorio conocer los datos del propio Departamento”, subrayó el funcionario público en declaraciones escritas.
La Comisión concedió un término perentorio de 10 días a Escobar para completar la entrega total de la información solicitada, período que vence el viernes 29 de enero. INS
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