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Foto de archivo de Hugo Francisco Álvarez Pérez (izquierda) y Carlos Noé Tejada Díaz. / Inter News Service
Santo Domingo, 19 dic (INS).- El Ministerio Público abrió una investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) por obstruir a la Justicia, al entorpecer procesos sobre actos de corrupción que habrían surgido en instituciones estatales durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
La pesquisa está a cargo de los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente.
Las investigaciones versan sobre las maniobras ejercidas por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas para impedir el suministro de las informaciones requeridas con relación a la supuesta ocurrencia de prácticas de corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas.
Como parte de la pesquisa, el Ministerio Público interrogó el viernes al presidente del organismo auditor, Hugo Francisco Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noé Tejada Díaz.
La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encuentra inmersa en múltiples ocupaciones relacionadas con denuncias y querellas respecto a anomalías en distintas dependencias estatales.
En ese contexto, sostiene que ha remitido reiteradas comunicaciones en las que solicita información a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, sus miembros han respondido con evasivas, “teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”.
Explicó que esta actitud “se constituye en obstrucción a la Justicia y los convierte en objeto de investigación”.
La obstrucción de Justicia está definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que establece la obligación de los funcionarios públicos a ofrecer la información requerida, cuya desobediencia se castiga según indica el artículo 188 del Código Penal Dominicano.
El citado documento señala “la pena de la reclusión se impondrá a los funcionarios públicos, agentes o delegados del gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieran requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”.
La investigación anunciadas por la Pepca se producen seis meses después de que el presidente Luis Abinader, durante un mensaje al país, pidiera al presidente de la Cámara de Cuentas que renunciara a su posición al considerarlo incompetente para el cargo.
Sin embargo, Álvarez Pérez no renunció por recomendación de la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, quien le recomendó concluir su gestión.
Se recuerda que Hugo Álvarez Pérez denunció hace dos meses que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) puso dificultades a ese órgano para la auditoría a los fondos públicos que recibió a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016, lo que conllevó a una investigación por parte del Ministerio Público.
Sobre este caso, ya fueron interrogados el presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás; el contralor de la entidad política, Francisco Liranzo; y el gerente financiero, Audilio Vargas.
En ese contexto, la procuradora Miriam Germán Brito explicó que el PLD estuvo tratando de obstaculizar las auditorías de la Cámara de Cuentas. INS
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