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Vista de la audiencia de medida de coerción contra los imputados. / Inter News Service
Santo Domingo, 7 dic (INS).- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dispuso la fusión del expediente del imputado Wacal Vernavel Méndez Pineda con el de los primeros 10 detenidos por el Ministerio Público en el expediente de corrupción administrativa derivado de la denominada Operación Antipulpo.
En el inicio de la audiencia para conocer las medidas de coerción, a solicitud del Ministerio Público el magistrado Vargas tomó la decisión, luego de que la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, hiciera la solicitud con apego a principios de racionalidad y economía procesal.
Méndez Pineda es el último arrestado en el marco de las investigaciones que dieron con el entramado de exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros que se aprovecharon de sus vínculos con el poder político para enriquecerse a costa de los recursos aportados al Estado por los contribuyentes.
En el entramado de corrupción, que involucra unos 4,800 millones de pesos dominicanos (82 millones de dólares), están involucrados Alexis Medina Sánchez, principal cabecilla, y su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina.
También, Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
El juez Vargas también rechazó el pedimento de la defensa de varios de los encartados en el sentido de que se aplazara el conocimiento de la medida cautelar.
El magistrado entendió que no debe alargar la definición de la situación jurídica de quienes guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, bajo cargos de corrupción administrativa.
Ante las intervenciones de algunos abogados, que alegaban haber dispuesto de poco tiempo para planificar la defensa con sus clientes a pesar de que admitían que habían leído las 267 páginas de la instancia instrumentada por la Procuraduría Especializada de Persecución Anticorrupción (Pepca), el juez recordó que la actual fase del proceso consiste en una medida de coerción y no en un juicio de fondo.
No obstante, concedió 45 minutos para que los imputados y sus representantes realicen las reuniones que entiendan necesarias.
“No ha habido unificación de la defensa. Estamos listos para conocer esta medida de coerción. Nosotros podemos comprender que se quiera huir al conocimiento de ella, pero estamos listos en el día de hoy”, expuso al respecto el magistrado Wilson Camacho, titular de la Pepca.
Los procuradores adjuntos Reynoso y Camacho encabezan el equipo de fiscales que representan al Ministerio Público en esta audiencia que, tras más de 12 horas de prolongados debates, fue aplazada para para las 2:00 de la tarde de este lunes a solicitud de dos de los imputados, que presentaron agotamiento físico en virtud de que padecen dedicados problemas de salud. INS
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