Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 13 de noviembre de 2020
P. Rico-Elecciones 2020/Presidente de la CEE solicita una auditoría a la OIG en caso del manejo de las papeletas
San Juan, 13 nov (INS).- El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, solicitó ayer una auditoría a la Oficina del Inspector General (OIG) en el caso de las papeletas de las elecciones generales celebradas el pasado 3 de noviembre.
La auditoría busca investigar tanto el envío y recibo de papeletas, muchas de las cuales se siguieron hallando luego de los comicios (se han encontrado, de momento, 182 maletines con “muchos votos”, ha indicado Rosado Colomer).
La OIG debe comenzar hoy con la auditoría, según ha informado la CEE a los comisionados electorales.
Tanto el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Ángel Valentín Rivera, como del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier Vega, han cuestionado el manejo de los votos de las elecciones generales.
En la carta, el presidente de la CEE, señala: “Atendiendo la solicitud de los comisionados, según aprobado en reunión de comisionados, en el día de hoy la Oficina de la Inspectora General nos ha informado que estará asumiendo jurisdicción para realizar una auditoría relacionada con el manejo de papeletas, el envío y recibo de las mismas. Esta auditoría dará comienzo el 12 de noviembre de 2020 y confiamos en que la misma estará finalizada en o antes de que culmine el escrutinio general”.INS
P. Rico-Elecciones 2020/Responde inspectora general Torres Rivera a pedido del presidente de la CEE
San Juan, 13 nov (INS).- La Oficina del Inspector General (OIG), que dirige Ivelisse Torres Rivera, aceptó realizar un examen relacionado a procesos administrativos y manejo de papeletas en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tal como le solicitara el presidente de este organismo, Francisco Rosado Colomer.
“Por confidencialidad establecida en la propia ley orgánica de la OIG, y para salvaguardar la pulcritud de los procesos estrictos bajo los cuales se rige la oficina, nos es imposible abundar en detalles del examen hasta que este concluya. No obstante, una vez el proceso culmine se divulgarán los resultados conforme a ley y reglamento”, dijo Torres Rivera, sin hacer referencia a la solicitud de la CEE, que han objetado algunos comisionados electorales.
La directora de la OIG se ampara en los poderes y facultades que le ha conferido la Ley 15 de 2017, según enmendada, para realizar un examen relacionado a procesos administrativos y manejo de papeletas en la CEE.
Los auditores de la OIG, cuentan en la mayoría de los casos, con más de 15 años de experiencia en materia de auditoría gubernamental, indicó.
Inclusive, dijo, la diversidad de auditores incluye antiguos auditores internos de la propia CEE, “todos son profesionales capacitados y comprometidos con el bienestar del pueblo de Puerto Rico”.
La OIG se creó con el propósito de consolidar a los auditores de la rama ejecutiva a fin de maximizar los recursos, la efectividad y garantizar la transparencia y la independencia de criterio en la función de auditoría.
En las facultades y jurisdicción que ostenta la OIG, “esperamos la colaboración de todos los recursos y funcionarios, para culminar el proceso prontamente, de forma tal que podamos disipar o aclarar cualquier situación que pueda trastocar la confianza del proceso electoral en Puerto Rico”, según Torres Rivera. INS
P. Rico-Alcaldes se unen para exigir que sean obligados más de $25 mil millones asignados por FEMA para la reconstrucción del país
San Juan, 13 nov (INS).- Los resultados de las recientes elecciones generales han tenido como consecuencia, entre otras cosas, una actitud espontánea de colaboración sin precedentes entre alcaldes prevalecientes, salientes y electos con miras a ayudar a sus constituyentes, lo que forma parte de su deber ministerial y lo que se espera de ellos.
Esta postura ha resultado en dar prioridad y sentido de urgencia al tema de los sobre $25 mil millones a punto de perderse y a los cuales el país tiene derecho, bajo el Programa 428 de Asistencia Pública de FEMA, con el aval del COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia), para la reparación y reconstrucción de edificios públicos, estructuras sin fines de lucro, utilidades, parques y carreteras, entre otros, luego de los daños causados por los huracanes Irma y María.
Estos fondos deben ser los justos y negociados por los alcaldes aún en sus poltronas, junto a los elegidos por el pueblo, según dispone la ley que crea la Agencia de Asistencia Pública Federal, que establece como mecanismo para acelerar los procesos de la recuperación de los daños sufridos por los desastres.
Igualmente, líderes comunitarios se están uniendo para instar a sus pares a que, con sentido de urgencia, continúen las gestiones o soliciten la ayuda para que este dinero sea finalmente obligado y que, como hemos dicho, es un derecho adquirido y ya ha sido asignado a Puerto Rico.
Por otro lado, el 31 de diciembre próximo es la fecha límite para haber negociado los estimados de costos fijos (Fixed Cost Estimates) requeridos, luego de contar con un plan específico para el uso de dichos fondos.
Por esto, igualmente, se está solicitando a FEMA que extienda la fecha, ya que la misma no ha sido justa tomando en cuenta todas las emergencias vividas luego del desastre de los huracanes Irma y María.
Sobre el tema de la fecha límite, se entiende que existe una posibilidad, al utilizar como base la más recientes guía de FEMA, publicada el 10 de febrero pasado, (Public Assistance Alternative Procedures – Section 428, Guide for Permanent Work for FEMA-4339-DR-PR), de auscultarse las metas del recipiente del beneficio, previo a establecer un último día, en específico, para cumplir con los requisitos.
“Tenemos ante nosotros un reto sin precedentes que exige un compromiso prioritario con el bienestar social, emocional y económico de nuestro pueblo. Esto incluye no permitir que se desaproveche ni un solo centavo que podamos conseguir para que esto sea posible”, aseguró Jorge “Jorgito” Pérez, recién electo alcalde de Utuado.
Agregó que los fondos del Programa 428 de Asistencia Pública de FEMA son un derecho y solo falta que se haga lo propio “para que nos sean obligados, por lo que desde ya, me encuentro en ese proceso y además solicitando la extensión de la fecha límite para poder cumplir con nuestro pueblo como corresponde y para lo que nos eligieron”.
“Para los municipios resulta sumamente importante estos fondos pues representan la reconstrucción de la infraestructura y la reactivación de la economía. Confiamos y exigimos que se extienda la fecha límite para poder revisar y presentar los debidos planes y que se obligue el dinero ya asignado a los municipios”, aseguró por su parte, Carlos “Tito” Ramírez, recién alcalde electo en Arecibo.
Al mismo tiempo, otro factor que ha incidido en el retraso del otorgamiento de los sobre $25 mil millones en fondos en el Programa de Asistencia Pública de FEMA son los cambios en las guías y la desinformación de los recipientes de no saber cómo manejar el dinero administrativo que le asigna FEMA para contratar especialistas en estos programas.
“No podemos permitir que todos estos miles de millones de dólares, que nos corresponden por derecho y que ya han sido asignados, se pierdan en detrimento de los mejores intereses del bienestar de los residentes de los 78 municipios de Puerto Rico. También debe quedar claro que sería adverso al espíritu del programa permitir que esto pase por manos de aquellos que han sido poco efectivos en divulgar los procedimientos del programa como iban a hacer aceptables”, aseguró Iván A. Casals, presidente de BC Peabody, empresa de consultores, con más de 14 años de experiencia en el manejo de fondos federales, y más de 1,500 clientes en toda la Isla.
Destacó que al mismo tiempo, “nos incentiva ver la actitud y acción de los alcaldes electos, muchos de ellos junto a los que aún están ejerciendo su liderato en sus respectivos pueblos, así como de muchos líderes de gobierno, de tomar acción conducente a reclamar y procesar los requisitos para lograr la reconstrucción de la Isla que, sin duda alguna, redundará en un desarrollo importante de la economía incluyendo la creación de miles de empleos”.
“Es urgente que continuemos en este camino que comenzamos hace mucho, que tantos escollos ha encontrado, pero que ha tomado un nuevo aire con el fiel compromiso de todos los alcaldes, todos remando hacia un mismo lado: el despunte de nuestra economía que, durante los pasados tres años, se ha visto azotada por desastres naturales”, insistió Casals de BC Peabody. INS
P. Rico-Elecciones 2020/Demanda Victoria Ciudadana a la CEE por acceso a información sobre voto adelantado
San Juan, 13 nov (INS).- El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, presentó hoy un recurso judicial en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se le ordene a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) producir una serie de información sobre el voto adelantado.
El recurso reclama al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, un listado de las solicitudes aprobadas de voto adelantado, un informe de las papeletas enviadas y recibidas de voto adelantado por correo, otro listado de las personas que votaron adelantada en sus diversas modalidades, entre otra documentación necesaria para dar paso al escrutinio general.
A pesar de las solicitudes previas, la CEE no ha provisto la información solicitada, dijo Valentín, al tiempo que explicó que el Código Electoral aprobado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) “amplió peligrosamente las categorías para solicitar el voto adelantado, abriendo la puerta a serios cuestionamientos sobre la pureza de nuestros procesos electorales”.
“Al día de hoy, luego de más de una semana de la elección general y a la espera del comienzo del escrutinio general, la CEE no ha podido proveer un listado de solicitudes aprobadas de voto adelantado, ni informes sobre cómo, cuándo y dónde se ejerció dicho derecho”, expuso.
Valentín expuso que la negativa de la CEE a proveer la información “nos hace pensar que la misma no existe, por lo que estarían en entredicho todos los sistemas de controles internos para garantizar los derechos de los electores”.
En días recientes, el propio presidente de la CEE ha reconocido públicamente la veracidad de los planteamientos que Victoria Ciudadana lleva realizando durante la pasada semana, en particular que no se han contabilizado el 100% de los votos, ni escrutado el 100% de los colegios, y que las actas que se han preparado de voto adelantado no cuadran y muestran irregularidades en el proceso de solicitud y voto.
Además, que no se ha certificado a ningún candidato, ni siquiera de forma preliminar, por lo que el comisionado electoral de Victoria Ciudadana argumenta que la CEE tiene la responsabilidad de brindar toda la información pública a los partidos y movimientos con representación en ese organismo en igualdad de condiciones.
“Ante el reconocimiento por el propio Presidente de las irregularidades y la necesidad de investigar, lo que procede es permitirle acceso a los comisionados a la información pública que se nos ha negado hasta el momento y permitirles realizar investigaciones independientes, incluyendo entrevistar funcionarios de la CEE y de JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado), al igual que examinar toda la documentación sobre el proceso de solicitud y procesamiento de votos adelantados”, insistió.
Valentín destacó que Victoria Ciudadana “está comprometida con garantizarle al pueblo de Puerto Rico que todo voto legalmente emitido se cuente según la intención del elector y que el resultado final de las elecciones reflejen la voluntad de cambio de la mayoría del pueblo”.
“Con nuestra participación en la CEE, no vamos a permitir que se le siga negando al pueblo la transparencia y rendición de cuentas que tanto necesita, bajo el pretexto de que así siempre se han hecho las cosas en este lugar. Nosotros venimos a cambiar la política y lo vamos a hacer en todos los espacios en que tengamos representación, incluyendo en la propia CEE”, expuso. INS
P. Rico-Deficiencias en los procesos de compras de la AAA: adjudicó pedidos por 734,029 dólares a proveedores que no eran elegibles
San Juan, 13 nov (INS).- La Contraloría de Puerto Rico reveló deficiencias en las operaciones fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA).
El informe revela que la AAA adjudicó tres pedidos de compras regulares a tres proveedores, que no contaban con las certificaciones de elegibilidad vigentes en la Administración de Servicios Generales. Los auditores de la Contraloría identificaron que las certificaciones tenían hasta 22 meses de vencidos en el Historial de Certificados del Registro Único de Licitadores.
Además, se adjudicaron pedidos a proveedores que renovaron sus certificaciones hasta ochos meses después desde la última adjudicación.
Al respecto, la AAA tampoco completó la hoja de validación a los proveedores.
La situación ocasionó la adjudicación de pedidos por 734,029 a proveedores que no eran elegibles al momento de la adjudicación y puso en riesgo a la Autoridad en caso de incumplimiento.
La auditoría señala que se autorizaron desembolsos que suman 362,553, por concepto de bienes y servicios, sin la evidencia firmada de recibo de materiales.
Los cinco empleados responsables de registrar en el sistema los bienes y servicios recibidos indicaron que tampoco validaron las firmas de los empleados que recibieron los bienes o servicios ya que reconocen las firmas, por el tiempo que llevan trabajando en la AAA.
“Esta situación, contraria a la reglamentación aplicable, propicia el ambiente para que se autoricen pagos de bienes y servicios no recibidos”, indicó el informe.
El documento cubre el periodo del 1 de abril de 2009 al 31 de mayo de 2019.INS
P. Rico-UPR en la posición 37 de la región y la cuarta con facultad con grado doctoral
San Juan, 13 nov (INS).- Por segundo año consecutivo, la Universidad de Puerto Rico (UPR) entró en la lista de las mejores 40 universidades de América Latina y adelantó su posicionamiento al ascender
al puesto 37, según la más reciente edición de QS World University Rankings que publica la organización clasificadora de rendimiento global QuacquarelliSymonds (QS).
En solo un año, la UPR avanzó tres puestos en la lista de 410 universidades participantes de Latinoamérica y el Caribe por su excelencia académica, facultad con doctorado, alcance e impacto de las investigaciones, el uso de las nuevas tecnologías, entre otros indicadores, destacó el presidente de la centenaria institución educativa, Jorge Haddock.
Con 11 recintos y unidades y más de 50 mil estudiantes, la UPR genera dos terceras partes de todas las publicaciones científicas en la isla y publica siete veces más que las instituciones privadas de educación superior.
Al presente, desarrolla el 90% de las investigaciones en Puerto Rico y su oferta académica incluye 446 grados académicos y más de 11,400 cursos en línea.
Además, su Escuela de Derecho es la única acreditada en la isla por la American Bar Association y la Association of American Law Schools.
“En el contexto histórico en que nos encontramos es una gran satisfacción y logro para la Universidad de Puerto Rico que estudios de esta envergadura evidencien la calidad docente, académica y científica que distingue a nuestra institución, la que estamos transformando junto a todo el equipo, y la comunidad universitaria, para maximizar la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Esto valida los planes de trabajo que hemos desarrollado por los pasados dos años”, afirmó Haddock.
La encuesta QS se publica desde 2011 y es una de las plataformas de medición más importantes en el mundo. QS comprende diferentes clasificaciones globales en cinco regiones independientes, como Asia, región Árabe, América Latina, entre otras, explicó la directora de Posicionamiento Institucional y Alianzas Globales (PIAG) de la UPR, la profesora Wilma Santiago Gabrielini.
“Ascender a esta posición valida que la Universidad de Puerto Rico no es solo la primera en la isla, sino que es una institución vanguardista, innovadora y de un alto perfil de investigación, además de que promueve el empresarismo en sus currículos y en el quehacer universitario. La transformación iniciada nos permitirá competir con las instituciones de educación superior más importantes globalmente”, expresó la académica.
Santiago Gabrielini detalló que los rankings, o medición de posicionamiento institucional, son una herramienta valiosa destinada a que la institución educativa pueda medir su trabajo académico y científico, local y mundialmente.
“Este estudio nos brinda una radiografía de cómo está nuestra universidad en distintas áreas y nos presenta los retos y oportunidades que la institución debe conocer para mejorar la competitividad y así atraer a más estudiantes locales e internacionales. A su vez, nos ayuda a desarrollar nuevos programas de intercambio y tener acceso a nuevos fondos”, indicó la directora de PIAG, quien adelantó que el equipo trabaja en nuevas estrategias y alianzas -nacionales e internacionales- para ampliar la visibilidad global de la universidad.INS
P. Rico-Organizaciones ambientales acusan que planta de gas metano de San Juan opera sin consulta de ubicación ni evaluaciones ambientales, por lo que presentan demanda ante peligros de derrames, explosiones y fuegos
San Juan, 12 nov (INS).- El Sierra Club de Puerto Rico, grupos comunitarios del barrio Sabana en Guaynabo y El Puente: Enlace Latino de Acción Climática presentaron una demanda contra la compañía de importación de gas metano “New Fortress”.
Desde el año pasado estos grupos han levantado la alerta sobre el desarrollo de un muelle de importación de gas metano licuado altamente volátil , conocido también como gas natural licuado, en la Bahía de San Juan.
La compañía “New Fortress” comenzó a crear esta infraestructura en los muelles A,B y C de la bahía “sin revisiones de índole ambiental, sin estudios de riesgo y sin informarle a las comunidades aledañas.
Las entidades demandantes buscan detener la importación de gas metano y las operaciones de dicha empresa en la bahía de San Juan”, dijo el licenciado Omar Saade, quien presentó el caso ante el Tribunal.
.Entre las alegaciones se incluye pruebas de que “New Fortress” construyó y opera el proyecto de gas sin poseer una Consulta de Ubicación ni una Declaración de Impacto Ambiental.
“La misma empresa “New Fortress” ha reconocido que existen riesgos de accidentes, derrames, explosiones y fuegos en su proyecto de gas. La demanda presenta pruebas de que la empresa violó el debido proceso de ley y las comunidades no recibieron ninguna notificación ni tuvieron acceso a un proceso de vistas públicas”, agregó el abogado.
Según el representante legal, “el gas metano, también conocido como gas natural, es un combustible fósil que no tenemos en Puerto Rico y al igual que el petróleo está atado a un mercado con fluctuaciones económicas. Los muelles de importación de gas metano licuado son peligrosos e incensarios. Un liqueo o explosión en caso de accidentes crea unas nubes de alta peligrosidad por fuegos y explosiones, tanto en las inmediaciones del accidente como a considerables distancias donde se desplace la nube volátil, las cuales pueden ser transportadas por los vientos y otras condiciones”.
Asimismo, alertó que “la infraestructura de gas incluye el tránsito e importación de buques tanqueros de gas metano, almacenamiento de buques anclados en la bahía, descarga y procesamiento del combustible fósil. Estos procesos conllevan inherentemente riesgos de accidentes y de efectos contaminantes”.
“La empresa está almacenando este combustible altamente volátil en tanques flotantes en la bahía de San Juan sin ninguna evaluación de riesgo. Cercano a esta infraestructura están los muelles A, B y C ubicados en la zona residencial de los vecinos del Barrio de Sabana de Guaynabo. Además se ubica la planta generatriz de San Juan de la AEE lo cual incluye tanques de combustibles y varios muelles que reciben sustancias altamente inflamables que de ocurrir un escape o explosión los daños serían catastróficos”, manifestó Saade.
Igualmente, sostuvio que en estos momentos de pandemia de Covid-19, “en el que la salud respiratoria del pueblo no puede ser comprometida, la empresa “New Fortress” pretende emitir Compuestos Orgánicos Volátiles que impactan los pulmones y un mínimo de 67,000 toneladas anuales de gases de invernadero”.
“Se solicita al tribunal que detenga la operación de New Fortress porque es ilegal pues no cuenta con todas las autorizaciones necesarias para ubicar y construir el terminal de gas metano. Estas autorizaciones que NF ignoro tienen el propósito de proteger la salud y seguridad de las personas cercanas que residen alrededor. NF no obtuvo una Consulta de Ubicación, a pesar de que se le requirió desde antes de ubicar, y construir , obviando además la notificación y la participación requerida de las partes afectadas en este proceso, en especial a las comunidades y zonas residenciales cercanas a las operaciones de NF. Deben declararse nulos los permisos cuasi automáticos que se concedieron para la construcción del terminal de gas e invalidar también el contrato de arrendamiento , el cual comprometió la ubicación y uso de los muelles y la exposición a los riesgos que sufren continuamente los residentes”, afirma la demanda.
Las entidades demandantes apoyan la propuesta energética Queremos Sol donde se busca asegurar un futuro libre de combustibles fósiles donde tengamos energía a base de sol y se asegure la salud de las comunidades.INS
ndc