P. Rico-Grandes y diversos los retos que enfrentará Pierluisi en el nuevo cuatrienio (análisis)

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 8 nov (INS).- Ya concedida la victoria en las elecciones a Pedro Pierluisi, el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) por su contrincante electoral “Charlie” Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD), los retos de una nueva administración de gobierno son grandes y diversos.

Lo primero que hay que tener en consideración es que dos terceras partes del electorado votó en contra del que será el nuevo incumbente en La Fortaleza. Pierluisi ganó por un 33%, frente a su contrincante Altieri, que obtuvo el 32%.

Y, segundo, que habrá un gobierno compartido con las fuerzas políticas de los partidos emergentes: Movimiento Victoria Ciudadana, con aproximadamente el 14% de los votos, y Proyecto Dignidad, con cerca del 7 por ciento.

Estos, junto a un Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) fortalecido y que obtuvo también un resultado porcentual que bordea el 14% del apoyo del electorado, serán en conjunto una nueva fuerza de oposición y fiscalización que tendrá ocho curules en una Legislatura que ya el PNP no controla y que ahora todo apunta que pasará a manos del PPD.

Con un proyecto de estadidad esmirriado con apoyo de un 52%, pero con un 48% en contra, el nuevo gobernador del PNP no tendrá un asidero ideológico en Washington que cohesione su mandato gubernativo y que coagule políticamente las fuerzas anexionistas en Puerto Rico.

Aparte, la designación del catedrático de derecho corporativo y de quiebras David Skeel para la presidencia de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF), quien reemplazará a José Carrión III, no es un hecho favorable que garantice una gobernación apacible y sin tropiezos fiscales, por las conocidas posturas de Skeel en cuanto al pago de la deuda pública isleña.

Los restantes miembros de la Junta que quedan después de las renuncias junto a la de Carrión de Carlos M. García y José Ramón González, han cerrado filas con el nombramiento de Skeel.

Se estima que el acuerdo al que llegó la Junta de Control Fiscal (JCF) con los bonistas de Obligaciones Generales para reestructurar la deuda podría ahorrar unos años en pago a Puerto Rico, pero también podría sumirlo en un círculo vicioso que dejaría al gobierno con pagos insostenibles.

Se conoce que Skeel y la puertorriqueña funcionaria del gobierno de California, Ana Matosantos, votaron en contra del acuerdo.

“Debemos asegurarnos de que conseguimos el mejor acuerdo posible para la gente de Puerto Rico, y yo quiero estar cómodo de que conseguimos el mejor acuerdo posible. Hay unas cuantas cosas con las que todavía me siento incómodo”, indicó Skeel al explicar su oposición al acuerdo.

Si bien el gobierno de Puerto Rico desea reducir la deuda porque no hay recursos para pagarla, los bonistas que de seguro no van a recobrar el 100% de sus reclamaciones harán lo indecible para lograr estar entre los que reciben pagos redituables y de alguna forma garantizados.

Es por eso que analistas catalogan de ventajoso para los bonistas el acuerdo logrado, porque los bonistas se salvan del riesgo de que un tribunal determine que sus reclamaciones son inválidas. Lo que podría ser una deuda incierta y con base legal en controversia, se convierte en una reclamación sólida y con garantía de repago.

El cuestionamiento es si los pagos de la deuda son sostenibles por la economía de Puerto Rico. En parte en eso se basan las críticas al acuerdo del analista Daniel Santamaría, de Espacios Abiertos.

Santamaría explicó que los bonistas de obligaciones generales, que incluyen acreedores de fondos de cobertura, conocidos como “buitres”, accedieron a este acuerdo porque anticipan otra posible quiebra ante la insostenibilidad de estos pagos propuesto.

Si eso ocurriera, asegura, estos bonistas que aceptaron el propuesto acuerdo se verán en una mejor posición para negociar otro pago, pues ya tendrán prioridad sobre todos los otros bonistas.

Un detalle del acuerdo es que las garantías de pago de la deuda ahora abarcan también deuda subordinada atada al pago del Impuesto sobre Ventas y Uso, una deuda que se considera con mayores garantías por tener una fuente de repago identificada y comprometida. Con lo cual al acuerdo se le añade una deuda que es más difícil de reestructurar.

El acuerdo permite reducir el servicio anual de deuda respaldada por impuestos de 4.2 mil millones a únicamente 1.5 mil millones de dólares. No obstante, Santamaría señaló que esa reducción tampoco es beneficiosa para el país.

Según explicó, debido a que la fuente de repago de Cofina es directamente el IVU, el resultado de este acuerdo significa una “reducción sustancial al recaudo de ese impuesto”, lo que a su vez pone en riesgo las operaciones del gobierno de Puerto Rico.

Según advierte Santamaría, “el gobierno se pudiese ver en la obligación de recortar presupuesto para varias de sus agencias y entidades…Tienes que ajustar tu gasto y tal y como ya se anticipaba desde Espacios Abiertos, reducir el gasto tendrá un efecto contractivo en la economía”.

De hecho, la advertencia del economista anticipa también una segunda quiebra en el gobierno si el acuerdo se concreta.

“No se trata de voluntad de pago, sino de capacidad de pago y de sostenibilidad de la deuda… Puerto Rico necesita el alivio necesario para poder cumplir con los acreedores de buena fe”, expresó hace poco a un medio noticioso (Noticel), a la vez que añadió que la cuantía propuesta de pago sigue siendo sumamente elevada. .

Según un análisis de Espacios Abiertos, la capacidad de pago de Puerto Rico es de entre 7,200 millones a 14,400 millones de dólares, equivalente a una quinta de entre 80% y 90% de la deuda de 72,200 millones.

A tal imbatible reto es al que se enfrenta el electo gobernador Pierluisi. INS

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