R.Dominicana-Tribunal rechaza incidentes procesales presentados por los abogados de los implicados en el caso de corrupción Odebrecht

Santo Domingo, 2 nov (INS).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en la nación dominicana, rechazó este lunes varios incidentes procesales presentados por los abogados defensores de los implicados en el caso de corrupción promovidos en el país por el consorcio brasileño de ingeniería y construcción Odebrecht con los cuales buscaban el aplazamiento del juicio de fondo, hasta tanto concluya la pandemia del coronavirus.

Con la acción también pretendían que se declarara la no persecución de la acción penal contra los acusados y que se  ordenara la exclusión del proceso penal.

La corte, presidida por la magistrada Gisell Pérez Méndez e integrada además por Tania Yunes y Jissel Naranjo, tras rechazar los pedimentos de las defensas de Porfirio Andrés Bautista, Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga y Víctor Díaz Rúa, ordenó la continuación del juicio de fondo seguido a todos los imputados. Los demás encartados son el ex senador Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

El juicio se encontraba paralizado desde el pasado 8 de octubre, luego de que uno de los abogados concursantes diera positivo con el nuevo coronavirus y posteriormente la presidenta del Tribunal.

Por igual, las juezas rechazaron la solicitud de aplazar la vista oral para citar a testigos y peritos, tras considerar que las condiciones no están dadas para convocarlos en estos momentos por la situación de la pandemia Covid-19.

Los incidentes

Otro percance desestimado por el tribunal fue el concerniente a la sugerencia de la defensa de Ángel Rondón  Rijo, que buscaba el aplazamiento a los fines de que se gestionará un salón más amplio para la continuación  del proceso penal.

Asimismo, fue rechazado el impasse expuesto por la defensa de Andrés Bautista para que se pospusiera el conocimiento del juicio, hasta tanto el ministerio público realizará una investigación suplementaria.

Mientras que el otro alegato desechado por las juezas buscaba que se declarara la no persecución de la acción penal en contra del ex ministro Víctor Díaz Rúa y que, por consecuencia, se ordenará su exclusión del expediente y el archivo definitivo, tal como se hizo con otros ocho investigados en el caso Odebrecht.

La Procuraduría General dominicana anunció en junio del 2018 la extinción de la acción judicial, por falta de evidencias, a favor de Temístocles Montás, Radhamés Segura, el exsenador Julio César Valentín, miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Máximo D’Oleo, Bernardo Castellanos, el actual presidente de la Cámara de  Diputado, Alfredo Pacheco y expresidente del Senado Jesús Vásquez Martínez, ambos dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Esa decisión, calificada de irregular, se adoptó en la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. El conocimiento de esos documentos será efectuado el próximo 27 de noviembre, según informó este lunes el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

A todos esos pedimentos escenificados en el juicio de fondo, el Ministerio Publico, representado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, había pedido al tribunal rechazarlo por considerarlos improcedentes.

Tan pronto la corte ordenó la continuación de la audiencia, los abogados de los imputados interpusieron recursos de oposición a la decisión de los jueces.

En la República Dominicana, la constructora brasileña distribuyó en sobornos 92 millones de dólares a cambio de obtener contratos privilegiados en obras estatales, dinero que habría sido repartido a través del lobbista dominicano Ángel Rondón Rijo, según la acusación del Ministerio Público.

Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y, en África, Mozambique y Angola. Así estalló un escándalo internacional por la magnitud de las cifras. Aunque los sobornos no fueron a ciudadanos estadounidenses ni se produjeron allí, se considera un delito que una empresa que cotiza en la bolsa de ese país pague sobornos a funcionarios extranjeros y también que se utilice su sistema financiero para delinquir. INS

mv/