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Canóvanas, 25 oct (INS).- La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, anunció que su municipio desarrolló un análisis jurídico que dará pie a un proyecto de ley por petición para declarar como estorbos públicos instalaciones del gobierno en desuso.
La idea es que las estructuras que están cerradas por más de cinco años, a petición de los alcaldes pasarían automáticamente al municipio mediante un contrato de renta por un dólar a 20 años para ofrecer servicios a la comunidad.
“En otras palabras, el gobierno tendría hasta cinco años para buscarle utilidad a la facilidad y, de no ser así, nosotros se la damos. Es incongruente que el Estado les exija a los ciudadanos que cumplan con la ley de estorbos públicos para salvaguardar la seguridad y salud del pueblo y ellos sean los primero que no lo hacen”, explicó la alcaldesa.
Explicó que desde que asumió puso en marcha “una agenda de impacto a las comunidades para su restauración. Mediante el diálogo participativo con las comunidades y producto de esto, hemos logrado impactar 308 propiedades bajo el Programa de Eliminación de Estorbos Públicos y Restauración Municipal, que comenzó en diciembre de 2014”.
Agregó que 108 de los procesos fueron cancelados porque sus propietarios se comunicaron con el municipio para responder a las querellas. Las restantes 200 propiedades se encuentran en diferentes etapas del proceso de expropiación.
De este grupo, se ha completado el proceso en 13 casos, que se encuentran pendientes de los estudios de título de propiedad, en otros 13 se han enviado las correspondientes cartas y se han rotulado las estructuras y están pendientes del envío de las cartas de declaración de estorbo público.
En otras 91 se ha completado el trámite de emplazamiento con su respectiva carta de intención y están pendientes de ser rotuladas y del envío de las cartas certificadas; 18 han sido rotuladas a pesar de carecer de datos y están pendientes para publicar los edictos públicos correspondientes.
Mientras que 25 han sido rotuladas y están en el trámite de emitir las cartas certificadas, en 34 casos se han enviado las cartas certificadas y están pendientes de ser declaradas estorbos públicos y las restantes seis consisten de propiedades en manos de bancos comerciales o del Departamento de la Vivienda, por lo que no se pueden trabajar a la fecha. INS
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