P. Rico-Aponte Hernández alega Delgado Altieri utilizó fondos públicos para promover su campaña política

San Juan, 15 oct (INS).- El representante José Aponte Hernández alegó que el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, utilizó fondos públicos para promover su candidatura a la reelección como alcalde del municipio de Isabela en el año 2016.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) argumentó en rueda de prensa que Delgado Altieri contrató en agosto de 2016 la empresa Ingenieros del Oeste, CSP, para la preparación de unas “prospectivas conceptuales” las cuales utilizó en un DVD de campaña con el logotipo del PPD con el fin de impulsar su candidatura de cara a las elecciones generales de ese año.

El contrato (2017-000067) fue por la cantidad de $11,100.00 por un período de dos semanas (del 2 al 16 de agosto).

“Aquí vemos como el alcalde de Isabela, en total menosprecio de la utilización de los fondos públicos, contrata una empresa por apenas dos semanas para que le hagan, en esencia, un video de campaña de cara a su intento de reelección”, señaló Aponte Hernández.

El expresidente de la Cámara de Representantes agregó que “este es un burdo intento de usar los recursos del municipio para promover su candidatura y levanta muchas interrogantes que se deben aclarar. En el DVD y el folleto se puede apreciar una fotografía bien grande de Delgado Altieri y en ningún lugar aparece el sello del municipio, el cual, según el contrato, sufragó este lavado de cara pues las imágenes usadas para el video provienen del contrato suscrito con Ingenieros del Oeste”.

“El contenido del DVD era un mensaje político del candidato Delgado Altieri, utilizando los diseños de perspectivas conceptuales, pagados con fondos públicos, para resaltar propuestas de campaña. En resumen, el candidato Delgado Altieri comisionó con fondos públicos los diseños arquitectónicos y las perspectivas conceptuales de nueve proyectos para Isabela, para presentarlos al electorado como parte de su plataforma de gobierno de cara a su reelección”, detalló.

El político señaló, que luego de que Ingenieros del Oeste preparó el material de campaña para el candidato Delgado Altieri, la firma ha sido recipiente de contratos con el municipio de Isabela por sobre $235,000 este cuatrienio.

“De igual forma, de 2008 al presente, la firma ha tenido contratos con el ayuntamiento de Isabela por sobre $700,000. Esto amerita una investigación”, añadió.

Entre las perspectivas incluidas en el vídeo político que fueron comisionadas con un contrato pagado con fondos públicos se encuentran los diseños de:

1. construir un acceso y estacionamientos en la playa Shacks;

2. la construcción de aceras en la carretera PR-466;

3. la construcción de un estacionamiento y acceso peatonal en la Cara del Indio;

4. un centro de adiestramiento agrícola, arreglos a las facilidades deportivas de Galateo Bajo;

5. la construcción de un kiosko en la pista atlética;

6. la construcción del parque del niño en la Cooperativa de Viviendas;

7. construcción del Parque Urbano;

8. la construcción de un “food truck” plaza en la Plaza La Estación; y

9. la construcción de una nueva parada de autobús.

Según Aponte Hernández, el alcalde de Isabela pudo haber violado el Artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, el cual dispone que un “servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

De igual forma, el Artículo 4.2(n) de la misma ley indica que “un servidor público no puede solicitar o aceptar, por sí o a través de una persona privada o negocio, un beneficio de un contratista o de una entidad reglamentada por su agencia, para una actividad política”.

Por su parte, el Artículo 252 del Código Penal de Puerto Rico tipifica como delito el aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, cuando una persona usa para su beneficio trabajos pagados con fondos públicos para su beneficio personal.

“El contrato suscrito fue un subterfugio para adelantar su reelección para alcalde y no fue parte de su gestión gubernamental de ese cuatrienio. Peor aún, ninguna las obras anunciadas fueron completadas, y la mayoría ni tan siquiera comenzaron. El uso y costumbre del gobierno en este tipo de obras no es hacer perspectivas conceptuales, sino planos y diseños para poder construir la obra”, dijo Aponte Hernández.

Planteó que “la intención única y verdadera para que el candidato Delgado Altieri firmara ese contrato fue para utilizar fondos públicos municipales para beneficiarlo a él y a su campaña política. De igual forma, esta conducta puede representar un esquema de pay for play y de inversionismo político que requiere la atención de las autoridades”.

ndc