R. Dominicana-Aumenta a 15 la suspensión de funcionarios gubernamentales que aún no presentan su declaración jurada de bienes

Santo Domingo, 3 oct (INS).- El presidente Luis Abinader suspendió hoy de forma provisional a siete funcionarios por no haber cumplido con la disposición de la Ley 311-14 de presentar la certificación de su declaración jurada de bienes, con lo que ya suman 15 los servidores públicos de altas posiciones afectados por la medida.

Con el decreto 534-20, el jefe de Estado interrumpió las labores, sin disfrute de sueldo, al presidente de la Comisión presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial en la región Este, Anderson Ramón de los Santos.

También, al incumbente del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipymes), Porfirio Peralta; Daniel Antonio Liranzo, Reynaldo Ferreira Genao y Máximo Pérez Pérez, directores ejecutivos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, de la Comisión Nacional del Cacao y del Instituto Azucarero Dominicano, respectivamente.

Igualmente, fueron suspendidos como subdirectores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Daniel Florián Sánchez Mota y Dolores Núñez, en orden sucesivo.

En esta misma semana, con el decreto 525-20, Abinader dispuso similares medidas contra los viceministros de Agricultura, Faruk Garib Arbaje y José Miguel Cordero Mora; Aníbal Díaz Belliard, Francisco Cantizano Nadal y Cecilio Rodríguez Montás, director operativo de la Presidencia, director  del Instituto de Bienestar Estudiantil y encargado del protocolo ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, fueron cesanteados de forma provisional Simeón Fabián Ramírez Cruz, Kohuris Henríquez Disla y Ana María Henríquez Disla, titulares del Proyecto Cruz de Manzanillo, de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios y del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, respectivamente.

De acuerdo a la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes, en su artículo 15 sobre delito de falseamiento de datos, el servidor público en razón de su cargo que estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos.

Todos los ministros y viceministros del gobierno central cumplieron con los requisitos exigidos, pero se va a trabajar con las verificaciones de los documentos, según informó la Cámara de Cuentas, labor que se hará en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República.

Al menos 3,995 personas han hecho su declaración jurada, mientras que otros 3,200 aún faltarían por hacerlo. El plazo venció el 28 de septiembre.

La normativa jurídica establece que están obligados a cumplir con esa ordenanza desde el presidente de la República hasta los funcionarios de cualquier institución autónoma, centralizada o descentralizada del Estado que sea creada en el futuro y que administre fondos públicos.

Según Hugo Álvarez, titular la Cámara de Cuentas, de esos que aún no han depositado documentaciones 1,700 corresponden al gobierno entrante y los 1,500 restantes son legisladores, alcaldes, regidores y directores de distritos municipales.

“La ley 311-14 dentro de la potestad que tiene el presidente y tienen también los directores, está aplicar sanciones de carácter administrativos. En este caso, la sanción máxima conforme a la ley 41-08 es la destitución. En el caso de los omisos, la misma ley prevé que hay una presunción de enriquecimiento ilícito, y ya eso está a cargo de la Procuraduría hacer la investigación”, explicó Álvarez.

Recordó que ese reglamento “tiene penas muy graves para los omisos, lo que no han hecho su declaración, ya que de ellos se presume enriquecimiento ilícito, cuyos aspecto penales van de uno a dos años y multas de hasta 40 salarios mínimos”.

“La ley es muy fuerte, porque para los que no han declarado, que se presume enriquecimiento ilícito, manda la confiscación de sus bienes”, explicó. INS

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