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Funcionarios gubernamentales depositan sus declaraciones tardías de patrimonios ante la Cámara de Cuentas. / Inter News Service
Santo Domingo, 1 oct (INS).- El presidente Luis Abinader suspendió anoche de manera provisional y sin disfrute de sueldo a ocho funcionarios, entre ellos dos viceministros, por no presentar su declaración jurada de patrimonio antes de ocupar cargos en la administración gubernamental, tal como lo establece la Ley 311-14.
La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por un notario público que se debe publicar por cualquier medio, electrónico o impreso.
Mediante el decreto 525-20, el gobernante ordenó el cese en las funciones a Faruk Garib Arbaje y José Miguel Cordero Mora, viceministros de Agricultura.
La medida afecta por igual a los señores Aníbal Díaz Belliard, Cecilio Rodríguez Montás y Francisco Cantizano Nadal, directores operativo de la Presidencia, del Instituto de Bienestar Estudiantil y del ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente.
También fueron suspendidos Simeón Fabián Ramírez Cruz, Kohuris Henríquez Disla y Ana María Henríquez Disla, director ejecutivo del Proyecto Cruz de Manzanillo, director general de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, en orden sucesivo.
El decreto establece que es “interés de la presente administración mantener el más estricto apego de sus funcionarios a los principios de transparencia, juridicidad y buena administración”.
En el artículo 1, el mandatario advierte a los funcionarios sancionados que deben proceder “a dar cumplimiento inmediato” al artículo 2 de la ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, de fecha 11 de agosto de 2011, o de lo contrario “enfrentarán las sanciones que dispone la ley frente a tal incumplimiento”.
A finales de agosto, Abinader había advertido que los funcionarios que no hayan hecho sus declaraciones juradas de bienes quedarían suspendidos en sus labores públicas.
En esa ocasión explicó que si en un período de tres semanas, posterior al vencimiento de la fecha de entrega, no se entregaba la declaración, entonces ese funcionario sería destituido.
En ese entonces la fecha final para hacerlo era el 15 de septiembre; sin embargo, la Cámara de Cuentas dio un plazo para recibir la documentación hasta el 28 de septiembre, tras varias quejas de mal funcionamiento de su portal digital.
Mientras, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, habría notificado ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) los casos de 1,700 funcionarios del gobierno central que no han cumplido con esos requisitos.
En ese contexto, la directora de la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, declaró que le han dado seguimiento a las documentaciones depositadas por los funcionarios, por lo que ahora hay que verificarlos con la Dirección de Impuestos Internos con el registro de títulos y los bancos para verificar su validez.
Hizo un llamado a la Cámara de Cuentas para que aplique los poderes que otorga la Ley 311-14, “y nosotros lo vamos a acompañar dándole seguimiento”.
Según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, cuando los servidores públicos de altos rangos no puedan probar el origen legal de los bienes que han declarado ante la Cámara de Cuentas, en el momento que les sea requerido, podrán ser sometidos a la Justicia por enriquecimiento ilícito. INS
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