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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 8 jul (INS).- Con un Partido Nuevo Progresista (PNP) en el control de la administración gubernativa, pero sumamente dividido y en camino a primarias para la candidatura a la gobernación en poco más de tres semanas que apunta a dejarlo sumamente erosionado, la opción opositora con posibilidades de triunfo en las elecciones de noviembre próximo se enmarca dentro del Partido Popular Democrático (PPD).
Sin embargo, el PPD se encuentra inmerso en un debate ideológico, en el que sobrepuja para prevalecer la corriente soberanista.
En las primarias del PNP contienden la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en medio de líos de intervención indebida con un referido para investigación a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y otros escándalos, y Pedro Pierluisi, a quien se asocia como abogado de grandes intereses económicos y de la Junta de Control Fiscal y delfín de Ricardo Rosselló Nevares, cuya renuncia fue forzada hace casi un año.
Efectuada las elecciones de este próximo 3 de noviembre en medio de ese panorama político, el PPD se juega esta vez su existencia como institución integrante del bipartidismo que conforma el sistema partidocrático de Puerto Rico.
Y como parte de este proceso electoral puertorriqueño, sobrepuja por prevalecer el soberanismo en las filas del PPD.
La primeras propuestas soberanistas en Puerto Rico, aparte del independentismo, comienzan a despuntar desde 1880 con una trayectoria que se intensifica en 1920.
El abigarrado Estado Libre Asociado (ELA) empieza siendo un concepto similar a una suerte de libre asociación soberana bajo el denominado “Commonwealth”, ayudado a elaborar bajo la tutela de Washington con alguna esperanza de soberanía por el entonces comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Antonio Fernós Isern.
En 1950, Fernós Isern abdica de su pretensión soberanista para Puerto Rico y utilizando su función como comisionado residente logra que se apadrine en Washington la Ley 600 que permitió a Puerto Rico redactar su propia Constitución, deformada de la idea original de Commonwealth soberano a causa de la incapacidad de su principal arquitecto, el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, de mantenerse firme en el concepto original ante los poderes imperiales de Estados Unidos.
Tanto en Fernós Isern como en Muñoz Marín prevaleció la creencia de que no serían capaz de lograr los poderes soberanos para Puerto Rico de una sola vez. De modo que bajo la castrada Ley 600, se adoptó oficialmente para la relación todavía colonial de Puerto Rico con Estados Unidos el nombre en español de Estado Libre Asociado y el inglés el de llanamente Commonwealth, evitando así asociar el concepto político con cualquier indicio de soberanía o autonomismo.
Ahora, en el año 2020 y ante un partido en el poder que pretende empujar a la trágala la idea de la anexión en una consulta plebiscitaria de estadidad sí o no, a la par con las elecciones de noviembre para escoger una administración de gobierno, vuelve por sus fueros el ideario soberanista a la contienda política para establecer una diferencia ideológica clara y determinante.
Un soberanismo “light” bajo el precandidato a la gobernación Carlos “Charlie” Delgado Altieri, alcalde de Isabela, y una corriente soberanista más radical bajo la precandidatura de Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan.
A la derecha ideológica dentro del PPD se ubica el también precandidato en las primarias, senador Eduardo Bhatia, enmarcado en la realización de algunas mejoras cosméticas al actual Estado Libre Asociado (ELA) y con una política de privatización que se roza con la del PNP. INS
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