P. Rico-Ante caso de George Floyd en Estados Unidos, Kilómetro Cero expone realidad con la policía en el país

San Juan, 2 jun (INS).- Ante los acontecimientos violentos generados en Estados Unidos por el brutal asesinato del afroamericano George Floyd, asfixiado por el policía Derek Chauvin en presencia de otros tres agentes en Minneapolis, la entidad Kilómetro Cero (K0) consideró vital exponer la realidad en Puerto Rico.

“Nos parece vital que el pueblo conozca la realidad de las muertes por uso de fuerza de la Policía en nuestro país; si bien la violencia de Estado, así como las dinámicas raciales y de clase tienen su propio contexto social y político en Puerto Rico, el sistema de injusticia, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la perpetuidad de la impunidad son situaciones que están en un estado de mucha más precariedad en nuestro país”, dijo la portavoz Mari Mari Narváez.

Observó que, contrario a Estados Unidos, en Puerto Rico no existen entidades independientes que supervisen ni investiguen las acciones ilegales o excesivas de la Policía y que en sus siete años la llamada Reforma de la Policía no ha rendido frutos más allá de la serie de políticas escritas que se han aprobado.

Mari Narváez observó en este sentido que las personas deben querellarse contra los agentes en la propia agencia policial, lo cual produce investigaciones sin rigurosidad alguna, según expresado recientemente por el propio monitor federal de la Policía.

“No hay aún en la sociedad una cultura de grabar las intervenciones fatales de los agentes de la seguridad pública y, desde que se aprobó la ley Promesa, las reclamaciones judiciales civiles contra el Estado se han limitado extraordinariamente, logrando incluso su paralización a raíz de que aún no se ha resuelto la reestructuración de la deuda pública del país.

La ley Promesa, indicó, protege al Estado contra demandantes que persigan compensación económica por daños y perjuicios ocasionados.

Esto coloca al pueblo puertorriqueño en un arrinconamiento antidemocrático insostenible, donde no existen opciones de reparación para las personas que sufren la violencia de Estado.

La activista comentó que de al menos 17 personas que la Policía ha matado en el país desde 2019, todos pertenecientes a sectores marginados socioeconómicamente, once no portaban armas de fuego; ocho no llevaban arma alguna, dos atravesaban crisis de salud mental y nueve tenían 25 años o menos,

La Policía de Puerto Rico tiene un largo historial de violaciones de derechos civiles, maltrato y abuso contra la ciudadanía, recordó Mari Narváez, al recordar que durante las protestas del verano de 2019, los agentes intervinieron violentamente contra 53 manifestantes que reclamaban la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, expulsado del gobierno.

Entre el año 2018 y 2019, unas 22 personas murieron por uso de fuerza policial en Puerto Rico, mientras que en esta año ya hay cuatro víctimas fatales de la Policía, lo que eleva la suma a 26 desde 2018.

“Esto no aparece en estadística alguna disponible públicamente por la Policía pero, tras una serie de peticiones estratégicas de información, demandas e investigaciones comunitarias, Kilómetro Cero ha logrado conseguir información, analizarla y divulgarla”, dijo la portavoz de la organización.

Precisó que las 22 muertes en Puerto Rico hasta 2019 implican que, por cada millón de habitantes, 3,44  individuos murieron a manos de la policía puertorriqueña, tasa que coloca a Puerto Rico entre los estados norteamericanos de Virginia (3,46) y Delaware (3,09) y por encima de muchos otros del Este de EEUU.

Aseguró que a los responsables de estas muertes en Puerto Rico, no se les han sometido cargos criminales, ya que cada vez que un agente mata un ciudadano, el Estado argumenta que fue en “legítima defensa” y los fiscales no presentan los cargos.

Kilómetro Cero reclamó, ante tal situación, investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva e impropia de parte de agentes a cargo de la seguridad pública.

“Las investigaciones administrativas debe llevarlas a cabo una entidad autónoma de la Policía con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo”, exigió Mari Narváez.

Agregó que las investigaciones criminales debe efectuarlas una fiscalía especial para delitos de funcionarios de seguridad pública. INS

ndc