Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 28 de mayo de 2020
P. Rico-Alejado de la realidad el plan fiscal certificado por la JSF sostiene el economista Santamaría Ots
San Juan, 28 may (INS).- El economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de Política Pública de la organización Espacios Abiertos, consideró que el plan fiscal certificado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) suscribe la insostenibilidad financiera en el largo plazo de la economía de Puerto Rico.
Explicó que, aun aceptando esa nueva realidad tras los severos efectos económicos de la presente pandemia, además a los efectos de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos, las recetas propuestas para resolver la nueva situación están alejadas de atender correctamente ese escenario.
Santamaría Ots sostuvo que para que Puerto Rico se encamine a un crecimiento económico sostenible e inclusivo y pueda acceder al mercado de capitales, el plan necesita incorporar dos áreas apenas presentes en el plan certificado: un plan macroeconómico realista y plausible, y una nueva propuesta sobre el plan de ajuste de la deuda del gobierno central que contribuya a un pago de la deuda pública sostenible y que incorpore los efectos de la actual crisis del Covid-19
“Enfocar todos los esfuerzos del plan fiscal en políticas fallidas —tanto en Puerto Rico como a nivel internacional— como es la austeridad, y en políticas de difícil implementación por parte del gobierno, como las reformas estructurales, solo compran tiempo hacia una eventual insostenibilidad financiera y económica a costa del sufrimiento de las poblaciones más vulnerables”, explicó el economista.
Agregó que todo ello —tal y como reconoce y anticipa el plan— contribuirá a la aceleración de los flujos migratorios, de 2.8 millones de habitantes en Puerto Rico para 2025, que conllevará una carga cada vez más pesada para el resto de los habitantes, y a una inevitable situación de déficit fiscal de 2032 en adelante.
“Hay que puntualizar que el plan aprobado hoy es el séptimo que certifica la Junta. Los anteriores no han logrado cumplir las proyecciones y es difícil determinar si surtirá el mismo efecto este nuevo plan con el agravante de una pandemia cuyos efectos y eventual recuperación están todavía por determinarse”, advirtió.
Santamaría Ots observó que todos los planes certificados hasta la fecha concentran sus reformas en dos grandes áreas, y el plan aprobado no es ninguna excepción: 1) reformas fiscales (como se refieren a las medidas de austeridad); y 2) reformas estructurales.
“¿Qué propone el plan en esas dos grandes áreas?”, planteó Santamaría Ots al precisar que el plan propone aplazar un año la implementación de las medidas de austeridad, sin embargo, se reiniciarán otra vez al finalizar el año fiscal 2021.
Igualmente, dijo, el plan critica y destaca la inhabilidad por parte del gobierno de poner en marcha las recomendaciones de la Junta e insta al propio gobierno a no demorar más su implementación.
En sus proyecciones macroeconómicas, la Junta prevé en su escenario base una caída del Producto Nacional Bruto real del -4% para el año fiscal 2020 y una ligera subida del 0.5% para 2021.
Este es un escenario más optimista que el proyectado por el gobierno de -3.8% para 2020 y -7.8% para 2021, observó el economista.
Pese a tener esas divergencias en proyecciones de corto plazo, expuso Santamaría Ots, sus estimaciones se aproximan más sobre el año en que Puerto Rico presentará déficits fiscales primarios una vez implementadas las reformas aprobadas hoy: la Junta proyecta déficits desde 2032 en adelante y el gobierno desde 2030.
“Ambas conclusiones refuerzan la insostenibilidad del pago de la deuda y la consecuente inviabilidad del plan de ajuste de deuda del gobierno central presentado en febrero de este año”, dijo el economista.
Los efectos económicos de la pandemia son difíciles de predecir ante los escenarios cambiantes de su evolución.
“El gobierno proyectó para 2021 un déficit de -$708 millones y la Junta un superávit de $440 millones en sus respectivos escenarios base. Desconocemos quién acabará proyectando mejor, pero si tenemos la certeza que debemos atender un pago de Cofina de $454.5 millones”, expresó.
El economista indicó que “si se confirma el peor de los escenarios, ¿no será razonable estar preparados para atender la crisis económica y de salud más importante desde la depresión de 1930? ¿Quién acabará pagando los platos rotos si las optimistas proyecciones de la Junta no se materializan?”
Llamó desde Espacios Abiertos la atención de la prontitud en certificar un plan fiscal de 271 páginas en unas pocas horas, redactado en el idioma inglés que no domina la mayoría de la población y sin garantizar vías mínimas de participación ciudadana.
Santamaría Ots manifestó que para poder estar mejor preparados para atender a nuestra gente en la crisis que actualmente enfrentamos, instamos a la Junta a abandonar para siempre las medidas de austeridad como uno de los ejes principales de la política pública del país.
“La austeridad no es sinónimo de eficiencia ni el tamaño más grande o pequeño del gobierno implica un mejor servicio al pueblo, lo que se necesita es un gobierno que funcione. La Junta debe proveer medidas de alivio en el pago de la deuda a través de la implementación de una moratoria para el año 2021 y actualizar en la mayor brevedad el ya inviable plan de ajuste de deuda del gobierno central propuesto el pasado febrero”, remató el economista. INS
P. Rico-Coronavirus/Advierten aumento de la tasa de pobreza infantil de 58% a 65% en cuatro meses si las ayudas gubernamentales no llegan y se recrudecería inseguridad económica y alimentaria de más de 240,000 personas
San Juan, 28 may (INS).- La crisis por la pandemia del Covid-19 pudiera aumentar la tasa de pobreza infantil de 58% a 65% en cuatro meses si las ayudas gubernamentales no llegan y recrudecería la inseguridad económica y alimentaria de más de 240,000 personas en el país.
Así lo informó el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), que presentó el estudio “Los efectos del Covid-19 en la seguridad económica de la niñez y familias en Puerto Rico: Vulnerabilidades, proyecciones y recomendaciones”.
El estudio reflejó que esta crisis podría aumentar la tasa de pobreza infantil hasta ocho puntos porcentuales, de 58% a 65%, sumergiendo en la pobreza a 244 mil personas, entre las cuales se incluyen 43 mil niños en un periodo de tan sólo cuatro meses si las ayudas federales y estatales no llegan a estas familias.
“La pandemia del Covid-19 llegó al país en un ambiente ya de por sí golpeado y vulnerable. Además de las vulnerabilidades que enfrentaba el país, las familias con niños que viven bajo el nivel de pobreza tienen unas características que en general las ubican en desventaja al enfrentar una crisis. Estas características incluyen: bajos ingresos y niveles de empleo, participación alta en industrias cerradas, condiciones de salud, hogares monoparentales, y acceso limitado a la tecnología, entre otros factores”, destacó María Enchautegui, directora de Investigación y Política Pública del IDJ.
Mientras, Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva de la organización, añadió que “este estudio nos ofrece un escenario de las consecuencias que tendrá la pandemia en estas familias si no tienen acceso a recursos económicos de manera prioritaria, al igual que presenta recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia a corto y largo plazo”, añadió
Múltiples estudios realizados por el IDJ desde el 2017 han demostrado que las familias con niños que viven en la pobreza son las más afectadas por los desastres ocasionados por fenómenos naturales como mayor proporción con pérdidas materiales, inseguridad alimentaria e inestabilidad en múltiples dominios de desarrollo de los niños y jóvenes.
Según se desprende del estudio, las ayudas estatales y federales, pueden ayudar a reducir la pobreza de forma temporera, si las mismas llegan a tiempo a las familias que las necesitan.
En la investigación se incluyen simulaciones de los impactos del Covid-19 en la pobreza y cómo cambiaría con las ayudas esperadas, las cuales se estiman entre 5.4 a 5.9 mil millones.
“Los efectos inmediatos del Covid-19 en la pobreza son enormes, pero se pueden reducir si las ayudas llegan a tiempo y si los trabajadores se pueden reinsertar en la economía en un período de cuatro a seis meses. De no ser así, los impactos en la pobreza serán mayores. Además de las medidas de seguridad necesarias, la reinserción al mercado laboral requiere proveer unos apoyos a los trabajadores y PyMEs para que los empleados puedan balancear la salud y su seguridad económica”, indicó Enchautegui.
También se presentan las políticas públicas estatales y federales adoptadas para ayudar a estabilizar los ingresos de las familias y los aspectos que quedan sin atenderse aún con los millones de dólares asignados a combatir la crisis.
Sin embargo, el estudio concluye que, si no se toman medidas a largo plazo para reducir la pobreza infantil, se regresaría a los mismos niveles “usuales” de pobreza infantil, o un 58% o tal vez mayores, tras concluir la pandemia.
Rivera Flores recalcó, que, aunque las ayudas federales puedan mejorar la condición socioeconómica de la niñez que vive en pobreza con estas ayudas, se hace imprescindible trabajar a largo plazo con la meta de erradicar la pobreza infantil y juvenil en Puerto Rico.
“Si enfocamos los esfuerzos en trabajar con este objetivo eficazmente, lograremos, no sólo fortalecer la economía, sino que las familias con menores estarían más preparadas para enfrentar desastres naturales, los que entendemos van a continuar ocurriendo ante los cambios climáticos”, manifestó.
Antes del Covid-19 el IDJ había estimado que mantener la tasa de 58% de pobreza infantil le costaba a la economía de Puerto Rico 4.4 mil millones anuales, o lo que se traduce al 4.3% del producto nacional.
El IDJ es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover políticas públicas a nivel federal y local para mejorar las vidas de niños y jóvenes en Puerto Rico, y está enfocado en el 58% de los niños de Puerto Rico que viven en la pobreza.INS
P. Rico-Coronavirus/Cientos de trabajadores de la salud exigen sus incentivos en protesta frente a oficinas del secretario González Feliciano
San Juan, 28 may (INS).- Cientos de trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Adultos (UDH), Hospital Pediátrico, Hospital Cardiovascular, ASEM, Hospital Regional de Bayamón (HURRA), Hospital Oncológico, Departamento de Salud y ASSMCA se manifestaron frente a la oficina del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, para exigir a la gobernadora Wanda Vázquez que se les pague el incentivo por el trabajo realizado durante la pandemia del coronavirus.
“Estos trabajadores de la salud están aquí exigiéndole al Secretario de Salud y a la Gobernadora se les pague de una vez y por todas el incentivo que fue aprobado por la propia gobernadora para los técnicos de salud, que, a nuestro entender, debe incluir a los técnicos de radiología, farmacia, técnicos de ortopedia, auxiliares de laboratorio, terapia respiratoria, quirúrgicos, clínicos y suministros estériles, ya que el término ‘técnicos de salud’ no existe dentro de las clasificaciones oficiales del Departamento de Salud” explicó Fernando Juarbe, coordinador de la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato que representa a estos trabajadores.
Del mismo modo, los manifestantes insistieron en que se incluya al personal de escoltas, lavandería, mantenimiento y disposición de desperdicios en las bonificaciones para los empleados que han trabajado en la asistencia de la pandemia del Covid-19.
“Hemos insistido en que este personal debe ser incluido en los incentivos que se han entregado porque han estado igual de expuestos al contagio de coronavirus que el demás personal que labora en los hospitales. A tales efectos, el presidente de la UGT, Gerson Guzmán, ha enviado varias comunicaciones a Fortaleza y al Secretario de Salud, para que se incluya escoltas, lavandería, mantenimiento y disposición de desperdicios en los incentivos otorgados. A ellos hay que hacerle justicia también”, puntualizó el portavoz de la UGT.INS
P. Rico-Tribunal de Apelaciones ordena nuevo juicio para Casellas Toro, convicto por el asesinato de su esposa, luego de ampararse en decisión del Supremo de EEUU que estableció que los veredictos de culpabilidad deben ser unánimes
San Juan, 28 may (INS).- El Tribunal de Apelaciones ordenó un nuevo juicio para Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato de su esposa, luego de que el foro judicial se amparara en la decisión del Supremo de EEUU que estableció que los veredictos de culpabilidad deben ser unánimes.
La determinación del Tribunal de Apelaciones incluye la decisión de que en 24 horas se celebre una vista de fianza.
Casellas Toro, hijo del exjuez federal Salvador Casellas, fue acusado del asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón el 2012 y un jurado -no por unanimidad- lo halló culpable el 22 de enero de 2014, tras lo cual fue sentenciado el 1 de marzo de 2015 a 109 años de prisión.
“Se deja sin efecto las sentencias condenatorias por los tres delitos graves y se ordena la celebración de un nuevo juicio”, indica la resolución de los jueces Olga Birriel, Abelardo Bermúdez Torres y Angel Pagán Ocasio.
Agrega que “el Tribunal (Supremo de EEUU) nos recordó que el derecho a un juicio por jurado de la enmienda sexta es un derecho fundamental que aplica a los estados a través de la cláusula del debido proceso de la ley de la Enmienda Decimocuarta y, por lo tanto, a Puerto Rico”.
El pasado 12 de diciembre el Tribunal Supremo de Puerto Rico había denegado una solicitud de nuevo juicio presentada por Casellas Toro.
En esa solicitud se alegaba que uno de los miembros del jurado supuestamente hizo unas expresiones durante la deliberación que entienden afectaron la imparcialidad en el proceso del veredicto.INS
. Rico-Aprueba la Cámara investigar el colapso de la plataforma digital de PUA
San Juan, 28 may (INS).- La Cámara de Representantes aprobó en reconsideración la resolución 1767, del representante José “Pichy” Torres Zamora, para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía una investigación sobre las razones tras el colapso de la plataforma digital del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para la solicitud del Pandemic Unemployment Assistance (PUA), que no ha permitido que miles de trabajadores obtengan asistencia económica tan necesarias para sobrellevar los efectos del cierre ante la pandemia del Covid-19.
La pesquisa incluye, además, las contrataciones de servicios profesionales, informática, técnicos y consultivos efectuadas para el desarrollo de esta plataforma; el desempeño administrativo y determinaciones relativas por parte de la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, de manera que la Cámara pueda recibir la información necesaria que permita tomar las acciones gubernamentales en favor de los solicitantes de la asistencia de desempleo pandémico.
El representante Torres Zamora, en su turno a favor de la medida, señaló que el objetivo de esta legislación es conocer en específico todo lo relacionado a esta plataforma de servicio e investigar “como Evertec entró en funcionamiento y cómo se hizo la interfase para conectar los sistemas”.
Solicitó al cuerpo legislativo que “tan pronto tenga en su escritorio esta Resolución, le de curso porque podemos hacer mucho, vamos a hacer mucho y como dije anoche, la Cámara de Representantes, sus miembros, los 51 legisladores de mayoría y minoría, que hemos trabajado incansablemente junto a todas sus dependencias para mantenernos operando vamos a seguir trabajando por el pueblo de Puerto Rico”.
La pieza recibió también el aval del representante José “Conny” Varela Fernández, quien secundó el pedido de Torres Zamora para el pronto inicio de estos trabajos.
Seguido se avaló el Proyecto de la Cámara 2347, de los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Víctor Parés Otero, para enmendar la “Ley para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica” y requerir el endoso del Departamento de Transportación y Obras Públicas y Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, antes que la Oficina de Gerencia de Permisos otorgue una autorización para la instalación de un sistema lumínico en la Isla.
Igualmente, se favoreció el Proyecto de la Cámara 2422, del representante José “Che” Pérez Cordero para autorizar en la Reserva Natural La Boquillas actividades turísticas y recreativas de bajo impacto, compatibles con la conservación del dicho ecosistema, entre los que se mencionó la observación y fotografía de vida silvestre, la navegación en kayak y caminatas en la zona.
Asimismo, aprobaron la Resolución Conjunta de la Cámara 705, de los representantes José “Memo” González Mercado y Joel Franqui Atiles, para ordenar al Departamento de Agricultura a que tome las acciones necesarias para que quienes así lo deseen, puedan cumplir de manera remota con los requisitos de la “Ley de Plaguicidas de Puerto Rico”. De manera, que puedan ser autorizados en línea para la aplicación comercial de plaguicidas en todas sus categorías.
A su vez, fue favorecida la Resolución Conjunta de la Cámara 713, del representante Antonio Soto Torres, para autorizar al Programa Alianza para la Educación Alternativa el uso de $100,000 perteneciente al concepto de retención establecida por la “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de Puerto Rico”, para la adquisición de equipo y el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de dicho programa.
De otra parte, fue aprobada la Resolución de la Cámara 1679 de la representante Mas Rodríguez, para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar un estudio sobre la implementación y efectividad de la legislación relacionada a la operación de los servicios de fiestas rodantes. Esto, a los efectos de evaluar la necesidad de redefinir el concepto para extender su aplicación a otros servicios similares, y la viabilidad de concederle mayor autoridad y recursos al Negociado de Transporte y otros servicios Públicos para la fiscalización de estas actividades comerciales.
Por otro lado, fue refrendada la Resolución Conjunta del Senado 518, para ordenar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a conceder a los patronos privados un crédito de diez por ciento en la Póliza Permanente que será de aplicación al año fiscal 2020-2021, con miras a ofrecer un alivio a los sectores empresariales afectados por el Covid-19.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el lunes, 1 de junio de 2020, a la 1:00 de la tarde. INSP. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión
P. Rico-Rechaza la FMPR recorte a pensiones incluido en plan fiscal de la junta
San Juan, 28 mar (INS).- La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, consideró que llegó “el momento de echar para adelante y enfrentar los ataques de la Junta de Control Fiscal contra la calidad de vida de los pensionados de Puerto Rico y el derecho de los empleados activos a un retiro digno”.
La dirigente sindical consideró que en el caso de la Legislatura y la gobernadora Wanda Vázquez Garced deberán “demostrar que el compromiso de no reducir los beneficios a los jubilados y jubiladas es serio y no admite claudicaciones”.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó este miércoles el plan fiscal que incluye recortes a los sistemas de pensiones del gobierno central, el magisterio y la rama judicial.
Ante este panorama, Martínez Padilla urgió a la Cámara de Representantes y al Senado a aprobar el P de la C 2434 que presentó la representante Lourdes Ramos, a petición de distintas organizaciones sindicales integrantes del Frente en Defensa de las Pensiones y la organización Construyamos Otro Acuerdo.
El plan fiscal recorta beneficios hasta en un 8.5% de las pensiones a base de un acuerdo alcanzado por un Comité Oficial de Retirados sin la participación de los jubilados.
“El P. de la C. 2434 crea un Sistema de Retiro Unificado para el gobierno central, el magisterio y la rama judicial que garantiza un retiro digno para los trabajadores y trabajadoras después de toda una vida aportando al país”, explicó.
La dirigente federada precisó que la medida establece un fideicomiso administrado por los participantes del sistema y alternativas de capitalización que asegura su solvencia.
“En el caso del magisterio activo, permite que mantengan sus beneficios definidos, equivalentes a un 75% de su salario, al momento de su jubilación, sin recortes. Adicional, prohíbe cortar beneficios a los cientos de miles de pensionados de todas las agencias públicas del país”, dijo.
Anunció que que la Federación de Maestros de Puerto Rico estará transmitiendo un panel virtual en Defensa de las Pensiones este próximo domingo, 31 de mayo, a las 7:00 de la noche, desde la página de Facebook de esa organización en la que explicarán el proyecto detalladamente y anunciarán el plan de acción para que se logre la aprobación de la pieza legislativa.
“Invitamos al pueblo a conectarse, orientarse y unirse en esta lucha que defiende el derecho a una vejez digna, después de décadas de trabajo arduo en las agencias públicas del país”, dijo Martínez Padilla.
Alertó que la calidad de vida de los jubilados y jubiladas ya ha sido golpeada y no resiste otro ataque más.
“La eliminación del bono de Navidad y de la aportación patronal al plan médico, han sido recortes que ya ha sufrido ese sector desde el 2014. Las pensiones son parte de los gastos esenciales, junto a la salud, la educación, la seguridad y otros renglones. Si hay que reducir gastos deben cortarse los contratos de privatizadores y el propio presupuesto de la Junta de Control Fiscal, que desangran las arcas del país”, reclamó Martínez Padilla. INS
P. Rico-García Padilla impulsa medida para evitar despilfarro de fondos públicos en primarias presidenciales al no haber contienda
San Juan, 28 may (INS).- Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz y Carlos Bianchi presentaron un proyecto de ley por petición de un grupo que incluye al exgobernador Alejandro García Padilla para enmendar la “Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias” con el fin de salvaguardar el uso de fondos públicos, ya que se despilfarrarían unos 2.2 millones de dólares.
El PC 25382 propone enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979 con el fin de establecer que en las ocasiones que no exista más de un candidato formalmente en campaña por partido, o cuando los posibles candidatos de un mismo partido se retiren o suspendan su campaña quedando solo un candidato viable, o cuando todos los posibles candidatos hayan endosado a un sólo candidato, no se justifica el uso de fondos públicos y, por ello, no se realizarán primarias presidenciales.
Además del exgobernador García Padilla, la medida fue impulsada por petición de Yaramary Torres, Gabriel López Arrieta, Hector Ferrer, Armando Legarreta, Omar Guardiola, Marcos “Gaby” Rodriguez, Noelia Ramos, José “Chely” González, Domingo Torres, Angel Osorio, Sol Higgins, Eladio “Layito” Cardona, Manuel Calderón, Orlando Aponte y Juan Jose Santiago.
“Para el proceso de primarias presidenciales la Junta de Supervisión Fiscal asignó 2.2 millones de dólares. No obstante, han ocurrido diversas situaciones, como la pandemia de Covid-19, que han trastocado e impedido que la primaria presidencial del Partido Demócrata se lleve a cabo. A nuestro juicio, la celebración de esta primaria sería académica ya que Joe Biden es el único candidato luego de que el senador Bernie Sanders se retirara de la contienda”, expresó Ortiz.
Esta medida busca preservar fondos públicos y evitar gastos innecesarios que impidan la provisión de servicios esenciales para la población.
En este momento, hay asignados unos 2,2 millones de dólares, que se dividen en 1.1 millón para el Partido Demócrata en Puerto Rico y la misma partida para el Partido Republicano.
“Invertir millones de dólares en llevar a cabo unas primarias presidenciales inconsecuentes es injustificable, cuando para todos los efectos prácticos, el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata es Joe Biden. Tras conversaciones con el representante le solicitamos radicar esta medida pues es nuestro parecer que cuando no exista más de un candidato formalmente en campaña por partido, por la razón que sea, no se debe permitir el uso de fondos públicos”, sostuvo García Padilla.
Argumentó que bajo este escenario, no se deben celebrar primarias presidenciales.
“Si el Partido Demócrata en Puerto Rico, como un asunto interno, quiere elegir los delegados para que representen distintos puntos de vista de cara a la confección de la plataforma, puede y debe hacerlo, pero no con fondos públicos”, ratificó el exmandatario. INS
P. Rico-Victoria Ciudadana designa su comisionado electoral
San Juan, 28 may (INS).- El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunció que eligió a Olvin Valentín Rivera como su comisionado electoral y se encuentra a la espera de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced realice el nombramiento.
Rivera reemplazará a Héctor Alejandro Narváez, quien “ha sido una pieza clave en Victoria Ciudadana, ya que desde antes de que nuestra colectividad saliera a la luz pública lideró el proceso de validación y presentación de endosos para lograr la franquicia electoral y posteriormente se convirtió en comisionado electoral, llevando de manera exitosa todo el proceso de radicación y elección de candidaturas del movimiento”, indicó la presidenta del MVC, Ana Irma Rivera Lassén.
Rivera agradeció al MVC “por la confianza y la oportunidad de servir a mi país, defendiendo el derecho de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas a elecciones transparentes y participativas”.
“Me honra continuar la labor de Alejandro, quien ayudó a lograr que ahora Puerto Rico cuente con una opción real de cambio en las próximas elecciones: el Movimiento Victoria Ciudadana. En los próximos meses continuaré trabajando para fortalecer nuestra estructura electoral alrededor de la isla y garantizar que los electores puedan ejercer su voto y rescatar a Puerto Rico en noviembre”, agregó.
El designado comisionado electoral ha trabajado por más de 20 años con organizaciones sin fines de lucro, al igual que con pequeñas y medianas empresas.
Como abogado y notario, también ofrece seminarios a emprendedores sociales y líderes del tercer sector.
Durante los pasados meses, Rivera se ha desempeñado como ayudante especial en la Oficina del Comisionado Electoral de Victoria Ciudadana.
“Desde sus comienzos, el Movimiento Victoria Ciudadana ha reconocido la importancia de su componente electoral, no solo como motor para su inscripción, sino como pieza clave para el registro de nuevos electores y la asignación de funcionarios a todos los colegios. Agradecemos la labor titánica que llevó a cabo Héctor Alejandro Narváez para que lográsemos la certificación de nuestro Movimiento y damos la bienvenida a Olvin Valentín, quien velará porque se respete la voluntad de los electores en las urnas y encaminará los procesos necesarios para la victoria electoral que obtendremos como Pueblo el próximo mes de noviembre”, declaró Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación del MVC.INS
ndc