San Juan, 26 may (INS).- El representante Luis Vega Ramos cuestionó que la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, que se haya designado al fiscal de Distrito de San Juan, Víctor Carbonell, para investigar la querella por violaciones al toque de queda de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al precandidato a la gobernación Pedro Pierluisi y otros miembros de la dirección del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Todos participaron en un acto político partidista para inaugurar su nuevo comité y reunir al directorio de la colectividad el pasado domingo 17 de mayo.
“Carbonell fungió como director del Negociado de Investigaciones Criminales (NIE) durante la administración del exgobernador Luis Fortuño y, según una historia publicada en la prensa el 31 de marzo de 2014, fue removido de un caso por el entonces jefe de fiscales por estar litigando contra un abogado de defensa (Antonio Sagardía) que simultáneamente lo representaba en un caso administrativo”, dijo Vega.
Agregó que “se ha establecido una relación entre Víctor Carbonell, el exgobernador Ricardo Rosselló y el exsecretario de Justicia Antonio Sagardía. Quizás ante esta situación, la secretaria Longo deba ponderar esa designación o, si no, el fiscal Carbonell tiene el deber de sobreponerse a estas situaciones previas y encaminar rápidamente los procesamientos judiciales que competen contra la gobernadora y el resto del liderato del PNP”.
“Es hora de probar que nadie está por encima de la ley; la prueba de la ofensa está en las mismas fotos que Vázquez Garced, Rivera Schatz, Pierluisi y el resto del liderato del PNP subieron a las redes; y el fiscal se mantiene en el caso debe moverse con celeridad a presentar los cargos, particularmente ante el clima de desobediencia del toque de queda y el distanciamiento social que se ha propagado en días recientes tras la transgresión de la gobernadora”, explicó Vega Ramos.
El legislador recordó que este fin de semana, tras la participación de la gobernadora y el liderato PNP en un mitin político prohibido por el toque de queda y la relajación del mismo por una nueva orden ejecutiva “se ha producido un caos, la actividad criminal ha aumentado, agentes del orden público han sido severamente agredidos, y la temeridad de varios para vulnerar el distanciamiento social y la cuarentena han aumentado”.
A juicio del político del Partido Popular Democrático, “eso es consecuencia directa de las acciones de la gobernadora y el liderato PNP, que han ayudado a aumentar el riesgo a nuestra salud y seguridad. Eso no puede permitirse y hay que procesar las transgresiones, vengan de donde vengan”.
Los transgresores a la OE-2020-38 y a la Ley 35-2020 se exponen a una multa de cinco mil dólares o seis meses de cárcel, a discreción del tribunal. INS
aa
Inter News Service Agencia de Noticias