Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 21 de mayo de 2020
P. Rico-Coronavirus/Indignada la gobernadora por chat entre abogado y dueño de Apex, la empresa que intentó vender en forma irregular un millón de pruebas de Covid-19 por 38 millones de dólares a Salud
San Juan, 21 may (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced se mostró ayer indignada por el contenido del chat entre el abogado Juan Maldonado y Robert Rodríguez, el dueño de Apex, la empresa que intentó vender en forma irregular un millón de pruebas de Covid-19 por 38 millones de dólares a Salud.
“Lo expuesto en ese chat que divulgan los medios, nos provoca indignación y merece nuestro más contundente repudio. Que en medio de una emergencia de salud pública, y ante la urgencia de adquirir pruebas para proteger a nuestro pueblo, según se desprende de los mismos, estos individuos pretendían aprovecharse, guiados por un desmedido afán de lucro, es totalmente condenable”, dijo Vázquez Garced a través de una red social (Twitter).
En el mensaje agregar que “en un pueblo de ley y orden el interés de sacar ventaja en medio de la emergencia, no tiene ni tendrá espacio en nuestro gobierno, nunca”.
Igualmente, afirmó que les debe caer “todo el peso de la ley” y opinó que quienes actuán contra el bienestar de la población “deben responder hasta las últimas consecuencias”.
En uno de los mensajes, Maldonado le dice a Rodríguez pPara que tú y Evelyn celebre con nosotros. El virus fue productivo”.
Después, Rodríguez esponde: “Demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño. ¡Felicidades!”.INS
P. Rico-Oposición aúna esfuerzos contra reforma electoral que impulsa el presidente del Senado y pido acción a la gobernadora Vázquez Garced
San Juan, 21 may (INS).- Dirigentes de oposición concurrieron unidos frente a La Fortaleza para hacer un reclamo conjunto en contra de la aprobación de la llamada reforma electoral impulsada unilateralmente por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el Partido Nuevo Progresista (PNP), contraviniendo el consenso democrático que prevaleció durante décadas.
“Nos complace saber que la mayor parte de los dirigentes que se oponen a las políticas del gobierno de Wanda Vázquez Garced hayan respondido a la solicitud de diálogo y unidad que les enviamos la semana pasada”, la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La dirigente política consideró que es momento de demostrarle al gobierno de Vázquez Garced que más del 50 por ciento del electorado puertorriqueño, representado en una carta que le dirigieron, se opone a la reforma electoral que su administración pretende aprobar rompiendo en entendimiento colectivo.
“A esos fines, comenzamos enviando una carta a la gobernadora en la que solicitamos el veto del proyecto del Senado 1314”, anunció Lúgaro.
La misiva está firmada por el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad; el senador Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular Democrático (PPD); la licenciada Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana; Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación; el senador independiente José Vargas Vidot, y el excandidato a la gobernación Manuel Cidre.
En la carta se establecen seis señalamientos de deficiencias políticas encontradas en la medida legislativa.
“Este proyecto incide sobre doctrinas constitucionales establecidas y, obviamente, sobre la razón de ser y el espíritu de nuestro sistema electoral: uno meticuloso, celoso, temeroso de la trampa y el fraude”, expresó por su parte el senador Torres, quien firmó a nombre de los precandidatos a la gobernación por el PPD.
Afirmó que este proyecto carece de precisión tanto de costo como de seguridad, lo que sugiere propósitos que destilan desconfianza.
“Es totalmente inaceptable e impropio que a menos de seis meses de las elecciones generales, se traten de imponer nuevas reglas para beneficiar al partido que está en el gobierno. Estamos comprometidos con la democracia, con el juego limpio, y continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias”, recalcó Torres.
El excandidato a la gobernación Manuel Cidre alegó que “una reforma electoral se hace en consenso con el objetivo común de fortalecer la democracia y no con cambios viciados a colectividades específicas”.
“Esta visión tiene que aplicarse a todos los funcionarios electos y los que aspiran a una posición electiva”, remató Cidre.
Mientras, Vázquez Muñiz, quien aspira a la gobernación por Proyecto Dignidad, aseguró que “la legitimidad del gobierno depende de la pureza del proceso electoral”.
El excalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, un profundo conocedor del proceso eleccionario puertorriqueño, señaló que “la esencia de un proceso electoral es su credibilidad”.
“Si se vulnera la integridad del proceso alterando los resultados o permitiendo que electores que no tienen derecho decidan las elecciones se mina su credibilidad. La confianza no se legisla, se obtiene con acciones y actitudes que la convoquen. Puerto Rico necesita fortalecer sus instituciones no debilitarlas. Necesita limitar sus diferencias no profundizarlas”, resumió Acevedo, quien fuera candidato a la gobernación.
Rivera Lassén agregó a nombre del Movimiento Victoria Ciudadana que “entendemos que la propuesta de Código Electoral trata de manera desigual a los partidos políticos inscritos”.
“El sistema actual está basado en la igualdad entre las diferentes voces de nuestro pueblo organizadas a través de partidos políticos. En las elecciones se miden fuerzas, pero una vez los partidos están en la CEE (Comisión Estatal de Elecciones) es vital la igualdad”, dijo.
La aspirante al Senado por el MVC consideró que la propuesta del código erosiona la confianza en el sistema electoral y pretende que unos partidos se vean como “superiores”, minimizando y marginando a otros partidos que se considerarán “inferiores” en derechos al interior de la CEE.
“Eso es inaceptable, no importa quien gane las elecciones”, recalcó Rivera Lassén.
El candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina sostuvo que “un gobierno que en medio de una pandemia, huracán y terremotos, utilizó su poder para politiquería y corrupción, no tiene moral para ejecutar reformas de gobierno de forma unilateral”. INS
P. Rico-Pesquisa en Departamento de la Familia evitó pérdida de fondos federales
San Juan, 21 may (INS).- La investigación que se inició por instrucciones de la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, en torno a la alegada intervención indebida en la distribución de alimentos a los afectados por los terremotos del pasado mes de enero, evitó que se perdieran fondos federales, reconoció ayer el secretario interino Eddie A. García Fuentes.
El funcionario hizo la admisión ante la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que investiga los procesos para atender a las víctimas de los sismos en el suroeste del país.
A preguntas del representante Rafael “Tatito” Hernández, el funcionario especificó que era “correcto”, que de no haberse realizado la investigación y se hubiese mantenido a la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones en su posición, la agencia corría el riesgo de perder fondos del The Emergency Food Assistance Program (TEFAP).
Según el informe final presentado por el secretario interino García Fuentes, los testimonios vertidos por empleados de la agencia apuntan hacia la presencia de políticos que cambiaron el orden en el cual se llevaría a cabo la actividad, la falta de evaluación comunitaria de las necesidades de la población así como los cambios a la logística en la distribución de alimentos, sin la autorización del Food Nutrition Service (FNS).
García Fuentes criticó estas actuaciones y a preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón opinó que no debe “haber políticos, ni terceros en el proceso de distribución de alimentos”.
Además, salió a relucir que Alberto Morales, del Departamento de Agricultura federal, le envió una comunicación electrónica a la Quiñones, en la que le instruye a evitar que esto ocurriera “porque se está manchando la imagen de la institución federal”.
Rodríguez Aguiló sostuvo que García Fuentes hizo lo correcto cuando “recibió un informe con unos señalamientos serios, usted entendía que faltaba como parte de una investigación importante entrevistar a esas personas involucradas y lo encomendó, e hizo lo correcto y el gobierno federal está mirando lo que usted está haciendo porque si usted hubiese mirado para el lado también usted hubiese puesto los fondos federales en peligro, por inacción”.
El presidente de esta Comisión Especial le cuestionó a García Fuentes si entendía que el hecho de haber continuado la investigación lo descalificó para ser nombrado como secretario en propiedad, a lo que éste contestó que “fue una decisión personal” no aspirar a la posición a la que fue designado Orlando López Belmonte.
El funcionario también dijo que el designado secretario hasta el mes de marzo laboraba con ADSEF mediante un contrato de consultoría a través de la firma OFE Consulting Group, que inició en 9,000 dólares y culminaron en 124,500 dólares, por lo que no tenía que ir a la autorización del secretario.
El contrato fue cancelado el 12 de mayo, dos días antes de su designación a la silla de Familia.
García Fuentes añadió que el reglamento está bajo revisión para que este tipo de decisiones reciban el aval y conocimiento del secretario, y no solamente de los administradores. El presidente de esta Comisión Especial comunicó que esta área sería estudiada a fondo para legislar de manera que estos eventos no ocurran.
Al finalizar la vista pública, Rodríguez Aguiló señaló que tan pronto estén listas las transcripciones de esta parte de la investigación presentará un primer informe parcial, que incluirá recomendaciones para que se apruebe legislación ya presentada.
Esto, para mejorar los protocolos y la respuesta del Ejecutivo ante las emergencias de modo que esté claro el rol de cada agencia en atender las necesidades del pueblo. En particular, lo que son los inventarios de los almacenes, cómo deben mantenerse para que no se pierdan y quién debe ser el responsable de este inventario.
“La próxima etapa de la investigación va a estar dirigida a la reconstrucción; vamos a estar estudiando cómo el gobierno se ha estado preparando para ayudar a los gobiernos municipales de la zona en el proceso de reconstrucción, con todo lo que tiene que ver con los pequeños y medianos negocios, las viviendas privadas y públicas, la infraestructura de carreteras, y las utilidades, específicamente lo que está pasando con la planta de Costa Sur”, afirmó el presidente de la Comisión. INS
P. Rico-Coronavirus/Impacto económico del Covid-19 en el país sobrepasa los seis mil millones de dólares
San Juan, 21 may (INS).- El subdirector de Asuntos Legales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Hecrian Martínez, informó ayer que el impacto económico del Covid-19 en el país sobrepasa los seis mil millones de dólares.
Así lo aseguró durante una audiencia pública celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado, que dirige la senadora Migdalia Padilla Alvelo.
“Se estima que el impacto acumulativo del Covid-19 sobre la economía de Puerto Rico asciende a 6.6 mil millones. Ese impacto se distribuye, aproximadamente, en 800 millones durante el año fiscal 2020 y 5.8 mil millones en el año fiscal 2021. Además, para estimar el impacto económico de la crisis de salud pública, el plan fiscal 2020 incluye un análisis detallado sobre desempleo. El aumento de las solicitudes iniciales de desempleo durante las siete semanas desde que comenzó el cierre hasta la presentación se usó para estimar las solicitudes adicionales totales”, explicó Martínez.
Añadió que “la proyección económica supone que las actividades económicas estarán detenidas por 2.5 meses y una reapertura gradual basada en la tasa a la que disminuyeron las solicitudes de desempleo después de los huracanes de 2017”.
Mientras, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, que evalúa el presupuesto para el año fiscal 2020-2021, comentó lo “difícil que es hablar de un presupuesto de gastos en mayo, en momentos no atípicos en los que estamos y que no se ha dado un proceso normal”.
“Pero nos queda a nosotros como legisladores, saber más allá de lo que es el presupuesto, determinar la necesidad de hacer los ajustes necesarios, especialmente la Asamblea Legislativa con el equipo económico de la gobernadora y que ustedes entiendan que no están solos. Tenemos el deber ministerial de estar en comunicación directa con el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y como se va a presentar el presupuesto consolidado del próximo año fiscal”, declaró Padilla Alvelo.
De acuerdo con la Aafaf, el proyecto presentado asciende a 17,124 millones de dólares de los cuales 9,062 millones son con cargo al Fondo General mientras que 8,062 surgen de Fondos de Ingresos Especiales.
Pero, resalta, sin embargo, “que, a tenor con Promesa, se requiere que la JSF certifique un plan fiscal como paso previo a certificar un presupuesto”.
La JSF por su parte tiene un presupuesto propuesto de 15,618, lo que conlleva una diferencia en comparación al propuesto por el gobierno de 1,506 millones menos.INS
ndc