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San Juan, 10 may (INS).- Tras la publicación del informe de la Comisión de Salud que investiga la compra de pruebas de Covid-19, el representante Denis Márquez Lebrón divulgó hoy su propio informe, que concluye que las acciones de los funcionarios fueron un claro esquema de corrupción pública fundado en el clientelismo político e identifica posibles delitos de conspiración y perjurio.
Sobre las posibles violaciones contenidas en el informe de Márquez Lebrón se concluye en la posible comisión de delito de conspiración en el caso de los testimonios de Adil Rosa Rivera, Mariel Rivera Rivera, Mabel Cabeza y Segundo Rodríguez.
El legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) recomienda, además, que se añada a los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado por la supuesta comisión del delito de perjurio.
“El informe que publicamos hoy concluye y reitera aspectos que hemos denunciado por años como el del germen del inversionismo político que promueve, como hemos atestiguado en todas las vistas de las pruebas Covid-19, nombramientos de funcionarios sin la preparación o experiencia necesaria simplemente porque pertenecen al partido en el poder”, expresó Márquez Lebrón.
El informe, denominado “Informe de la delegación del PIP en torno a la Resolución de la Cámara 1741”, concluye, además, “la ausencia intencional y negligente en sus funciones del pasado secretario de Salud, doctor Rafael Rodríguez y las omisiones y negligencias de la entonces subsecretaria, doctora Concepción Quiñones de Longo”.
También, la falta en su función ministerial de la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris E. Santos, “quien no veló por el cumplimiento responsable del proceso de compra o contrataciones de las agencias, no requirió informes ni estableció los controles necesarios”.
Y, por último, el administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar Chávez Piñero, porque “incumplió con la Ley de Compras y negligentemente ha ‘arrastrado los pies’ en la aprobación de un reglamento de compras”.
Otro aspecto fundamental del informe de Márquez Lebrón es la urgente necesidad de una reestructuración y reorganización del Departamento de Salud (DS) y la actualización de la Ley de Epidemias y la Ley Orgánica del DS.
“Con una Ley Orgánica renovada y actualiza y con un DS exento de politización no sería necesario, en caso de emergencia, nombrar a un grupo externo que provoque confusiones sobre a quién le toca cuál responsabilidad al momento de atender una emergencia de manera efectiva”, apuntó Márquez Lebrón.
Agregó que, “más importante aún, es la transformación del actual sistema de Salud mediante la implementación de un plan de salud universal, con pagador único, que elimine a los intermediarios al momento de brindar servicios de salud, que cobije a todas las personas por igual y que nadie quede sin cobertura”.
“Un sistema de salud que trabaje con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, eliminando el lucro; que tenga la visión de la salud, como lo que es, un derecho humano”. A tales efectos Márquez Lebrón emplazó para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1253, de su autoría, para esos fines. INS
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