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San Juan, 19 abr (INS).- El presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Eduardo Berríos Torres, señaló que con el veto expreso a la resolución conjunta 655, “la gobernadora traerá la insolvencia y extinción del fideicomiso del Plan de Pensiones de la UPR, pone en peligro las pensiones de 19 mil puertorriqueños, afecta la estabilidad fiscal de la UPR y su viabilidad futura”.
Según Berríos Torres, la gobernadora Wanda Vázquez Garced “acaba de evidenciar que es aliada de la Junta de Control Fiscal y con su veto le da carta abierta a la junta de gobierno de la UPR para que tome ‘aquellas medidas que entienda necesarias’ con el pretexto de respetar la autonomía universitaria”.
“Sabemos que las medidas de la junta de gobierno, cuya mayoría de sus miembros son nombrados y responden al gobierno de turno, no garantizarán un plan de pensiones ‘robusto y seguro’, como expresa en su veto la mandataria. Al contrario, las medidas que promueve -a requerimiento de la Junta de Control, bajo cualquiera de los seis modelos de congelación propuestos- causarán la ruina del fideicomiso y la desaparición del Plan de Pensiones-UPR”.
Agregó que “lo que la gobernadora aparentemente desconoce es que el Plan de Pensiones-UPR es un fideicomiso, una entidad jurídica con un patrimonio separado de la UPR. La junta de gobierno no es su cuerpo rector sino la Fiduciaria, que constantemente infringe su deber de fiducia, al no administrarlo de buena fe, con lealtad absoluta a los intereses de los fideicomisarios y actuando únicamente en su beneficio”.
“La mandataria parece estar ajena a que la junta de gobierno ha sido ordenada por sentencia emitida en el Caso Civil SJ2018CV09660 del Tribunal de San Juan a cumplir la ‘responsabilidad de procurar la mayor estabilidad económica para el fideicomiso, lo que incluye buscar alternativas para lograr el pago total de las aportaciones patronales, en beneficio a los fideicomisarios’”.
Añadió que, pese al dictamen del Tribunal, el Plan Fiscal UPR 2020-2024 recién presentado por la UPR a la Junta de Control “desacata el dictamen del Tribunal perdonando el pago de la deuda actuarial y aportaciones patronales a la UPR; e induciendo a la congelación del Plan de Pensiones-UPR vigente, que provocará la extinción de su fideicomiso”.
Insistió Berríos Torres en que, de aprobarse la congelación del Plan de Pensiones-UPR vigente, la frágil estabilidad financiera de la UPR continuará debilitándose, arriesgando su acreditación. Se obligará a la UPR o al gobierno de Puerto Rico a destinar en fondos cerca de 500 millones de dólares anuales para el pago de pensiones de la UPR que durante 70 años ha pagado el fideicomiso del Plan Pensiones-UPR”.
Recordó que el estado financiero auditado del fideicomiso, a junio de 2018, “refleja una posición neta positiva y ganancias millonarias en sus inversiones”.
“Las dificultades financieras de la UPR son provocadas por su administración inadecuada, el reiterado incumplimiento por décadas con el pago de las contribuciones patronales requeridas al fideicomiso del Plan de Pensiones-UPR, la política fallida de reducción en reclutamiento y la aceptación de recortes presupuestarios requeridos por la Junta de Control, sin defensa alguna, entre otros”, argumentó.
A su juicio, “erra la gobernadora al describir el rendimiento de la cartera de inversiones del fideicomiso del Plan de Pensiones-UPR, limitando su explicación al resultado de meses recientes y concluyendo que ha sido menor a lo proyectado… Nada más lejos de la realidad”.
Añade: “El rendimiento de la cartera de inversión del fideicomiso durante los pasados cinco años ha sobrepasado el ‘benchmark’ del mercado y generado ganancias millonarias (205 en el 2014; 74 en el 2015; 54 en el 2016; 141 en el 2017 y 113 en 2018); según certificado por informes trimestrales de la firma Callan, LLC y constatado en los estados financieros auditados del fideicomiso para esos años”.
Berríos Torres señaló que “no permitiremos que el destino de las pensiones de 19 mil puertorriqueños quede en manos del ente que ha quebrantado a la UPR. Acudiremos nuevamente a la legislatura para solicitarle la aprobación de la Resolución Conjunta 655 sobre el veto de la gobernadora, en un claro repudio a la agenda de la Junta de Control de recortar pensiones gubernamentales y en defensa de las pensiones en la UPR”. INS
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