San Juan, 30 mar (INS).- El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, hizo un referido al Departamento de Justicia para que se investiguen los señalamientos realizados por la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, tras su salida del gobierno.
“Entre los fuertes señalamientos vertidos por la doctora Quiñones de Longo estuvo el mal manejo de las pruebas de Covid-19 en medio de la crisis, en el que la funcionaria de Fortaleza, Mabel Cabeza, quien fue despedida del Departamento de Salud y luego nombrada por la propia gobernadora supuestamente alteró el proceso de recibir e inventariar 500 pruebas de coronavirus ordenadas por Salud”, afirmó.
“Esta acción es contraria a las regulaciones vigentes del propio Departamento. Posteriormente, los medios de comunicación han reseñado que las referidas pruebas estaban intencionadas para otorgárselas como privilegio a algunos políticos, familiares y amigos”, sostuvo Hernández Montañez en el referido.
Otro de los fuertes señalamientos de la exsecretaria del Departamento de Salud fue la intromisión indebida de parte del task force “hasta el punto de tomar acciones y facultades que sólo son inherentes del cargo de secretario de Salud”.
El representante dejó claro el reconocimiento del valor incalculable que tiene el componente médico del task force y el pueblo puertorriqueño, así como su agradecimiento del que se hayan hecho disponible en medio de la emergencia.
No obstante, aclaró que, como todo ente, debe regirse por la orden ejecutiva por la que fue creado.
“La orden ejecutiva 2020-026 le confiere al task force médico las funciones en conjunto con el Departamento de Salud y estaría a cargo de las evaluaciones, investigaciones y planes estratégicos, así como asesorar a la gobernadora y a la secretaria de Salud, sin embargo, tenemos evidencia que hacían más que lo dispuesto”, apuntó Hernández Montañez.
El político compartió una carta enviada por la secretaria auxiliar, Adil M. Rosa, certificando a la compañía Quest Diagnostics, Inc. que los 500 test kits fueron llevados al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) a solicitud del doctor Segundo Rodríguez, jefe del task force.
“Solamente pedimos aclarar la situación, que todo el personal a cargo se rija por las leyes establecidas y que se garantice una sana administración de los recursos públicos durante la emergencia”, añadió.
Según el legislador, de las expresiones de la exfuncionaria se desprende la posible violación de los artículos 252, 254 y 264 de la Ley 146-2012, según enmendada del Código Penal de Puerto Rico (aprovechamiento ilícito de los trabajos o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y malversación de fondos públicos).
“Este asunto debe ser atendido con la debida diligencia y responsabilidad que amerita, ya que se trata de mala administración gubernamental y mal uso recursos públicos destinados para salvaguardar la salud de los puertorriqueños. Más aún cuando actualmente en Puerto Rico existe la escasez de las pruebas del coronavirus Covid-19”, sostuvo Hernández Montañez.
Del mismo modo, informó que presentará una resolución para ordenar a la Comisión Salud de la Cámara realizar una exhaustiva y cabal investigación sobre las irregularidades en el gobierno en relación con la compra y utilización de las pruebas para el diagnóstico de Covid-19, así como las fuertes declaraciones vertidas por la exsecretaria interina del Departamento de Salud. INS
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