San Juan, 27 mar (INS).- Un 64% de los estudiantes del sistema educativo público no tienen a una computadora en sus hogares, arrojó un censo efectuado por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), en el cual participaron más de 2,500 maestros y unos 2,000 padres, madres y encargados.
Muchos cuentan con celulares con limitado acceso a internet; otros no tienen celulares con internet, lo que representa un obstáculo para participar de programas de educación a distancia en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo.
Esto coincide con el dato de que más de un 56% de los niños en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza, lo que limita tener disponible recursos tecnológicos, de acuerdo al más reciente Perfil de los Niños y las Niñas en Pobreza del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), publicado en octubre de 2019.
Las organizaciones magisteriales respaldaron que se destinara 250 millones dólares para la compra de equipos a maestros y estudiantes, pero cuestionaron la falta de información sobre el proceso de subasta, adquisición, programación y entrega de las computadoras.
El censo efectuado reveló que el 30% de los maestros no tienen computadoras.
Por estás limitaciones, la FMPR y Unete, junto a otras organizaciones comunitarias y de madres y padres de estudiantes con diversidad funcional, respaldaron la Resolución Conjunta de la Cámara 646, presentada por el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), para que se utilice la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) en el ofrecimiento de educación a distancia mientras transcurra la crisis epidémica de Covid-19.
Se utilizarían las estaciones de televisión, radio y plataformas de internet para difundir el material educativo, medios más accesibles a la población estudiantil.
Calificaron de “una irresponsabilidad con los niños” que la Cámara de Representantes haya dejado fuera de su consideración la medida.
Las líderes de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, y Unete, Liza M. Fournier, indicaron que “no es momento de jugar a la política con la educación de nuestros estudiantes”.
Recordaron que los niños y jóvenes han perdido mucho tiempo lectivo no solo por esta emergencia, sino por los sismos que afectaron a Puerto Rico a principios de año.
“El proyecto 646 está diseñado para garantizar el acceso de los estudiantes a su educación. Las organizaciones magisteriales estamos en la mejor disposición de colaborar en el diseño de los cursos a ofrecerse”, dijeron las gremialistas.
El 31 de marzo se reanuda la sesión legislativa y las organizaciones magisteriales prometieron estar alertas para impulsar la consideración y aprobación de la medida.
Exhortaron a los legisladores a convertirse en coautores de la legislación presentada por el representante Márquez Lebrón y aprobarla fuera de líneas partidistas.
Pidieron, además, la intervención de la gobernadora Wanda Vázquez Garced “para lograr hacer justicia educativa a los estudiantes”. INS
ndc
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