Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 19 mar (INS).- El exgobernador Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), ofreció hoy “un consejo de buena fe” para que se ponga a funcionar el helicóptero ambulancia que se convirtió en eje de una litis con visos políticos impulsada por sectores del Partido Nuevo Progresista (PNP) con el respaldo de la fiscalía federal.
Luego de que en la víspera un jurado federal absolviera al expresidente de la empresa Ecolift Ernesto Digregorio de un presunto esquema de fraude de 7.7 millones de dólares en la venta de un helicóptero al Departamento de Salud para ser utilizado como ambulancia aérea, García Padilla emitió una declaración en la que sostuvo que no se quiso expresar antes sobre el asunto porque “respeto absolutamente los procesos judiciales, el trabajo de los fiscales y de los abogados de defensa”.
Curiosamente, al culminar el proceso judicial, en el juez federal Gustavo Gelpí emitió una absolución a la fiscalía federal al sostener que presentó este caso sin mala fe, lo que llamó la atención de prominentes letrados que postulan en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
“El helicóptero ambulancia cuya compra ordené, se podía utilizar desde el mismo día que se anunció. Como se utilizaría bajo el concepto de aeronave pública, podía utilizarse y personalmente corroboré ese dato en la FAA en Washington”, aseguró García Padilla sobre uno de los extremos del conflicto.
El exmandatario sostuvo en la declaración recibida en la redacción de la agencia Inter News Service (INS) que, “de acuerdo a como lo expliqué en la conferencia de prensa anunciándolo, el Estado debía solicitar posteriormente una certificación particular de la FAA (la 135), para poder cobrar a los planes médicos por los vuelos que el helicóptero diera sirviendo a los beneficiarios de los planes”.
“Ese proceso dura entre 6 a 18 meses, pero en ese plazo, el helicóptero estaría operando, por menos costo de lo que cobra la empresa privada contratada. La nueva administración (del destituido gobernador Ricardo Rosselló Nevares) decidió no solicitarla. Aún así, podían usarlo como aeronave pública. Es una de esas ocasiones donde sale más económico que el servicio sea público”, refirió.
García Padilla afirmó que el costo del helicóptero se recobraba en sólo dos años y medio, pues la empresa privada que hace el servicio, le cobra al gobierno más de 3 millones de dólares al año, un costo fijo aunque no se utilicen los servicios de esa compañía.
“Es decir, aunque no vuelen, cobran. Precisamente por su altísimo costo y porque la compañía privada contratada amenazó y luego efectivamente suspendió el servicio al serle impugnada unas facturas, es que decidí no depender de la empresa privada para ese servicio esencial. Además, al suspender el servicio por solicitarles que justificaran unas facturas, ponían en peligro las asignaciones de fondos federales de salud a Puerto Rico, que exigen como condición, la disponibilidad de ese servicio de ambulancia aérea” relató.
El exgobernador García Padilla argumentó que al llegar la nueva administración del PNP en 2017 decidieron no utilizar el helicóptero y continuar pagando a la empresa privada.
“El helicóptero no fue asignado a otras funciones, se llevó a un hangar en Ponce, y allí está, listo para ser puesto al servicio del pueblo. Este es uno de esos temas donde la politiquería nubló muchos pensamientos y el afectado fue el que paga por el servicio que podría ser gratuito: el pueblo de Puerto Rico”, agregó.
García Padilla sostuvo que “cuando llegué a Fortaleza, FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción) tenía un sólo helicóptero y 35 pilotos. Cuando me fui, tenía 9 helicópteros, 2 aviones y estaba lista para operar el helicóptero ambulancia para el Departamento de Salud. Las estadísticas del trabajo de FURA mejoraron dramáticamente”.
Insistió en ofrecer al gobierno “un consejo de buena fe: pongan a funcionar ese helicóptero al servicio del país”. INS
ndc