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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 26 ene (INS).- Los anexionistas denotan una gran torpeza política al seguir insistiendo en estos momentos en un plebiscito de Sí o No por la estadidad como parte de las elecciones generales de noviembre del 2020.
Una cada vez más intrincadas trabas burocráticas de las autoridades federales estadounidenses en el desembolso de los fondos de ayuda asignadas a Puerto Rico para mitigar el desastre del huracán María y la catástrofe de los terremotos recientes, es un factor potencial contra la estadidad en el plebiscito propuesto.
No siendo vinculante para el Congreso estadounidense ni para ninguna instancia de poder en Washington, el plebiscito resulta ser una futilidad y un gasto innecesario para el gobierno de Puerto Rico, sumado al gasto per sé de los comicios de noviembre, en momentos de crisis para Puerto Rico. Y para colmo, lo que se perfila es una derrota para la estadidad, contrario a la intención que persiguen los anexionistas que controlan la presente administración de gobierno.
El resultado de estas trabas burocráticas federales ha sido la ralentización en el desembolso de las ayudas a Puerto Rico y predomine la indignación entre los puertorriqueños, al catalogarse de discriminación en contra los puertorriqueños.
No es sostenible aducir que bajo las actuales circunstancias de ineptitud gubernamental demostrada en el manejo de las emergencias y la administración de desastres la estadidad habrá de evitar la imposición de trabas burocráticas de control federal para atajar el mal manejo de las partidas de dinero asignadas.
Ciertamente, lo que analistas políticos perciben es que la aspiración de estadidad no se encuentra en su mejor momento, máxime cuando el partido advenido a la administración de gobierno que promulga la anexión está en entredicho ante el negligente manejo de la crisis creada por los eventos catastróficos de este cuatrienio.
Un plebiscito de estadidad sí o no tendría dificultades electorales favorecedoras, teniendo en cuenta que la administración de gobierno en el poder que aboga por esa opción política ha tenido dificultades para lograr un acuerdo con FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) sobre los estimados de costos que expedite las obras permanentes de reconstrucción de infraestructura pública con fondos federales de la Sección 428 de la Ley Stafford, cuyo monto ronda los $40,000 millones. Con el desacuerdo se ha obstruido obras públicas de reconstrucción del sistema de energía eléctrica y de carreteras, entre otra infraestructura.
Ahora, la Casa Blanca ha condicionado los fondos de recuperación para Puerto Rico que están, además, pendientes en el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, siglas en inglés), interponiendo como restricción que la Junta de Control Fiscal certifique y supervise el uso de los fondos.
Además, que a los obreros en los proyectos de construcción financiados con fondos federales se les pague menos de 15 la hora, contrario a una orden ejecutiva del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y crear un nuevo sistema de registro de propiedad que evite el fraude.
Será sumamente cuesta arriba para los partidarios de la anexión distender la animosidad de los puertorriqueños en el lapso que resta hasta las elecciones hacia las instancias gubernativas federales por las actuales trabas burocráticas que ralentizan y obstaculizan el desembolso de ayudas federales para mitigar los eventos catastróficos recientes. Algo que pudiera muy bien trocarse contra la estadidad en el plebiscito. INS
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