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San Juan, 19 ene (INS).- La organización sin fines de lucro Kilómetro Cero exigió hoy que se detenga la “criminalización de las acciones ciudadanas de supervivencia y reivindicación de justicia de personas vulnerables y con necesidades básicas a raíz de la emergencia por los sismos en el sur del país”.
Esto, a raíz de que personas encontraron ayer en Ponce un almacén lleno de suministros de primera necesidad sin repartir desde tiempos del huracán María y por la noche procedieron a abrirlo y repartir los pertrechos entre ciudadanos.
“Lo que estamos viendo en los almacenes de suministros escondidos y que ahora son custodiados por agentes armados es un gobierno (incluyendo el federal) que aborda las emergencias con pánico policíaco, como si fuera un momento de peligro social en lugar de vulnerabilidad y necesidad extrema”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
Agregó que “el país necesita vivienda, auxilio, protección, catres, alimentos ahora y el Estado responde con represión, impidiendo que la gente obtenga lo que en justicia le corresponde e intentando provocar miedo y desincentivando la expresión y movilización de aquellos que levantan los reclamos de justicia, compasión y rendición de cuentas gubernamental de todo un país”.
La organización enfatizó que acusar a la ciudadanía de escalamiento, “saqueo” y negarle su derecho a sus suministros de emergencia “es un acto oficial de represión y violación a la dignidad y a otros derechos humanos básicos como la alimentación, la salud y la vivienda”.
“Lo que hicieron los residentes del sur se llama acción ciudadana, se llama supervivencia, justicia y reivindicación del pueblo ante un gobierno criminal que deja a su gente morir y pasar necesidades básicas a semanas de una emergencia”, dijo Mari Narváez.
Añadió que “fue impresionante la entereza de las personas que llegaron ayer a ese almacén. En cualquier parte del mundo, en una situación extrema como esa, la gente se hubiese llevado todo sin organización alguna. Allí la preocupación de todos era cómo hacerle llegar al pueblo lo que es suyo y el Estado, por vía de la Policía, lo que hizo fue volver a negarle a la gente un catre, un toldo, una caja de agua”.
La organización también anunció que publicó un cuestionario en su lugar web (www.kilometro0.org) para documentar casos de personas que hayan sido víctimas de exceso de uso de fuerza por agentes de ley y orden durante la emergencia decretada en enero 2020 debido a la actividad sísmica, y que monitoreará acciones de agentes federales con poderes extraordinarios bajo la emergencia.
“La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó hace días la orden ejecutiva 2020-004 que le permite solicitar la activación de cualquier tipo de oficiales federales de ley y orden que ayuden a ‘responder’ a la emergencia en Puerto Rico”, recordó Kilómetro Cero.
Añadió que “estos ‘cuerpos de paz’ compuestos por agentes armados, sin duda parten de una lógica que sugiere que las emergencias por desastres naturales implican un aumento en los peligros para la seguridad pública, noción que no está apoyada en el análisis de datos de experiencias pasadas, sobre todo en el caso de Puerto Rico”.
A juicio de la entidad, “con esta activación los funcionarios federales podrán actuar con poder legal extraordinario, más allá del ámbito federal en el que cada uno se destaque. Tendrán los mismos poderes de ley y orden que la Policía, incluyendo delitos estatales graves, menos graves, faltas administrativas, etcétera”.
“Kilómetro Cero está colaborando en el monitoreo y documentación de estas intervenciones problemáticas o ilegales y aboga por el respeto de la integridad física, las libertades civiles, la dignidad y los derechos humanos de las personas vulnerables durante esta y cualquier otra emergencia”, explicó la directora ejecutiva de la organización cívica.
Dentro del gobierno federal hay varias agencias con poder de arresto, como el FBI, los US Marshalls, la DEA, el Servicio Secreto, el Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), los investigadores postales, los oficiales de Corrección, la Guardia Costera, los US Park Rangers, la Patrulla Fronteriza (Border Patrol e ICE) y la Policía Militar (MP).
Personal y recursos de estas agencias puede ser activado cuando un gobierno local decreta un estado de emergencia y solicita apoyo del gobierno federal cuando sus recursos no son suficientes. Las leyes Stafford y Eflea permiten la activación de agentes de ley y orden federal durante emergencias.
Para Kilómetro Cero, “dotar a agentes de ley y orden federal con autoridad legal para efectuar arrestos bajo delitos cobijados en leyes estatales no es un tema nuevo. Sin embargo, aún trae consigo grandes problemas de ejecución. Los integrantes del cuerpo podrán ser agentes de cualquier agencia federal que faculte a sus funcionarios a portar armas y arrestar ciudadanos en el cumplimiento de sus funciones”. INS
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