P. Rico-Declaración de desastre mayor, pero con restricciones de uso (análisis)

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 17 ene (INS).- El presidente Donald Trump firmó la declaración de desastre mayor para seis municipios del sur de Puerto Rico afectados por la actividad sísmica que azota a Puerto Rico, pero impone un monitor federal y una serie de restricciones para su uso.

Las restricciones impuestas por el Presidente estadounidense condicionan los fondos de recuperación para Puerto Rico a que la Junta de Control Fiscal supervise el uso de los fondos.

Además, que a los obreros en los proyectos de construcción financiados con fondos federales se les pague menos de 15 dólares la hora (contrario a una orden ejecutiva del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares) y crear un nuevo sistema de registro de propiedad que evite el fraude.

La declaración de desastre mayor fue firmada una semana y media después de los dos más fuertes terremotos del enjambre sísmico que han causado graves daños a cientos de estructuras y dejado a miles de desplazados en los municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Utuado y Yauco.

Este tipo de declaración de desastre permite a los damnificados solicitar asistencia individual mediante el Programa de Asistencia Individual (PAI), incluyendo a propietarios de viviendas temporeras. De igual manera, en las categorías A y B incluidas habrá reembolsos por gasto en la remoción de escombros y se asignan fondos para los trabajos de salvar vidas antes, durante y después de un evento catastrófico, proteger la salud y la seguridad públicas, y prevenir daños a propiedades públicas y privadas.

Queda, asimismo, cubierta con la asistencia subsidios para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre.

La madeja burocrática de restricciones impuestas a Puerto Rico por la administración Trump para el desembolso y uso de los fondos asignados para la reconstrucción de la infraestructura tras la devastación del huracán María mantiene detenido su desembolso a más de dos años del paso del ciclón tropical.

Se interponen trabas burocráticas por el presidente Trump al uso de los 8,285 millones de dólares del programa de desarrollo comunitario (CDBG-DR) para atender el anterior desastre de María mediante proyectos de mitigación que ni el gobierno de Wanda Vázquez Garced en Puerto Rico ni la comisionada González Colón logran destrabar.

Ben Carson, secretario de HUD en Washington, dice haber autorizado el uso de 8,221 millones de esos fondos CDGB-DR desde febrero de 2019. De esos fondos, han estado disponibles desde mediados de febrero de 2019, unos 1.507 millones de dólares, pero el gobierno de Puerto Rico tan sólo ha utilizado 10.8 millones, atribuibles a su ineficiencia administrativa.

En medio de esa madeja de restricciones burocráticas federales, hay un pueblo devastado por eventos catastróficos de la naturaleza que espera ansioso por ayuda del gobierno. INS

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