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San Juan, 22 nov (INS).- David González Montalvo, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), alertó hoy sobre implicaciones de algunas enmiendas técnicas aprobadas en la reforma contributiva durante la sesión legislativa terminada el pasado martes, y que a su juicio “fueron introducidas a última hora y de forma atropellada sin antes haber sido discutidas en vistas públicas”.
El proyecto, de más de 200 páginas, fue aprobado durante el último día de sesión, el 14 de noviembre, con enmiendas en sala por parte del Senado, por lo que tuvo que llevarse a Comité de Conferencia, cuya fecha límite para emitir informes era el 19 de noviembre.
“Muchas de las enmiendas incluidas dentro del proyecto inicial habían sido discutidas y analizadas. El problema es que durante la última noche se incorporaron muchos cambios que no fueron previamente discutidos y que afectan lo que ya había sido aprobado como parte de la reforma contributiva. En algunos casos se enmendaron incisos que, por su naturaleza y sus implicaciones, ameritan aclaración y análisis”, denunció González.
El dirigente explicó que uno de los cambios establece que en el caso de individuos con un volumen de negocios menor de 750 mil dólares, pueden optar por someter junto a la planilla una certificación firmada por la nueva figura creada como parte de las enmiendas, de un contador especialista en planillas.
Este debe cumplir con los requisitos dispuestos en la sección 6074.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, en sustitución del Informe de Procedimientos Previamente Acordados o Informe de Cumplimiento preparado por un Contador Público Autorizado.
“En este caso, el Departamento de Hacienda había logrado incluir en la reforma que un CPA, con licencia vigente, emitiera un informe con el que pudiera tener la certeza de que ciertos gastos que no estén reportados en informativas puedan ser utilizados como deducción, cuando no hubiera estados financieros auditados”, señaló.
El Departamento de Hacienda, al tener sus recursos de fiscalización limitados, buscaba delegar en un tercero la función de validar los gastos a través de un CPA. Solo un CPA licenciado tiene la autoridad legal de emitir este tipo de informes, autoridad de la que carece un contador no CPA o un contador especialista en planillas que no sea CPA, según dictamina la Ley de Contabilidad.
“Por lo tanto, con esta medida se pierde el propósito del trabajo que este tipo de especialista realmente le pueda proveer a Hacienda”, afirmó el presidente del CCPA.
Aparte, González Montalvo denunció que también se aprobó el Entirillado del Informe de Conferencia del P. de la C. 2172 por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes.
Allí se incorporó un lenguaje adicional que establece, en lo pertinente, que para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2018, cuando el volumen de negocios sea de tres millones o más, y no exceda 10, el contribuyente podrá optar por someter un Informe de Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance Attestation) realizado por un CPA en lugar de los Estados Financieros auditados.
Entre los cambios también se establece que el requisito de acompañar estados financieros auditados con la planilla aplicará a contribuyentes con volumen de ingreso de $10 millones o más, lo que es un incremento significativo al comparar con los tres millones de volumen de ingreso previamente aplicables.
“Estos cambios fueron incorporados durante la noche, justo antes de aprobarse el proyecto, sin haber sido informados ni consultados, y sin que mediara ningún tipo de análisis o estudio a pesar de la magnitud de las implicaciones que puede tener esto para la fiscalización de los recaudos del Departamento de Hacienda y de cómo pudieran afectar las proyecciones del Plan Fiscal en vigor”, advirtió González.
Agregó que “esta acción le quita fuerza de fiscalización al Departamento de Hacienda y podría resultar en mayor evasión contributiva, afectando adversamente la confiabilidad y estabilidad del entorno económico de Puerto Rico”. INS
aa