Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 22 de octubre de 2019
P. Rico-Logra la Utier devuelvan licencia de accidentes a los celadores
San Juan, 22 oct (INS).- El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, anunció que la Cámara de Representantes aprobó unánimemente el proyecto del Senado 1402, presentado la pasada semana después que el gremio estableciera un campamento frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, para que se le devolviera la licencia de accidentes a los celadores.
El proyecto que beneficia a los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue aprobado y pasó a la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que, según se comprometió la secretaria de la Gobernación, Zoe Laboy, lo firmaría tan pronto llegara a su despacho.
“Este gran triunfo adelanta un poco la justicia que necesitan los celadores y abre paso a que se den las condiciones que se necesitan para detener la fuga de este talento tan necesario para el país”, dijo Figueroa Jaramillo.
El proyecto aprobado en la Cámara devuelve a los trabajadores de alto riesgo, como los celadores de línea de la AEE, policías, bomberos, agentes de custodia, trabajadores de las centrales generatrices, entre otros, la licencia de accidentes que fue congelada con la aprobación en 2014 de la ley 66, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
“Esta licencia es vital para cada uno de los trabajadores porque les permite recibir un dinero mensual mientras se recuperan. El pueblo vio en las pasadas semanas cuán difícil es para un celador recuperarse de un accidente”, dijo el presidente de la UTIER.
Destacó que Puerto Rico conoció el proceso de recuperación del celador de líneas Héctor Yamal O’Neill Vázquez, quien perdió su brazo luego de recibir una descarga eléctrica el pasado enero, y quien ahora podrá recibir un dinero mensualmente al devolverle esta licencia.
“Nuestro agradecimiento al presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) por presentar el proyecto y a los demás legisladores por apoyarlo y nuestro llamado a la gobernadora Wanda Vázquez a que (lo) firme para que se convierta en ley lo más pronto posible”, reiteró Figueroa Jaramillo. INS
P. Rico-Pretende Junta de Gobierno de la UPR reformar el retiro sin realizar estudios actuariales
San Juan, 22 oct (INS).- La Junta de Gobierno de la de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se propone reestructurar el sistema de retiro de los empleados, sin la realización de estudios actuariales, denunció hoy el doctor Eduardo Berríos Torres, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (JR-UPR).
El Comité de Asuntos de Retiro de la Junta de Gobierno-UPR (Comité de Retiro JG-UPR) solicitó al director ejecutivo del Sistema de Retiro peticionar cinco estudios actuariales, fundamentados en las alternativas para reestructurar el Plan de Retiro-UPR recomendadas por la compañía BDO Puerto Rico en su informe final entregado en agosto 2019 para reestructurar el Plan de Retiro-UPR.
“Los cinco estudios actuariales solicitados por el Comité de Retiro JG-UPR, el pasado 11 de octubre, incluyen un escenario para mantener el plan de retiro actual, sin congelación ni cambios en beneficios”, explicó Berríos Torres, quien explicó que la solicitud del Comité de Retiro JG-UPR no contempla el impacto actuarial a la capacidad de pago a futuro, a la sostenibilidad y perpetuidad del Fideicomiso de Retiro, ni a la estabilidad financiera de la institución académica.
Destacó que esta petición equivale al Estudio Actuarial Anual que se solicita al actuario del Sistema de Retiro el cual fue entregado el 15 de julio de 2019 y refleja que a la UPR le corresponde realizar una aportación patronal de 24.17 por ciento, equivalente a 153 millones de dólares.
Un punto para resaltar de esta petición, dijo Berríos Torres, es que el 27 de marzo de 2019 la JG-UPR redujo a 0% la premisa actuarial de aumento en nómina, acción que provocó un aumento de 371 millones de dólares en la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro-UPR, que en 2017 era 1,435 millones de dólares y en 2018 aumentó a 1,801 millones.
“Este escenario, al igual que los restantes cuatros estudios, solicitan se considere un 1% de aumento en la nómina anual, recomendación que la Junta de Retiro le había notificado a la JG-UPR en marzo 2019”, destacó Berríos Torres.
Cuatro de los escenarios solicitados al actuario del Sistema de Retiro, contemplan congelar el plan de retiro vigente y adoptar uno de contribución definida –tipo cuenta de ahorro.
Además, incluyen las siguientes opciones: ventanas de retiro; transferencia de fondos a un plan de contribución definida; congelación de beneficios; aumento en la contribución de los participantes, aumento en la edad de jubilación de 58 a 65 años de edad para todos los empleados y una reducción en la base cotizable para las pensiones del 75% a 55%. También incluyen reducir las pensiones a un máximo de 8.5% de los beneficios mensuales de jubilación, para las pensiones mayores para dos grupos, los que reciben 1,200 o 2,000 dólares mensuales.
Berríos Torres explicó que los cuatro escenarios que congelan el plan de retiro vigente y adoptan un plan de retiro de contribución definida también incluyen amortizar la deuda actuarial a 30 años, recomendación ofrecida por el actuario del Sistema de Retiro y la Junta de Retiro desde 2015 y la eliminación del beneficio de préstamos.
La propuesta de eliminar el beneficio de préstamos, dijo, demuestra un claro desconocimiento de cómo funciona el Plan de Retiro-UPR, porque los préstamos representan uno de los ingresos que favorecen la sostenibilidad del Fideicomiso de Retiro.
“Las opciones de ventanas de retiro y transferencia de fondos del Fideicomiso de Retiro-UPR a una cuenta de contribución definida son decisiones que aumentarán drásticamente la deuda actuarial de la UPR, pues se acelerará su insolvencia.
“Colocan la estabilidad financiera de la UPR en riesgo al incrementar su aportación patronal al Fideicomiso de Retiro-UPR y al requerir subsidiar 500 millones de dólares para el pago de las pensiones”, destacó Berríos Torres al advertir que ante una insolvencia, la UPR obligará al gobierno y los contribuyentes a cubrir el pago de las pensiones de los jubilados de la casa de altos estudios.
El presidente de la Junta de Retiro de la UPR señaló que la JG-UPR conoce el impacto negativo de congelar el plan de retiro vigente y sustituirlo por uno de contribución definida. Sin embargo, dijo, siguen ignorando las recomendaciones de su actuario y de la Junta de Retiro e insisten en reestructurar el Plan de Retiro-UPR.
“La JG-UPR, a través de la presidenta del Comité de Asuntos de Retiro, la licenciada Zoraida Buxó, después de autorizar un desembolso de 500 mil dólares del presupuesto de la UPR, contratando a la firma de auditoria BDO, que a todas luces no produjo alternativas viables, ahora quiere, que el actuario del Sistema de Retiro le valide los resultados de los escenarios propuestos en las alternativas recomendadas por BDO”, afirmó Berríos Torres.
La Junta de Retiro emplazó al presidente de la JG-UPR, Walter Alomar y a Buxó a que contesten públicamente, ante su insistencia en aprobar la congelación del plan de retiro vigente y adoptar uno de contribución definida, qué beneficios traerá para la estabilidad financiera de la UPR y del Fideicomiso de Retiro-UPR.
Además, en cuánto se reducirá la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro y a cuánto aumentará la capacidad de pago a futuro del Fideicomiso de Retiro-UPR, y cómo garantizará la perpetuidad del Fideicomiso de Retiro.
Además, Berríos Torres solicitó que explicaran cuál será el costo de implantarlo, administrarlo y quién lo pagará; quién manejará las carteras de inversión del plan de retiro de contribución definida, qué beneficio tiene para la estabilidad financiera de la UPR y del Fideicomiso de Retiro-UPR aprobar ventanas de retiro y autorizar la transferencia de los fondos del Fideicomiso-UPR a una cuenta de un Plan de Contribución Definida y, finalmente, quién pagará las pensiones cuando el Fideicomiso del Plan de Retiro-UPR quede insolvente. INS
P. Rico-Senado confirma a la patóloga Conte Miller en la dirección de Ciencias Forenses
San Juan, 22 oct (INS).- La patóloga María Conte Miller fue confirmada hoy por unanimidad en el Senado para dirigir el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), con la solicitud urgente de reducir el cúmulo de cadáveres para devolverle su estabilidad.
La Comisión de Nombramientos emitió un informe positivo, en el cual se recogen expresiones a favor de Conte Miller, incluyendo a los patólogos Adalberto Mendoza Vallejo e Irma Rivera Diez.
Para el presidente de la Comisión de Salud, Ángel “Chayanne” Martínez Santiago, la llegada de la profesional al NCF representa un “activo que se va a convertir en esa pieza que todos estamos esperando para dirigir” la institución.
El senador solicitó que Conte Miller actúe, tal y como lo ha pronunciado públicamente, con el cúmulo de cadáveres porque “queremos aliviar el dolor de la gente”.
“En las actuales condiciones pienso que en el NCF debe haber una persona que sume liderato y dirija ese destino…Habré de favorecer este nombramiento no sin antes subrayar la urgente necesidad de que se ponga la casa en orden”, expresó el senador Juan Dalmau Ramírez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Aunque ningún miembro del Partido Popular Democrático (PPD) se expresó sobre el nombramiento, el senador Cirilo Tirado Rivera consignó para el récord el voto afirmativo de la delegación.
De esta forma, Conte Miller regresa a la que fue su casa laboral por más de 20 años y la que dirigió del 2009 al 2012 bajo la administración de Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La patóloga se comprometió con bajar las estadísticas del cúmulo de cadáveres y atrasos que hay en el Negociado de Ciencias Forense.
Conte Miller obtuvo un doctorado en Medicina de la Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana y un grado de Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Como parte de su historial profesional se desempeñó como profesora, consultora, medical Clerk, y desde 1989-2013 en Ciencias Forenses.
También fue presidenta de la Academia de Patología y Medicina de Laboratorios de Puerto Rico y directora del Southern Pathology Services.
“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional de la nominada con aproximadamente 37 años ha demostrado un alto nivel de capacidad, dedicación, compromiso y sensibilidad con todo lo relacionado a la medicina forense en Puerto Rico”, establece el informe positivo.
El presidente Thomas Rivera Schatz añadió que “el examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico”. INS
P. Rico-Acoge Boston querella de exalcalde Mane Cruzado contra jueces federales Gelpí y García Gregory
Vega Alta, 22 oct (INS).- La oficina de querellas adscrita a la Conferencia Judicial del Tribunal del Primer Circuito de Boston, acogió una denuncia presentada por el exalcalde de Vega Alta Juan Manuel “Mane” Cruzado, contra los jueces Gustavo Gelpí y Jay García-Gregory, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
El exalcalde del Partido Popular Democrático (PPD) sometió la denuncia bajo el alegato de que fue arrestado y procesado judicialmente mediante la utilización de un pliego acusatorio que no cumplía con los requerimientos del gran jurado federal.
“Como consecuencia de ese arresto y procesamiento ilegal, pasé 63 meses en prisión de máxima y mediana seguridad en el estado de Pennsylvania”, dijo a la agencia Inter News Service (INS) el exalcalde por el PPD, quien en medio del proceso se enfrentó a la entonces presidenta de la colectividad y gobernadora Sila M. Calderón, a quien atribuye haber destruido su hogar con la, en aquel tiempo, senadora Maribel Rodríguez, con la cual tuvo tres hijos.
Cruzado indicó que este próximo miércoles ofrecerá, a las 10:00 de la mañana, una rueda de Prensa en la sede del Colegio de Abogados de Puerto Rico, en Miramar, San Juan, donde tendrá disponible toda la documentación del caso para aquellos periodistas interesados.
En diciembre de 2013, el exalcalde lanzó un libro, titulado “Cinco años preso en una cárcel federal por llevar 200 vegalteaños al Desfile Puertorriqueño de Nueva York del 2001”, en el que expone el caso en su contra por hurto de fondos municipales ventilado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, que lo llevó a cumplir una condena federal.
Cruzado describe en el libro el caso como “una viciosa acusación por unos supuestos actos de corrupción”.
También atribuyó al ahora juez federal jubilado José A. Fusté de establecer una esquema de conspiración con Gil Bonar y con dirigentes del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluido el entonces alcalde Isabelo “Chabelo” Molina, a quien derrotó en las urnas.
Igualmente responsabilizó por su odisea judicial al, a la sazón, portavoz de la minoría del PNP en el Senado, Kenneth McClintock, y a miembros de la mayoría del PPD en ese cuerpo legislativo por haber tomado parte en un “sucio esquema”.
Respecto al nuevo escenario judicial a partir de su querella, en la que solicita la intervención de la Conferencia Judicial del Primer Circuito de Boston, Cruzado espera que se castigue la negligencia y el contubernio que achaca a los jueces federales Gelpí y García-Gregory por utilizar un pliego acusatorio ilegal de un gran jurado para mantenerlo cinco años preso. INS
P. Rico-Investigarán a OCIF ante el cúmulo de 250 mil viviendas en riesgo de ejecución hipotecaria
San Juan, 22 oct (INS).- Tras estimarse en más de 250 mil las viviendas en riesgo de ejecución hipotecaria, el Senado de Puerto Rico aprobó hoy investigar el funcionamiento de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), particularmente en la manera en que se atienden las estadísticas sobre este particular, además del proceso de querellas de los deudores sobre sus cuentas en atraso.
Al dar paso por unanimidad a la resolución del Senado 1230, del portavoz Carmelo Ríos Santiago, la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo tendrá 90 días para rendir un informe al respecto.
“Ante la crisis de ejecuciones de hipotecas que experimenta Puerto Rico, se hace necesario saber si la OCIF cuenta con los poderes y recursos necesarios, o si se necesitan enmiendas a las leyes que regulan estos procesos para poder tener un cuadro claro de la situación”, argumentó el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Para el senador Ríos Santiago, la forma y manera de recopilación de los datos, así como la calidad de estos, es fundamental, para poder ser más efectivos al momento de atender la crisis.
“Igualmente, las herramientas que tengan las entidades reguladoras son esenciales para que puedan llevar a cabo una labor efectiva”, expuso el senador del PNP.
Según datos de OCIF, en los primeros dos meses de 2019 los bancos realizaron 459 ejecuciones de viviendas lo que, a juicio de Ríos Santiago, se puede deber a varias razones, como que una vez los bancos bajo la jurisdicción de OCIF venden préstamos hipotecarios en “delincuencia a inversionistas” a precio de descuento, estos no actualizan la información sobre la hipoteca, afectando las estadísticas de la morosidad como de las ejecuciones.
De igual manera, en diferentes foros se ha indicado que la OCIF no tiene información sobre aquellos préstamos en morosidad en ejecución en la esfera federal, lo que podría implicar que los números que se ofrezcan sobre las ejecuciones se reduzcan artificialmente.
Además, alegadamente la OCIF no está atendiendo querellas debido a una aparente “falta de capacidad” para intervenir en los procesos y por entender que no tienen jurisdicción. INS
P. Rico-Vázquez Garced ordena cancelar contratos de Intelligent Grant Solutions
San Juan, 22 oct (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced impartió instrucciones a la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, para que el Departamento de la Vivienda proceda a cancelar de inmediato los contratos que mantiene vigentes con la empresa Intelligent Grant Solutions (IGS).
Igualmente, ordenó que no se le renueven los contratos que mantenía con la Administración Servicios de Salud (ASES).
También, la primera ejecutiva solicitó al propietario de la empresa, Aníbal Jover Pagés, la renuncia a su posición como miembro de la Junta de Contabilidad del Estado Libre Asociado que regula la práctica de los contadores públicos autorizados (CPA).
“A tono con mi compromiso de transparencia, no voy a permitir que nadie siembre dudas sobre el buen manejo de fondos públicos. Por lo tanto, ordené que se cancelen contratos vigentes y que no se renueven los contratos de IGS”, indicó Vázquez Garced. INS
P. Rico-Presidente de la Cámara rechaza plan de reducción de pensiones
San Juan, 22 oct (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, rechazó cualquier reducción en las pensiones que reciben los jubilados del gobierno.
“Esta Cámara de Representantes no va aprobar ninguna legislación dirigida a reducir las pensiones de nuestros jubilados del servicio público, eso no va a suceder. Cualquier plan de reducción de pensiones tiene que pasar por la Legislatura y nosotros no vamos a avalar nada, ninguna reducción; que eso quede bien claro para todos”, señaló el presidente de la Cámara.
Las expresiones de Méndez Núñez se dieron durante una reunión que sostuvo, junto con la vicepresidenta de la Cámara, Lourdes Ramos Rivera, y el representante Félix Lassalle Toro, con los líderes del movimiento Iniciativa Construyamos Otro Acuerdo, incluyendo su portavoz, Sonia Palacios de Miranda, quien es retirada del Departamento de Justica.
El político envió un mensaje a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF):
“Que se busque otra manera de reducir los gastos en la Rama Ejecutiva que no involucre a nuestros pensionados. La juez Laura Taylor Swain tiene que saber que no nos vamos a sentar a negociar reducciones a las pensiones. Nosotros podemos ver otras áreas en el Ejecutivo en donde recortar, pero no a los jubilados, eso jamás”.
El presidente aseguró que hoy se estará aprobando la resolución concurrente de la Cámara 114, la cual expresa el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al plan de ajuste de la JSF de recomendar al Tribunal Federal un recorte de ocho y medio por ciento a la cantidad que reciben los pensionados del gobierno.
“Con la presentación de esta resolución por parte de la Cámara de Representantes hemos ganado una batalla en favor de nuestras pensiones, vemos el resultado de nuestra lucha y de nuestros reclamos. Con esta acción de la Legislatura le enviamos un mensaje a la Gobernadora para que revalúe su postura en cuanto al tema de las pensiones y que junto a los legisladores y nosotros los retirados, defienda las pensiones de esta cantidad de jubilados que dimos y seguimos dando por Puerto Rico”, añadió Sonia Palacios portavoz de Construyamos Otro Acuerdo.INS
ndc