Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 9 de octubre de 2019
P. Rico-Pérdidas de 146 millones en la AEE por el hurto de energía eléctrica durante los pasados seis años
San Juan, 9 oct (INS).- El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, Víctor Parés Otero, mostró hoy documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) certificando que la entidad gubernamental tuvo pérdidas aproximadas de 146 millones por el hurto de energía eléctrica durante los pasados seis años.
La certificación firmada por Fauto Vergés Torres, jefe de la División de Irregularidades en el Consumo de Energía Eléctrica (ICEE), revela que para el año fiscal 2018-2019, la Autoridad recobró 11,830,964 de 44,520,921 dólares facturados.
En el año fiscal 2017-2018, la AEE reportó unos 8.5 millones a facturar, recobraron alrededor de 7.2 millones.
La certificación incluye una nota que sostiene que “debido a los huracanes Irma y María se paralizaron las labores de la División desde el 2 de septiembre de 2017” y que retomaron las operaciones en septiembre de 2018, refiriéndose a la ICEE.INS
P. Rico-Asociación de IPAS se suma al reclamo de los médicos primarios
San Juan, 9 oct (INS).- La Asociación de IPAS de Puerto Rico, entidad que agrupa y da apoyo a los médicos primarios, levantó hoy su reclamo al cuerpo legislativo a favor de la clase médica del país.
Hace dos años la legislatura aprobó la Ley 14, conocida como la Ley de Incentivos para Retención y Retorno de Profesionales Médicos, en la cual se han acogido sobre mil 100 galenos especialistas y subespecialistas.
Esta legislación de 2017 provee incentivos contributivos a ciertos profesionales de la salud en determinadas áreas geográficas de la Isla con la intención de minimizar y hasta detener el éxodo de médicos en Puerto Rico.
Dos años más tarde el país y la industria de la salud continúa en una crisis de salud debido a la disminución de profesionales en esa rama, mientras a su vez se refleja un incremento en la demanda de sus servicios, apuntó la entidad.
“Incluir a los Médicos Primarios es de primordial importancia ya que, según esta construida la estructura de compensación por servicios médicos del país el 100% de los pacientes que reciben servicios bajo un plan médico privado o gubernamental deben de contar con el aval y apoyo de un médico generalista”, dijo la Asociación IPAS.
Destacó que es el generalista el que se encarga de velar por el cuidado del paciente de manera integrada y coordinada.
Este grupo, en su mayoría profesionales comprometidos con sobre 20 años de experiencia, es el sector con mayor impacto laboral y menor compensación económica actualmente.
“Solicitamos al cuerpo legislativo ayudarlos a mantener sus prácticas operando dentro de los estándares de salud necesarios y proveerles los beneficios que merecen. De esta manera ayudamos a las poblaciones desventajadas y las nuevas generaciones de puertorriqueños a quienes deseamos dejarles un sistema de salud estable”, reclamó la organización.
Al presente, el Plan Vital solamente cuenta con 1,985 médicos primarios para una población de 1,100,000 pacientes.
La ley que aprueba un decreto contributivo a ciertas especialidades y regiones debe de incluir a la clase médica en genera, por lo que “solicitamos a la Asamblea Legislativa la enmienda del proyecto 1115 y la inclusión de los médicos primarios en este beneficio”. INS
P. Rico-Lamenta la UPR retraso en emisión de pagos a estudiantes de PEAF
San Juan, 9 oct (INS).- Ante el retraso en los pagos del Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF), la administración del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) lamentó “profundamente” los inconvenientes que esta situación ha provocado y anticipó que para el martes de la próxima semana habrán recibido sus pagos 412 estudiantes que –desde julio pasado– participan en ese programa.
Al 27 de septiembre pasado, ya 332 de esos estudiantes habían recibido su estipendio.
Desde hace varios días la administración universitaria ha trabajado diligentemente para resolver esta situación, dijo la UPR.
“Esta tarde un grupo de estudiantes afectados iba a sostener una reunión con el Dr. Carlos González, decano del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), encuentro que fue pospuesto por los mismos estudiantes para mañana miércoles por la tarde”, dijo la institución en un comunicado de prensa al reaccionar a expresiones circuladas el lunes en Twitter respecto a los atrasos en pagos a estudiantes del PEAF.
La demora se ha debido a atrasos en los procesos de certificación de los participantes, argumentó la UPR.
La administración universitaria alegó que está tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
“Se calcula que al momento podría haber alrededor de 30 estudiantes más que no han sido certificados como parte del PEAF, pero las autoridades universitarias aseguraron que tomarán las provisiones necesarias para que se les pueda pagar la semana próxima”, subrayó.
Para el año académico 2017-2018 hubo un total de 541 ayudantías, mientras que para el periodo 2018-2019 esa cantidad fue de 531 y para el año en curso ese total podría ser aproximadamente de 450.
La UPR aclaró que esta situación no tiene conexión alguna con la Certificación Num. 4.
La administración del Recinto de Río Piedras de la UPR reitera que, bajo el nuevo modelo de ayudas económicas diseñado desde la administración central de la casa de altos estudios, a todos los alumnos que disfrutan de una ayudantía de cátedra e investigación les serán cubiertos los costos de los créditos matriculados. INS
P. Rico-González Colón “consternada” por información de la FEMA en la que rechaza fondos para construcción de CDT en Vieques
San Juan, 9 oct (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón se mostró ayer “consternada” por la información de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que rechazó la aprobación de los fondos para la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) en Vieques.
Según González Colón, la información de la FEMA “es contraria a lo que el coordinador federal para la recuperación de FEMA, Alex Amparo, me informó ayer en mi oficina cuando le cuestioné y les di seguimiento a la situación del hospital en Vieques”.
“No es la primera vez que empujo la construcción de este hospital. Junto a la congresista Nydia Velázquez enviamos a una carta al administrador de FEMA a nivel nacional, y junto a la gobernadora Wanda Vázquez y COR3 nos reunimos en Washington DC con el administrador de FEMA y discutimos esto”, afirmó.
Agregó que “como parte de mi reclamo se me notificó ayer, tal y como expresé a la prensa, que tenían ya aprobados los estimados preliminares de costo de 46 millones para la construcción de un centro de salud en Vieques y que estaban en trámites de resolver las diferencias de 110 de las 113 partidas de costos”.
Recordó que “ayer repetí, específicamente, lo que FEMA me dijo, que estaban próximos a finalizar los trámites junto al municipio de Vieques, el gobierno de Puerto Rico y COR3 para tener una fecha cierta sobre la construcción de este indispensable centro de salud”.
Advirtió que “no quisiera pensar que FEMA me haya brindado información a medias para evitar mi continua fiscalización y requerimiento de fondos para Puerto Rico”.
Al respecto, sostuvo que “si eso fue así, le exijo al nuevo director de FEMA que deje el juego con las aspiraciones de los viequenses y diga cuando finalmente se hará la construcción, así como cuándo se dará el desembolso del resto de los fondos federales de los municipios”.
González Colón consideró que “la tolerancia tiene término. Basta ya del juego de decir una cosa en privado y otra en público. El pueblo no confía en FEMA y cosas como estas aceleran el malestar. Esto no puede volver a pasar con ningún otro municipio u obra pendiente de las que aún a dos años del huracán María no han comenzado su reparación”.INS
P. Rico-Confinados denuncian peligrosa reducción de personal que pone en riesgo su rehabilitación y salud mental
Ponce, 9 oct (INS).- Un grupo de confinados de la Institución Adultos Ponce Mil, del Complejo Correccional de Ponce, advirtió ayer, mediante una carta a la Administración de Corrección y Rehabilitación, Departamento de Justicia y a Physician Correctional (PS), que los recortes económicos a los servicios de salud mental están poniendo en riesgo su rehabilitación y eventual retorno a la sociedad.
La misiva, firmada por 76 hombres, demuestra que están enterados de la crisis fiscal que afecta al gobierno, sin embargo, expresan que los servicios directos de salud a confinados no pueden verse afectados.
“Cesantear personal de salud mental desestabiliza esa parte de vital importancia para nosotros. No se pueden recortar los recursos que hacen viable el proceso de rehabilitación. Sería retroceder lo que con esfuerzo se ha logrado y socava, no el privilegio, sino el derecho de trabajar en nuestra rehabilitación de forma integral”, mencionaron los confinados.
En la actualidad, Physician Correctional, empresa que administra el programa de salud de la población penal, enfrenta un recorte presupuestario de 14 millones.
Según Raúl Villalobos, presidente de (PS), los esfuerzos van dirigidos a lograr el respaldo del gobierno frente a la Junta de Supervisión Fiscal para que se identifique el dinero necesario y poder ofrecer los servicios.
Mientras, la preocupación mayor de los convictos es que le priven de los servicios del psicólogo y teólogo Osvaldo Berrios, trabajador social clínico que por 26 años en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ha sido apoyo y responsable directo de los avances en el proceso de rehabilitación de muchos confinados.
A su vez, la participación en cursos y servicios de salud mental son considerados en solicitudes de cambio de clasificación de custodia restrictiva y peticiones a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Eliminarlos o limitarlos atrasaría la salida de confinados y afectaría las determinaciones de su sector de convivencia, afirman los reclusos.
“Sus 26 años (en el DC) y sus 42 de profesional se resumen en una palabra: vocación. Encontramos en él ese apoyo fuerte, eslabón que tanto nos hace falta para nuestro proceso de rehabilitación trabajando con nosotros ansiedades, intervenciones en crisis, en fin, enseñándonos que tenemos las herramientas para ser productivos y sacar de este proceso esa parte que nos insta a continuar en esta metamorfosis para integrarnos a la sociedad”, escribieron.
Según los confinados el compromiso de Berríos quedó evidenciado tras el paso del Huracán María, siendo el único que ofreció servicios en el momento de crisis en Ponce 304, Ponce Máxima y Segregación de manera directa en los módulos.
“Es (Osvaldo Berrios) ejemplo de compromiso, dedicación y vocación con la comunidad correccional. Pedimos encarecidamente que se analice la situación y busquen la solución. Sean vehículo para aportar no socavar. Tenemos fe de que van a estudiar la situación a fondo para tener una respuesta afirmativa”, reclaman en la carta.
La empresa (PS) anunció recientemente que logró la extensión de contratos a 67 empleados hasta el mes de diciembre.
Entre estos la mayoría trabajadores sociales y psicólogos, no obstante, algunos confinados mencionan que solo hay tres profesionales para la población en Ponce que se estima en cerca de 3,000 confinados e incluye la Institución Correccional Ponce 500, Institución Adultos Ponce 1,000, Institución de Seguridad Máxima Ponce, Centro con Libertad para Trabajar, Institución Jóvenes Adultos Ponce 304, Ponce 224, Anexo Custodia Mínima Ponce, Centro Clasificación Fase III Ponce, Centro de Ingresos del Sur 676 y la Institución Correccional de Ponce.INS
P. Rico-Piloto de la FURA involucrado en caso de directora de la ATM en Vieques se entera en audiencia pública del Senado que deberá reportarse a trabajar a oficinas administrativas
San Juan, 9 oct (INS).- El teniente y piloto de la Fuerza Unida de Rápida Acción (FURA), José Estrada Almodóvar, involucrado en el caso de la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, en Vieques, se enteró ayer en una audiencia pública del Senado que deberá reportarse a trabajar a las oficinas administrativas.
Estrada Almodovar se negó a trasladar a Pérez de Vieques a la Isla Grande, por lo que la Policía castigó al piloto trasladándolo inicialmente a Morovis, pero hoy dejó sin efecto la medida y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) determinó asignar al agente a las oficinas administrativas de la FURA mientras se culmina la investigación.
Así lo informó hoy el comisionado de la Policía, Henry Escalera, en una audiencia pública de la Comisión de Seguridad del Senado en la que se analizaron las manifestaciones de viequenses y la supuesta restricción a la libertad de Pérez y varios funcionarios, la semana pasada en la Isla Nena.
Sobre este último traslado, el piloto dijo que no fue notificado por escrito y reiteró que recibió la orden de transportar a Pérez desde la Isla Nena hacia Isla Grande, a lo que se negó, ya que no se pueden trasladar civiles por disposiciones legales federales.
“Me acabo de enterar aquí. No ha habido ningún tipo de notificación por escrito”, reveló el piloto a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Al día siguiente de los hechos, Estrada Almodovar recibió una carta en la que se le informaba de un traslado y en la que no se le notificaba a qué se debía.
Tres días después, recibió otra misiva sobre una “supuesta medida cautelar” y esta mañana se enteró en la audiencia pública de que tan pronto termine sus 30 días de vacaciones deberá trabajar en las oficinas administrativas de la FURA.
En su ausencia solamente hay tres pilotos para manejar la única aeronave.
Estrada Almodovar, quien ayer acudió a una citación de la Federal Aviation Administration (FAA), había sido trasladado al distrito policiaco de Morovis, decisión que fue revocada por el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román.
El propio Román, indicó en la audiencia públics que no fue consultado por el comisionado de la Policía para realizar los traslados, pero modificó la orden.
“Primero se debe hacer el procedimiento administrativo y después el traslado”, aseveró el funcionario.
“¿Alguien le dijo a usted esa noche que estaba desacatando alguna orden y que estaba siendo insubordinado?” preguntó Rivera Schatz a lo que Estrada respondió “no”.
Al negarse a realizar el viaje con civiles porque violaría regulaciones federales, Estrada Almodovar sugirió hacer un vuelo de reconocimiento, pero justo al momento de despegue la inspectora Nilsa Bonilla ordenó cancelarlo.
El viaje le hubiese permitido a la Policía conocer con más detalles de si en efecto se trataba de una emergencia que ponía en peligro a alguien.
Escalera dijo que espera terminar la investigación en 45 días, pero pueden ser hasta 90.
Los hechos se remontan a principios de la semana pasada cuando Pérez acudió a la Isla Nena para hablar en la Legislatura Municipal sobre el traslado de la terminal.
Allí estuvo acompañada por agentes de la Policía hasta la madrugada del día siguiente cuando pudieron salir, en una lancha de la FURA, luego de que más de 150 manifestantes, incluyendo algunos que utilizaron kayaks, le impidieran salir.
Este último hecho supuestamente fue por seis horas.
En el lugar una persona fue arrestada por obstrucción a la justicia y posteriormente fue liberada.
Sin embargo, no se acusó a más nadie por aparente restricción a la libertad u otro tipo de delito incluyendo agresión, vandalismo porque no hubo querellas al respecto.
Escalera indicó, a preguntas de Rivera Schatz, que la Policía dio la orden de que la Unidad Marítima se trasladara a Vieques al mismo tiempo que la aérea “por si había que traer o sacar a la persona (Pérez) para que abordara la lancha o el mismo helicóptero lo hiciera”.
La inspectora Bonilla, según Escalera, le informó a Estrada Almodóvar que tenía que viajar a Vieques porque “Mara y cinco ayudantes” no podían salir y que “de una vez trasladara a un personal de SWAT por si había que extraerla”.
Sin embargo, al ser cuestionado por Rivera Schatz sobre si alguien de SWAT le dijo al teniente Estrada Almodovar que llegaron a la base de San Juan “para movernos a la isla municipio”, Escalera respondió “de SWAT, no”.
El piloto informó que en “ningún momento” se le informó que había que trasladar a personal de la unidad de SWAT.
“Nunca”, aseveró.
Esta mañana salió a relucir en los medios de comunicación que la Policía sometió dos querellas administrativas contra Estrada Almodóvar presentadas por la inspectora Bonilla por “desacatar y desobedecer órdenes administrativas legalmente comunicadas en forma verbal o escrita por cualquier superior o funcionario de la Policía”.
Según una carta difundida, se le señaló otra falta por “demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidad cuando dicha acción u omisión ocasionara o no evitara la violación de derechos civiles, grave daño corporal o la muerte de una persona”.
Según el piloto, cuando Bonilla y el hablaron esa noche, ella respetó su decisión y “me colgó el teléfono”. porque “ella entiende que yo, como piloto en comando, tenía la razón”.
Pérez no acudió por supuestas situaciones familiares.
En su representación acudió el licenciado Miguel Betancourt Burgos.
La funcionaria se comunicó con el presidente del Senado para dejarle saber el porqué no asistiría, por lo que el senador Neumann Zayas la citará para que acuda a la próxima audiencia pública.INS
ndc