San Juan, 3 oct (INS).- El representante Rafael “June” Rivera advirtió que tenía razón al afirmar que fue el Departamento de Educación (DE) y no la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la que redujo 123 millones al Programa de Educación Especial.
Ante las críticas de un sector del país a la JSF por reducir el presupuesto de Educación Especial, ese organismo reaccionó ayer señalando que no solicitó recortes específicos al programa, y que la decisión fue tomada por el DE y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Estos recortes específicos a Educación Especial ni siquiera están previstos en el presupuesto certificado por la JSF para el Departamento, añadió ese organismo creado por la Ley Promesa.
La JSF está clara de que la Ley Promesa no puede utilizarse para incumplir con las condiciones de la ley federal IDEA, que incluye como requisito de elegibilidad el no bajar el presupuesto estatal de Educación Especial sin previa autorización escrita del Departamento de Educación federal.
En declaraciones escritas, “June” Rivera, cuyo Proyecto de Cámara 1945 busca atender adecuadamente las necesidades de esta población estudiantil, criticó a la pasada secretaria, Julia Keleher, y al Departamento de Educación, por querer cuadrar el presupuesto de esa agencia a costa de los estudiantes de Educación Especial.
El político del Partido Nuevo Progresista señaló que si bien la JSF solicitó recortes al DE, no se le indicó dónde debía recortar. Más aún, señaló la JSF en carta enviada al DE, que dichos ahorros fueron pensados solamente para costos administrativos, servicios públicos y en adquisiciones o compras.
“Lo advertimos el pasado lunes, cuando defendimos el P. de la C. 1945, que van dos años consecutivos que la JSF le baja el presupuesto a Educación y, van dos años consecutivos que el DE dice que lo paguen los niños con discapacidades. Ahora sabemos que fue la agencia la que decidió recortar ese presupuesto”, denunció el representante en declaraciones escritas.
Para evitar “esas situaciones”, Rivera indicó que el P. de la C. 1945 crea la figura del secretario asociado de educación designado por el gobernador o gobernadora y confirmado por el Senado. Asimismo, fortalece la autonomía fiscal, ordenando que el presupuesto del Programa sea atendido de modo separado al resto de la agencia.
“Ese secretario asociado tendrá la suficiente independencia para hacerle frente al secretario de Educación y velar por la población de Educación Especial, porque responderá al pueblo de Puerto Rico”, aseguró el representante.
Según el artículo 4 del P. de la C. 1945, “el secretario asociado, quien implantará la política pública establecida en esta Ley, será nombrado por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico”.
Aseguró también que su proyecto de ley, firmado por toda la delegación del PNP y aprobado este pasado lunes en la Cámara, provee mayores derechos y beneficios a los estudiantes de Educación Especial, “como siempre ha sido mi compromiso”. INS
aa
Inter News Service Agencia de Noticias