EEUU-Comisionada residente anuncia 2.7 millones para seguridad, educación y justicia

Washington, 3 oct (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció hoy varias partidas de fondos federales para seguridad, educación y justicia que suman 2,786,450 y que provienen del Departamento de Justicia federal (DOJ, siglas en inglés).

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recibirá un millón de dólares bajo el Improving Reentry for Adults with Co-occuring Substance Abuse and Mental Illness Program.

El programa busca mejorar los servicios a delincuentes que padecen de abuso de sustancias y enfermedades mentales concurrentes cuando dejan la cárcel para volver a integrarse a la comunidad y, de esta forma, ayudar a promover la seguridad pública.

Igualmente, el DCR recibirá 229,293 dólares bajo el Residential Substance Abuse Treatment (RSAT) for State Prisoners Program para el año fiscal 2019, con la finalidad de asistir a los gobiernos estatales y locales a desarrollar e implementar programas de tratamiento de abuso de sustancias en instalaciones correccionales y de detención estatales y locales.

El objetivo del programa es romper el ciclo de drogas y violencia, reduciendo la demanda, uso y tráfico de drogas ilegales. Ofrece tratamiento residencial de abuso de sustancias para reclusos encarcelados y prepara a los delincuentes para su reintegración en las comunidades incorporando actividades.

Aparte, el Departamento de Educación recibirá 500 mil dólares bajo el STOP School Violence Prevention and Mental Health Training Program, para apoyar los esfuerzos estatales y locales para prevenir y reducir la violencia escolar. A través del programa, se capacitará al personal escolar y se educará a los estudiantes para prevenir la violencia y mejorar la seguridad en las escuelas.

En tanto, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras (UPR-RP), recibirá 497,288 bajo el programa Postconviction Testing of DNA Testing del año fiscal 2019. El proyecto Alliance Pro Freedom of the Convicted Innocent estará liderado por la Facultad de Derecho de UPR-RP, en colaboración con la UPR recinto de Carolina y por el Recinto de Ciencias Médicas.

En Puerto Rico, la prueba posterior a la condena de pruebas de ADN es un recurso bastante reciente para reclusos que reclaman su inocencia, incluso después de haber sido acusados, juzgados, declarados culpables y condenados. Antes del 29 de diciembre de 2015, los reclusos en Puerto Rico no tenían derecho a solicitar pruebas de ADN después de la condena.

Asimismo, la Universidad Interamericana de Puerto Rico recibirá 274,819 dólares en fondos bajo el Upholding the Rule of Law and Preventing Wrongful Convictions Program (Urlpwc) para proteger la integridad del sistema de justicia penal y la aplicación coherente del debido proceso para todos.

Además, la Administración de Vivienda Pública recibirá 160,661 dólares para el Project Safe Neighborhoods (PSN) programa diseñado para crear y fomentar vecindarios más seguros a través de una reducción sostenida de delitos violentos.

Por último, el Departamento de Justicia recibirá 124,389 dólares bajo el Prison Rape Elimination Act (PREA).

Este establece que un Estado o territorio cuyo gobernador no certifica el pleno cumplimiento de las normas están sujetas a la pérdida del cinco por ciento de los fondos de subvención del Departamento de Justicia que de otro modo recibiría para fines de prisión, a menos que el gobernador o gobernadora asegure que dicho cinco por ciento se utilizará solo con el fin de permitir que el Estado logre y certifique cumplimiento de las normas en años futuros. INS

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