P. Rico-Alcaldesa de San Juan envía carta al presidente del Senado para solicitar que se considere el pago de pensiones, la educación, la seguridad y la salud como servicios esenciales

San Juan, 3 oct (INS).- Con el objetivo de que la asamblea legislativa emita una declaración que considere el pago de pensiones, la educación, la seguridad y la salud como servicios esenciales de conformidad con las disposiciones de la ley Promesa, la alcaldesa de San Juan, Carmen Cruz Soto, compartió con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, un borrador de proyecto de resolución concurrente.

“La Junta de Control Fiscal (JCF) debe irse de inmediato de Puerto Rico. Su permanencia es opresiva y una señal clara de que Puerto Rico es una colonia. Sin embargo, mientras permanezca, tenemos la obligación de defender al pueblo de su abuso desmedido”, comenzó diciendo la alcaldesa en una carta al presidente senatorial.

Agregó que “los asuntos relacionados al pago de pensiones, la salud, la seguridad y la educación deben ser considerados como servicios esenciales. Sin embargo, este concepto ha servido como excusa para favorecer intereses privados por encima de las necesidades del pueblo. Una expresión por parte de la asamblea legislativa le daría fuerza al reclamo del pueblo”.

A su entender, esto “ayudaría al Comité de Recursos Humanos de la Cámara federal y a su presidente, Raúl Grijalva, a enmendar la Ley Promesa y obligar a la Junta a asumir la responsabilidad de garantizar fuentes económicas para estos servicios”.

En la carta, Cruz Soto además hizo referencia al inciso (b) de la sección 201 de la Ley Promesa que obliga a la JCF a garantizar la existencia de fondos suficientes para satisfacer los servicios públicos esenciales.

“La Junta en claro desafío al mandato legislativo, pues no sólo ha evadido definir claramente este concepto, sino que ha implementado medidas de austeridad que han tenido el efecto de lacerar la delicada situación fiscal de organismos que proveen servicios esenciales a la ciudadanía”, reza la misiva.

La alcaldesa explicó que Ley Promesa establece parámetros para el diseño de los respectivos planes fiscales de cada “entidad cubierta”, los cuales deberán “proveer fondos adecuados para los sistemas de pensiones públicas”.

“El texto de la ley no es ambiguo en este sentido. Precisamente por su lenguaje claro y preciso es que podemos concluir que no hay margen de discreción.  La Junta debe desaparecer, pero mientras esté, tenemos una responsabilidad de pelear a favor de los intereses de los boricuas”, concluyó la alcaldesa. INS

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