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San Juan, 17 sep (INS).- Ante la solicitud del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que presente un plan de transición que permita dejar sin efecto el crédito federal al arbitrio a las empresas foráneas, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, insistió en que la mejor manera de hacer frente al asunto es una Reforma Contributiva Integral.
Entre otras cosas, la Reforma “debe estructurar la tributación a las foráneas sobre la base de una contribución sobre la ganancia neta que sea competitiva, permanente de al menos un 10% a las ganancias netas, y que esté bajo el control de los puertorriqueños, no al amparo de las locuras e intereses del presidente o gobierno de turno en los Estados Unidos”.
“Eso nos permite recaudar más. Así no hay que depender de un efímero y vulnerable trato especial sobre el 4% del arbitrio especial. El contraargumento del menoscabo contractual por razón de los decretos de exención no resiste agua en un país arruinado. Condiciones extraordinarias permiten ese menoscabo”, argumentó el legislador.
Añadió que “ahora estamos amenazados por empezar el conteo regresivo del Tesoro EEUU para eliminar el crédito por arbitrio del 4% a las foráneas. Ese ingreso representa el 20% del Fondo General”.
Para el legislador independentista, una Reforma Contributiva Integral, en particular del sector corporativo, que elimine la distinción entre empresas exentas y no exentas, y una política fiscal que incremente modestamente la responsabilidad contributiva de las corporaciones foráneas, se hace urgente y permitirá al gobierno obtener los ingresos que hoy no tiene.
Y que servirán para realizar aquellos gastos de inversión social en la salud, la transportación colectiva, el medioambiente, la educación y la cultura que eleve la calidad de vida de los puertorriqueños.
“Si le hubiéramos impuesto las tasas contributivas que en justicia esas empresas deberían haber pagado en Puerto Rico, los recaudos en los pasados 30 años hubiesen superado los 50 mil millones de dólares”, aseveró Dalmau.
Puntualizó que esta cantidad “es suficiente para que la clase media trabajadora hubiese estado disfrutando desde hace mucho tiempo de justicia contributiva, el gobierno no tuviese crisis fiscal, no fuera necesario la imposición de un IVU, la UPR no tuviese problemas presupuestarios y decenas de miles de trabajadores no hubiesen perdido derechos ni beneficios laborales”.
Finalmente, reiteró su llamado a que la legislatura apruebe las medidas que ha radicado sobre el particular. “Sólo así podrá atender adecuadamente el déficit fiscal y garantizar de cara al futuro un andamiaje económico y fiscal más estable y próspero que haga justicia a la mayoría de nuestro pueblo”. INS
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