P. Rico-Orden de jueza Taylor Swain obliga a pagos de asesores profesionales en el caso de quiebra

San Juan, 5 sep (INS).- El principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, explicó que debido al caso de Título III de la Ley Promesa sobre la quiebra de corporación pública, que data de hace cinco años, la jueza Laura Taylor Swain emitió una orden donde se establece el mecanismo y la obligación para que los asesores rindan sus facturas.

Esta determinación establece cómo se van a rendir las compensaciones por servicio y reembolso de gastos a los profesionales y asesores designados a representar la corporación en el caso y el término que tiene el deudor para pagarla.

“Alix Partners International, compañía representada por Lisa Donahue, O’Melveny & Myers, Filsinger Energy Partners, Ankura Consulting Group, y demás asesores que nos representan y son presentados como nuestros abogados, equipo financiero experto en reestructuraciones, y todos estos servicios requeridos por el proceso de quiebra bajo Título III, están avalados por el tribunal de quiebras y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Los mismos, junto con los reembolsos a nuestros asesores están presupuestados y aprobados por la JSF. Esto debe reducirse sustancialmente una vez salgamos de la quiebra. En adición a esto, se tienen que cubrir los asesores de la JSF”, justificó Ortiz.

Según la Orden del caso 17-03283-LTS, página 3(a), esta Orden aplica a los profesionales de reestructuración que desempeñan servicios legales, financieros y operacionales para los deudores cubiertos por el Título III de la Ley Promesa.

La AEE asegura el control de gastos correspondientes a los servicios de asesoría especializada relacionada a la reestructuración, con el fin de abaratar costos y asegurar la implementación adecuada de los trabajos, según la legislación Promesa y las demás regulaciones ante el proceso de quiebra, recalcó el funcionario.

Ortiz alegó que, contrario a lo señalado en el reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), “nunca expresé que gastos y estadías de tres meses en hoteles de lujo, son razonables”.

Más aún destacó que el contrato de 2018 permitía un tope de $300 para gastos de hotel, y un 8 por ciento para gastos reembolsables. Mediante una renegociación, Ortiz recortó a un tope de $250 los gastos de hotel, y a un 6 por ciento los gastos reembolsables.

Estos gastos están siendo constantemente revisados y controlados para asegurar control de costos y eficiencia del servicio.

Por ejemplo, desde que inició el contrato de Filsinger Energy, en 2017, la cuantía contratada ascendía a $24 millones. Este contrato se redujo a $7.4 millones para este año fiscal.

En la actualidad, sus roles y responsabilidades están claramente definidos asegurando transición de conocimientos y cumplimiento de los trabajos asignados para este año fiscal.

Este proceso de reducción de contratos será uno paulatino que deberá finalizar según se logre sacar de la quiebra a la AEE, dijo, lo que insinuó en un programa de televisión ocurrirá mediante la privatización de la corporación pública. INS

ndc