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San Juan, 31 Ago (INS).- Como aparente reacción a los reclamos de Ayuda Legal Puerto Rico ante la falta de transparencia, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) publicó en su portal web documentos de contratistas y los subcontratistas de estos, y las declaraciones juradas de los contratistas, requeridas para que puedan seguir brindando sus servicios.
“Una de las iniciativas que tomé tan pronto inicié labores en el COR3 era poner a disposición de todos los documentos de contratistas y los documentos de los subcontratistas, así como las declaraciones juradas que les fueron requeridas a los contratistas en donde se establecían los parámetros claros de cumplimiento para fomentar una sana administración y ejecutorias en el proceso de la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico”, precisó el director ejecutivo de COR3, Ottmar Chávez.
Agregó que, igualmente, estas acciones van a tono con la política pública de transparencia de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Los documentos pueden ser consultados en la página web del COR3, www.recovery.pr, en la categoría principal “RFPs y Contratos”, dentro de la sección de “Contratos”.
“Para esta acción establecimos como fecha límite el 1ro de septiembre, así que antes de lo anticipado ya estos documentos están disponibles. Conforme sigan progresando las iniciativas y los trabajos relacionados con la emergencia del huracán María, continuaremos fomentando una administración de apertura y transparencia haciendo públicos más documentos, datos e información relevante para que todos podamos seguir el desarrollo de los procesos de reconstrucción de la Isla”, indicó el director ejecutivo del COR3.
La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), Ariadna Godreau Aubert, denunció que el gobierno puertorriqueño tiene más de 825 millones de dólares para reparar los hogares, pero que el Departamento de Vivienda no está orientando a casi dos años de los huracanes Irma y María, por lo que se teme se produzcan exclusiones, desplazamientos de familias y desarticulación de comunidades.
Ante tal realidad, organizaciones vinculadas a las luchas comunitarias del país exigieron cambios inmediatos y fundamentales en las normas que el gobierno de Puerto Rico ha establecido, a través del Departamento de la Vivienda, sin tomar en cuenta la realidad de miles de familias que perdieron o sufrieron daños en sus hogares en septiembre de 2017.
Las normas actuales, dijo la licenciada Godreau Aubert, excluirán a quienes carecen de título de propiedad y a aquellas cuyos hogares ubican en las zonas inundables delimitadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). INS
ndc