San Juan, 22 ago (INS).- La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que enmendaría el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico para garantizarles a los empleados y funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción asesoría legal gratuita para protección de sus empleos.
La medida pasaría ahora ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El P. del S. 1081, de la autoría del senador Miguel Romero, otorgaría el derecho a cualquier empleado o funcionario público que denuncie un acto de corrupción a solicitar y recibir gratuitamente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la asistencia legal necesaria para incoar o participar de cualquier procedimiento que surja como parte de las disposiciones del Título IV del Código Anticorrupción.
Romero expuso que “este derecho debe ser solicitado por el empleado público que tome el paso al frente al denunciar actos que atentan contra el buen funcionamiento del gobierno y quebrantan la confianza del pueblo. Los empleados que denuncien actos ilegales contarían con la representación legal necesaria para atravesar cualquier procedimiento en protección de su empleo y demás derechos que les protegen”.
A su entender, “no debe haber un solo empleado público que, haciendo denuncias legítimas en protección del propio gobierno, deba sentirse en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su permanencia en su empleo tras hacer lo correcto”.
El senador concluyó que “esta medida provee una herramienta adicional en protección de los mejores intereses del pueblo. En tiempos de crisis fiscal, debemos asegurarnos de que existan todas las protecciones adecuadas para cada centavo de nuestro gobierno. Esperamos que la gobernadora considere favorablemente esta medida y la convierta en ley”. INS
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