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San Juan, 20 ago (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del municipio de Jayuya, luego de identificar -entre otros hallazgos- pagos indebidos por trabajos no realizados.
El Informe revela que el municipio pagó 41,600 dólares de forma indebida por unos trabajos no realizados en el proyecto de construcción de un anfiteatro, una biblioteca electrónica, un auditorio y un salón de actividades por 1.5 millón de dólares.
“Nuestros auditores detectaron que faltaba por instalar, según los planos, 108 butacas y 10 puertas de metal”, apunta el informe.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que el municipio no obtuvo cotizaciones de, al menos, tres proveedores para la construcción de una obra. Además, para dicha obra contrató por 74,478 dólares a un contratista que le debía 196,910 dólares al Departamento de Hacienda.
Pese a ello, el municipio le tramitó varios pagos sin efectuarle ninguna retención para pagar la deuda. Luego, el contratista le entregó al municipio el proyecto sin terminar, cuando Hacienda diligenció una notificación de embargo.
Para terminar el proyecto, Jayuya contrató a otra empresa sin solicitar cotizaciones de al menos tres proveedores e invirtió 6,889 dólares adicionales al presupuesto original para terminar la obra.
Aparte, el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos reflejó, al 2015, recursos económicos ascendentes a casi dos millones de dólares que habían permanecido inactivos hasta por más de siete años. Esta situación privó al municipio de recursos económicos que se podían reprogramar y constituye una política administrativa inadecuada.
Contrario a la ley y reglamentación vigentes, el municipio autorizó pagos de 3,959 dólares a una funcionaria por concepto de vacaciones y enfermedad que no procedían. Además, se pagaron 1,079 dólares en exceso a funcionarios y empleados por errores en los cómputos realizados sobre los balances de licencias.
La auditoría comenta que, al 30 de junio de 2016, Jayuya tenía siete demandas civiles por 5.2 millones pendientes de resolución por los tribunales. Las demandas son por concepto de daños y perjuicios, expropiación forzosa a la inversa e incumplimiento de contrato.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
Este es el segundo informe del municipio de Jayuya y cubre entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017. Está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
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