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San Juan, 16 jul (INS).- La junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) exigió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que aclare mediante orden ejecutiva la política de trato y servicios para la comunidad inmigrante, sin importar su estatus legal en el país.
El organismo se reunió para discutir diferentes asuntos de interés en la Isla, entre ellos, los recientes arrestos de funcionarios del gobierno por parte de las autoridades federales; la divulgación del escandalosa contenido de un chat de Telegram en el que participaban el mandatario, asesores y miembros de su gabinete, así como las repercusiones de las políticas antimigrantes adoptadas por el presidente Donald Trump.
“Insistimos en denunciar la política migratoria de Trump como una fundamentada en la intolerancia, la xenofobia y la promoción del odio racial y que promueve la inestabilidad, la inseguridad e impide el acceso a la justicia, tanto de los ciudadanos como de los migrantes que viven en nuestras comunidades”, señaló el presidente del CAAPR, Edgardo M. Román Espada.
En su solicitud al mandatario puertorriqueño, la junta de Gobierno mostró especial énfasis en las medidas dirigidas a regular el poder de la Policía al intervenir con miembros de la comunidad inmigrante.
También, solicitó a la administración actual que clarifique si existen acuerdos de colaboración entre agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tales como la Policía de Puerto Rico y los departamentos de Educación, Salud y Transportación y Obras Públicas.
Del mismo modo, requirió a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y al Congreso federal que se derogue la sección 1325 del título 8 del Código de Estados Unidos por las razones mencionadas.
El cuerpo, a su vez, reclamó a las autoridades federales el restablecimiento del Centro de Detención de Inmigrantes en Aguadilla, cuyas instalaciones están disponibles y son operables, adecuadas, sanitarias y accesibles.
“De esta forma, evitamos que los inmigrantes detenidos en la jurisdicción de Puerto Rico sean trasladados a Centros de Detención en otros estados del continente y que se lesione así el derecho al acceso a la justicia de esos inmigrantes domiciliados en la Isla”, indicó Román Espada.
Agregó que, además, “proponemos que se inicie un proceso de educación e información a las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico respecto a sus derechos ante redadas, arrestos e intervenciones de ICE y las responsabilidades del Gobierno de Puerto Rico sobre estas comunidades”, agregó.
De otro lado, la junta de Gobierno del CAAPR manifestó su rechazo a la política conocida como “bait and switch”, por medio de la cual se entrampa a inmigrantes para ser detenidos y removidos sin permitirles ejercer sus derechos bajo la Ley de Inmigración, y exhortó a cualquier persona que tenga conocimiento sobre algún caso de este tipo a denunciarlo. INS
ndc