Guaynabo, 4 jul (INS).- El alcalde de Ángel Pérez Otero, opinó que si se deroga la Ley 29 para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, el golpe para los alcaldes “sería insostenible” y que “para más de 30 municipios esto significará el colapso”.
El miércoles, la Junta de Supervisión Fiscal presentó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para que invalide la Ley 29, que exime a los municipios del pago de su aportación al sistema PayGo de retiro de los jubilados y la reforma de salud.
La entidad federal recordó que la Ley 29 exoneraría a los municipios de cumplir con el reembolso al Ejecutivo de cientos de millones de dólares en pensiones para sus propios retirados y transferiría esa carga al gobierno central, permanentemente, según reza la demanda.
“Los municipios no podrían asumir este golpe a sus finanzas. Se verían afectados los servicios esenciales como el recogido de basura, seguridad, servicios a nuestros ancianos, mantenimiento de las carreteras, entre muchas otras responsabilidades que el estado nos ha delegado por años”, afirmó Pérez Otero.
Y advirtió que “en esta crisis que la Junta insiste en provocar, los municipios grandes no tendremos los recursos para asistir a los pequeños. No podremos asumir la responsabilidad de atender las necesidades de los municipios afectados cuando tenemos que hacer sacrificios para cumplir con nuestras obligaciones”. INS
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