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Washington, 29 jun (INS).- El Informe sobre la Deuda Pública de los Territorios de los Estados Unidos que publicó la Government Accountability Office (GAO) sirve como herramienta para evidenciar la quiebra del Estado Libre Asociado (ELA), que trae consigo la desigualdad en programas federales como Medicaid, señaló la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón.
La GAO divulgó el viernes su informe 19-525, en el que actualiza la información de la deuda pública de los cinco territorios de Estados Unidos (Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte), en cumplimiento con la Sección 411 de la Ley Promesa, que le requiere al GAO revisar cada dos años la deuda de cada uno de los territorios, por lo que este sería el segundo que se presenta conforme a la ley.
“Este informe una vez más pone en evidencia el fracasado estatus colonial en el que vivimos y que no brinda oportunidades de crecimiento; evidencia que el ELA es un ancla al progreso y a las oportunidades, (por lo que) mientras no resolvamos nuestro estatus y tengamos igualdad en el trato federal estas estadísticas no cambiarán”, sostuvo González Colón.
El Informe de la GAO resume, que Puerto Rico ha finalizado dos de los seis acuerdos totales de reestructuración de deuda hasta la fecha.
“A través de este proceso de reestructuración, los bonos de Puerto Rico son reemplazados por bonos con nuevos términos de pago. La deuda pública fue del 93 por ciento del Producto Nacional Bruto en el año fiscal 2016, el año fiscal más reciente para el cual se disponía de estados financieros auditados”, especifica.
Indica que los ingresos generales de Puerto Rico disminuyeron un 11 por ciento y persistieron los déficits durante este período, por lo cual la capacidad de pago de la deuda depende principalmente de los resultados del proceso de reestructuración en curso y de su capacidad para generar un crecimiento económico sostenido.
“Si bien es probable que las subvenciones federales para la recuperación de huracanes estimulen la economía a corto plazo, no está claro si los beneficios económicos resultantes serán sostenibles”, especifica.
La comisionada González Colón expresó que gracias a la voluntad del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los entes involucrados ya se lograron dos reestructuraciones de deuda de las seis que totalizan, pero que la falta de trato igual hace insostenible la carga económica de las responsabilidades incurridas, además de las obligadas por ley federal.
La GAO publicó otro informe este viernes donde audita la ayuda por desastre en 2017, que incluye los fuegos forestales y los huracanes Harvey, Irma y María, para los que el Congreso asignó 120 mil millones de dólares en tres proyectos de ley de ayuda suplementaria para atender estos desastres.
Para el informe se investigaron los planes de control interno de manejo de estos fondos por desastres de seis agencias: los departamentos de Educación, de la Defensa, de Agricultura, de Seguridad Nacional, de Viviendo y Desarrollo Urbano y la Administración de Pequeños Negocios.
El informe concluyó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) de Estados Unidos no tenía una estrategia efectiva para garantizar que las agencias presentaran oportunamente los planes de control interno.
El 30 de marzo de 2018, OMB emitió el memorándum M-18-14 (M-18-14) sobre Implementación de controles internos y subvenciones para las asignaciones relacionadas con el desastre, que contenía una guía para que las agencias la usaran para desarrollar sus planes, esto fue un día antes de la fecha límite legal para que presenten los planes.
Para procurar una mayor transparencia sobre las ayudas y los trabajos provistos por las agencias federales relacionado a desastres, ya la comisionada residente de Puerto Rico se había unido a los congresistas Mark Meadows (R-NC) y a Scott Peters (D-CA) en la presentación de legislación para mayor transparencia federal de los trabajos relacionados a desastres.
El H.R. 1307 o Ley de responsabilidad en línea posterior a un desastre, persigue proporcionar un sistema de rastreo a través de una página web con reportes e información sobre asistencia federal por desastre, para de esta forma ser más efectiva la supervisión del Congreso y que la ciudadanía conozca en que se invierte el dinero público.
González Colón indicó que esta medida pretende facilitar el acceso a la información de donde se invierte y el estatus de los fondos una vez ocurre un desastre.
“En el caso de Puerto Rico, hemos sido testigo de la lentitud en el desembolso de los billones de dólares en fondos que hemos conseguido para la recuperación. Este portal en la red estaría accesible a la ciudadanía, los que trabajan con estos fondos y para todos aquellos que nos toca supervisar los mismos como en el Congreso, facilitando la identificación del estatus de cada uno de ellos”, explicó la comisionada residente. INS
ndc