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Resumen de noticias para el martes 25 de junio de 2018
P. Rico-Alcaldes del sur crean alianza para consolidar servicios en defensa de los ciudadanos
Ponce, 25 jun (INS).- Buscando alternativas para consolidar servicios, unir esfuerzos y economizar recursos en los municipios, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri se reunió con varios alcaldes y representantes de ayuntamientos de la zona sur para trabajar juntos para sobrevivir.
La iniciativa, denominada Alianza Sureña de Desarrollo Intermunicipal (ASDI), unirá a los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Santa Isabel y Gurabo, y servirá para prestar servicios de tramitación y obtención de permisos y otros asuntos relacionados.
“La necesidad del pueblo no tiene color, y es momento de que nos unamos sin ideologías por el bienestar de nuestra gente. Es nuestro deber aportar ideas juntos y crear alianzas colaborativas para dar mejores servicios”, explicó la alcaldesa.
Durante el cónclave se les explicó que ASDI creará una junta de alcaldes y contará con un presidente. La Oficina de Permisos del Municipio de Ponce, clasificada como de quinta jerarquía, será responsable de la evaluación técnica de todos los permisos y autorizaciones radicadas ante dichos organismos, evaluará las solicitudes y emitirá las decisiones correspondientes.
Sin embargo, la toma de decisiones en general se consultará en reuniones periódicas con todos los municipios del consorcio.
De igual forma, el organismo deberá tomar en consideración los planes de ordenación territorial de los respectivos municipios y los reglamentos de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Cada municipio contará con un director de consorcio, coordinador, inspector, miembro alterno y miembro en propiedad.
“Los ingresos serán divididos en partes iguales para el municipio de Ponce y el municipio que genere el caso”, indicó Juan Sánchez, director de la Oficina de Permisos de Ponce.
Por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, manifestó que era necesario unirse para consolidar servicios, juntos en una sola organización. “Para salvar los municipios tenemos que estar unidos”, opinó el primer ejecutivo juanadino.
Del mismo modo, el alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, sostuvo que “los municipios sólo pueden sobrevivir unidos, trabajando juntos y olvidándonos de colores”.
A su vez, la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, expresó que luego del huracán María los alcaldes deben brindar alternativas justas y rápidas para continuar los procesos de reconstrucción. “Esta alianza es vital para continuar brindando servicios al pueblo. Este es un gran paso”, apuntó.
Cada municipio deberá presentar la propuesta a sus legislaturas municipales. De igual forma el proyecto requerirá la aprobación del gobernador Ricardo Rosselló. Una vez aprobado, comenzarán las operaciones del consorcio. INS
P. Rico-Alcaldesa destaca que no hubo incidentes relacionados a la celebración de la Noche de San Juan
San Juan, 25 jun (INS).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó ayer que no hubo incidentes que lamentar relacionados con la celebración de la Noche de San Juan, por lo que catalogó como exitoso el plan integral de seguridad diseñado para la ocasión.
“El plan que diseñamos para atender esta celebración cumplió con su propósito de reducir la posibilidad de que ocurrieran incidentes que tuviéramos que lamentar. A pesar de que fue un día lluvioso, hubo familias que vinieron a El Escambrón y a la playa del Último Trolley y todo transcurrió en orden”, destacó la primera ejecutiva de la capital.
Cruz Soto agregó que “las familias disfrutaron en orden y cooperaron con el manejo de la basura. Como es costumbre, desde que he sido alcaldesa, nuestros empleados trabajaron duro hasta que se dejaron las dos áreas completamente limpias. Así las playas amanecieron limpias, como es nuestra costumbre después de esta celebración”.
Destacó también al personal de la Policía municipal, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, del Departamento de Obras Públicas municipal y la Brigada de Impacto, “que estuvieron en la calle atendiendo la situación de las fuertes lluvias que se dieron ayer, especialmente las alcantarillas de Ocean Park y de las comunidades del G-8 para prevenir inundaciones repentinas”.
“Mi agradecimiento a los 601 empleados que estuvieron activados para este evento por su trabajo de excelencia para nuestros visitantes y nuestros ciudadanos”, concluyó la alcaldesa. INS
P. Rico-Gerenciales de la CFSE advierten que medida propuesta por la Cámara para “salvar” la Ley 80 pone en riesgo las arcas de la corporación
San Juan, 25 jun (INS).- El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), José Ortiz Torres, advirtió que el Proyecto de la Cámara 1661, propuesto para “salvar” la Ley 80, pone en riesgo las arcas de la corporación.
El proyecto dispone separar un 7.5 por ciento que proviene de primas que emiten los patronos en cumplimiento de la Ley 45 de 1935, y que ofrece la oportunidad de usar hasta un 22% de los ingresos provenientes de las primas cobradas para gastos administrativos para establecer un Fondo Especial dirigido a atender las reclamaciones generadas al amparo de la Ley 80.
Ortiz Torres mostró su preocupación por los compromisos económicos pasados y recurrentes impuestos a la CFSE mediante legislaciones para asuntos no relacionados con la salud, seguridad y tratamiento para rehabilitación de los trabajadores.
Señaló que ya existen leyes que destinan fondos de la CFSE para la educación especial, fondos para la representación legal, infraestructura municipal, estatal y al fondo general.
“La CFSE le ha servido además de garante al desaparecido Banco Gubernamental de Fomento. Lo más preocupante es el empecinamiento de los legisladores en utilizar fondos de reserva, que están comprometidos para el cumplimiento operacional destinado al tratamiento médico en la rehabilitación y compensación a la incapacidad de los lesionados”, manifestó.
Resaltó además, el compromiso de las arcas de la CFSE impuesto por el reciente sistema de retiro para los servidores públicos, mejor conocidos como el Pay As You Go, que compromete a los fondos de la CFSE con un aproximado de 100 millones de dólares anuales.
Esto, según el administrador Jesús Rodríguez Rosa, coloca a la CFSE en un déficit que rondaría los 50 millones de dólares.
“Espero escuchar la versión del administrador en férrea defensa de los fondos de reserva y operacionales de la CFSE, que ha sido su crítica bien fundamentada contra la pasada administración de gobierno y que ha manifestado para justificar el cierre de oficinas”, esbozó Ortiz Torres.
El líder sindical invitó a los legisladores a revisar su propuesta, “ya que el ordenamiento legal que pretenden aprobar genera un menoscabo en los ingresos operacionales de la CFSE, al ordenar devolución de las aportaciones patronales por prima en caso de renuncias voluntarias de sus empleados, además de utilizar el fondo de reserva como garantía inicial a los pagos de mesada”.
Ortiz Torres hizo un llamado a los legisladores “a no ceder su espacio en defensa de los trabajadores por caprichos de la Junta de Control Fiscal, ente que no ha mostrado de forma responsable cómo la eliminación de Ley 80 sobre despidos injustificados ayudará en la inversión y el desarrollo económico de Puerto Rico”.
Anticipó que de convertirse en ley el Proyecto de la Cámara 1661 impugnará su validez en los tribunales, “debido a que una vez los patronos privados depositan dinero en un fondo perteneciente y administrado por el Estado, esos fondos forman parte del erario público, y constitucionalmente no pueden ser usados para fines privados”. INS
P. Rico-Nace nueva organización de entidades de salud “en defensa del paciente”
San Juan, 25 jun (INS).- La Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico (Acrpr) y la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), hicieron un llamado ayer a todas las organizaciones o entidades que prestan servicios a formar un frente común y aunar esfuerzos en defensa de los pacientes a través de una nueva alianza.
En conferencia de prensa conjunta, la Acrpr presentó sus preocupaciones ante el actual y futuro panorama en la salud, mientras la presidenta de la ALC, Alba Rivera advirtió que “la situación actual es crítica para los pacientes, empleados y proveedores de servicios de salud ante tantas imposiciones que afectan el servicio y acceso a nuestros pacientes”.
Alertó que “las secuelas del huracán María y las reducciones arbitrarias y unilaterales de tarifas de las aseguradoras son algunas de las razones que amenazan con dejar a los pacientes de la isla sin acceso a los principales servicios de salud. Además, estamos altamente preocupados por el establecimiento del nuevo modelo de MI Salud por la reducción de un 30 por ciento de las tarifas a los proveedores”.
La radióloga Sandra Arroyo Ferrer, representante de la junta de directores de la Acrpr, explicó que “los centros radiológicos enfrentan en estos momentos devastadores retos económicos. Nuestros equipos tecnológicos son costosos y requieren renovación constante, adiestramiento periódico de nuestros técnicos y otras certificaciones que las leyes federales y estatales exigen”.
Añadió que “los contratos de mantenimiento, los contrastes que utilizamos y demás suministros aumentan anualmente y las tarifas impuestas por las aseguradoras apenas cubren esos gastos. A esto le tenemos que agregar el alto costo de la energía eléctrica en Puerto Rico, que es mayor que en los Estados Unidos”.
Además, Rivera explicó que “los laboratorios clínicos comenzaron a recibir cartas de recobro estimadas en más de dos millones de dólares por alegados pagos en exceso de parte de una aseguradora por servicios prestados a sus pacientes”.
“Estos recobros no son válidos y constituyen una acción temeraria y punitiva de parte de la aseguradora. Ante la conocida crisis que enfrenta nuestro sistema de salud con las reducciones ilegales en las tarifas, tenemos que pensar que esta nueva acción tiene el propósito de eliminar laboratorios”, dijo la presidenta de la ALC.
Abundó que “debido a las actuaciones unilaterales de las aseguradoras tanto en los programas Advantage y en el Plan de Salud del gobierno, distintos grupos de proveedores han radicado querellas ante el Comisionado de Seguros, ASES y otros foros, pero hasta el momento nos preocupa la inacción del gobierno, razón por la que se ha tenido que ir a los Tribunales en auxilio para compeler a las agencias a realizar su labor”.
En el 2016, CMS (Center for Medicare and Medicaid Services) concluyó que las tarifas pagadas en Puerto Rico requerían un ajuste para reflejar el costo real de prestar los servicios en la isla y aumentó las tarifas en el 2017 y 2018.
Sin embargo, las aseguradoras que ofrecen las cubiertas de Medicare Advantage en Puerto Rico no quieren reconocer ese aumento y pretenden mantenerlas congeladas. A eso hay que añadirle que en el caso del Plan de Salud del Gobierno, ASES ha avalado una reducción de hasta 70% de las tarifas bajo ese programa.
Ambas organizaciones hicieron un llamado a otros sectores de la industria de la salud, como los médicos, dentistas y optómetras, a integrarse y a formar un frente común para denunciar cómo, entre otras cosas, “las bajas tarifas que imponen las aseguradoras están afectando adversamente la disponibilidad de los servicios de salud en Puerto Rico”.
La nueva alianza será llamada Coalición de Salubristas y Pacientes. INS
P. Rico-Perelló podría tener que pagar de su bolsillo sobre medio millón de dólares la demanda que perdió por discrimen político
San Juan, 25 jun (INS).- El expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás podría tener que pagar de su propio bolsillo sobre medio millón de dólares que adeuda a unas 35 personas que él despidió por ser miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) al llegar a la presidencia de la Cámara en el 2013.
En este caso se demandó a otra serie de funcionarios de Perelló, quienes también tendrían que aportar a la suma adeudada. Estos otros son Javier Vázquez Collazo, Rosendo Vela Birriel, Alvaro Vázquez Ramos, Miguel Arana Colón, Aileen Figueroa Vázquez, Xavier González Calderón, José Fuentes Serrano, René Valle Umpierre, José Sapia y Julio Mojica.
Este caso por discrimen político lo perdió Perelló en el foro federal y los términos del mismo fueron sellados, así como habían sido sellados los términos de un caso en el foro estatal que perdió por discrimen político el hoy senador Aníbal José Torres cuando dirigía la Oficina de Asuntos de la Juventud durante la administración de la gobernadora Sila M. Calderón. En este caso, el gobierno desembolsó alrededor de $450,000.
Sin embargo, el caso de Perelló se complicó cuando, luego que el gobierno hiciera un pago inicial de la deuda en que incurrió Perelló por despedir injustificadamente a funcionarios de la Cámara que no establecían política pública ni tenían accesos a asuntos confidenciales, el segundo pago fue recientemente detenido por el gobierno debido a la Ley Promesa.
Por ello, los abogados de los demandantes analizan y están inclinados a solicitar que los demandados paguen de su dinero el remanente de la deuda, se supo por fuentes relacionadas con el caso porque se estarían beneficiando de una ley que solo pretende beneficiar al gobierno.
Perelló despidió a decenas de personas que solo ocupaban posiciones administrativas no relacionadas con la afiliación política, como recepcionistas, oficinistas, mensajeros, entre otros, y que fueron sustituidos inmediatamente por personas afiliadas al Partido Popular Democrático. Según diversos testimonios del caso, la orden de Perelló fue “limpiar” la Cámara de Representantes de afiliados al PNP.
Muchos de estos perdieron la casa al no lograr emplearse y pagar la hipoteca, así como el automóvil, vendieron sus teléfonos celulares, computadoras y hasta la máquina de lavar y la secadora y los muebles o relojes para abonar al pago de la casa. Otros acumularon deudas con el agua y la luz, hasta que se las cortaron, según diversos testimonios que obran en la corte. Para el 2013, el gobierno estaba sumido en una crisis fiscal y en una economía deprimida. Para el 2014 el gobierno declaró su quiebra.
Casualmente, el bufete que contrató Perelló para defenderse de las demandas fue Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya. Luis Sánchez Betances fue designado secretario de Justicia en ese cuatrienio de 2013, y se separó del bufete. Este luego renunció por el incidente en que “su amigo del alma” y socio de bufete Jaime Sifre chocó en estado de ebriedad al salir de una fiesta de la casa de Sánchez Betances, quien acudió al lugar donde policías procesaban la escena del choque pero “en su carácter personal”.
Perelló enfrenta actualmente juicio en el foro estatal por diversos actos de corrupción durante su presidencia en la Cámara, en un caso que involucró a dos funcionarios administrativos del político en un esquema elaborado junto al empresario Anaudi Hernández. Otros altos funcionarios de gobierno, como la ex directora de ADT Sally López, y altos funcionarios de la AAA cumplen cárcel por sus relaciones con el empresario. Este esquema también le costó la posición a otros funcionarios, aunque no fueron acusados.
La corte otorgó una compensación de $45,000 a cada víctima del discrimen político, de los que se llegó a pagar $25,000 a cada uno en un primer pago antes de que el gobierno se acogiera al proceso de reestructuración de deuda bajo Título III de la Ley Promesa, que le permite aguantar el segundo y último pago, que debió ser realizado a finales de este pasado enero. El primer pago del gobierno totalizó $875,000.
El caso lo transó Perelló y el Departamento de Justicia en 2016. El Departamento de Justicia de la pasada administración lo había acogido bajo la protección de la Ley 9, es decir, que decidió que fueron determinaciones tomadas por Perelló y demás funcionarios como parte de sus funciones de gobierno, así que pagó sus abogados y, de perder la demanda, como ocurrió, pagaría a los demandantes. El discrimen cometido por Perelló, según la sentencia del tribunal federal, le costó $1.4 millones al gobierno.
La deuda sin pagar a las 35 personas suma $525,000, esto es, unos $15,000 para cada uno, que ahora podría tener que pagar Perelló y los demás demandados de su propios haberes. INS
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