P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el martes 18 de junio de 2019

P. Rico-Tribunal Supremo evaluará petición de la Utier para declarar nulas las decisiones de la Junta
San Juan, 18 jun (INS).- El recurso de certiorari presentado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) el pasado 5 de junio, en el que se pide que se anulen las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) será evaluado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el 20 de junio.
“El jueves se reunirán para determinar si aceptan revisar el certiorari presentado por la Utier para que declaren nulas todas las decisiones que ha tomado la Junta y esperamos que se acoja y eventualmente sean anuladas”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier.
Figueroa Jaramillo indicó que a pesar de que es un adelanto el que el máximo tribunal federal evalué la petición presentada, espera que este paso importante logrado no se vea tergiversado en un apuro de la Junta por mantener sus nombramientos.
“Para la reunión del jueves todas las partes hicieron gestiones para que el Tribunal acelerara el trámite de consideración de la petición. Nosotros esperamos que los pasos que estamos adelantando no se vean distorsionados por los apuros de la Junta de mantener sus nombramientos y más cuando ayer anunciaron que llegaron a un acuerdo con los bonistas, aunque solo con un diez por ciento de los bonos de obligación general. Esperamos que esta movida no sea la excusa para presentarle al Tribunal que sus nombramientos hay que mantenerlos porque están logrando acuerdos”, instó.
En el certiorari sometido por la Utier también exige que se anule el plazo hasta el 15 de julio de 2019 otorgado por el Tribunal de Apelaciones para que la Junta mantenga sus operaciones en lo que el Senado federal atiende sus nombramientos.
Si el Tribunal Supremo estadounidense acepta el caso de la Utier, la decisión final se tomaría en algún momento a partir de octubre de 2019.INS

P. Rico-Alianza entre gobierno y municipios para proveer servicios de reparación, reconstrucción y reubicación de viviendas
San Juan, 18 jun (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la firma de un acuerdo entre el Departamento de la Vivienda y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) con un grupo de alcaldes a fin de proveer asistencia para la reparación o reconstrucción de viviendas unifamiliares que fueron afectadas por los huracanes Irma o María.
La asistencia se llevará a cabo mediante el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) con una asignación de unos 2,176 millones del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR), asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).
“Hoy me acompaña un grupo de alcaldes comprometidos a continuar trabajando mano a mano por la recuperación de Puerto Rico. Aquí no hay colores ni diferencias, todos estamos enfocados en continuar reconstruyendo a nuestra Isla. El Programa R3 ciertamente representa un endoso al trabajo que como administración hemos estado realizando”, manifestó el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares puntualizó también que “aún cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) u otra fuente haya negado asistencia a un solicitante, la asistencia por medio del Programa R3 puede estar disponible. Por tanto, exhortamos a la ciudadanía a que saquen provecho de este beneficio. Seguiremos impulsando el desembolso y la asignación de fondos federales para continuar encaminando la reconstrucción de la isla en todas sus facetas”.
Para el Programa R3 podrán ser elegibles propietarios de viviendas en los 78 municipios que cumplan con los niveles de ingresos bajos a moderados de HUD y que poseían u ocupaban la unidad como residencia principal al momento de los desastres.
El programa proporcionará a los propietarios elegibles asistencia en la reparación de viviendas de hasta 60,000 dólares y reconstrucción de viviendas significativamente afectadas, en lugares no peligrosos, hasta un tope de 150,000.
Los propietarios elegibles con viviendas afectadas en zonas en riesgo se les ofrecerá asistencia para la reubicación hasta un tope de 150,000 dólares.
La comisionada residente Jenniffer González Colón sostuvo que “la prioridad del uso de los fondos federales asignados a Puerto Rico tiene que ser la reconstrucción de vivienda, infraestructura, transporte y de servicios esenciales para nuestro pueblo, solo así levantamos la rueda del desarrollo económico. Los municipios son la primera línea de defensa que tiene cada ciudadano, conocen a su comunidad, las necesidades y poseen la infraestructura administrativa para manejar proyectos de esta envergadura”.
González Colón felicitó al gobernador “por poner el dinero a correr a través de los municipios que han tenido la experiencia trabajando con fondos federales y que acelerarán el proceso de reconstrucción. Aquellos que hoy todavía no han podido reparar sus viviendas, les exhorto a que coordinen con sus municipios y el Departamento de la Vivienda porque para eso logramos la aprobación de estos fondos federales”.
Mientras, el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, explicó que “a los propietarios elegibles con daños sustanciales que estén localizados en zonas inundables o con riesgo de derrumbe, se les podrá ofrecer asistencia de reubicación a una vivienda segura. Pero lo más importante, toda reubicación será voluntaria”.
Mediante el Programa R3 se identificarán estrategias específicas para garantizar que la ayuda llegue a los sectores prioritarios y más vulnerables, como los ciudadanos de ingresos muy bajos, bajos y moderados, mayores de 65 años, personas discapacitadas o personas cuyas casas aún permanecen con daños significativos.
El objetivo principal del Programa R3 es proveer hogares seguros y funcionales en las áreas que fueron impactadas por los huracanes Irma y María.
Además, el programa garantiza las necesidades de vivienda para las personas de ingresos muy bajos, bajos y moderados, así como asistencia con el apoyo a la recuperación de las comunidades atendidas.INS

P. Rico-Federación de Maestros presenta propuestas para “garantizar” retiro
San Juan, 18 jun (INS).- Ante el rechazo del magisterio al acuerdo entre la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) anunció sus propuestas para “garantizar” el retiro.
Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, indicó que “la Federación de Maestros lleva mucho tiempo orientando al magisterio y presentando en distintos foros sus propuestas. Desde la pasada administración gubernamental, donde se pretendió dejarnos sin retiro, hemos estado desarrollando esta lucha que hoy rinde frutos al dejar claro el sentir del magisterio y que Aída Díaz, la Asociación y la AFT no nos representan”.
Dijo que la organización ha propuesto que el gobierno y la Junta definan, “antes de continuar comprometiendo los recursos del país, cuáles son los servicios escenciales y los sectores vulnerables de la población que deben ser protegidos previo al pago de la deuda. Entre esos destacan las pensiones y los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
Además, planteó que se debe imponer “una mayor responsabilidad contributivo a las empresas foráneas que genere los ingresos necesarios para poner en pie un sistema de pensiones saludable. Estas empresas extraen del pais cerca de 35 mil millones en ganancias y aportan muy poco al erario”.
Igualmente, señaló que se debe crear un Sistema de Retiro Unificado “que incluya a los empleados públicos del Departamento de Educación, de la judicatura y del gobierno central. Ese sistema debe establecer un fideicomiso que lo administren los propios trabajadores y trabajadoras para que velen por su solvencia como ocurre con Aeela”.
Asimismo, consideró que se tiene que eliminar “la contratación millonarios de empresas y bufetes privados que utilizan los gobiernos para premiar a correligionarios, parientes y dolientes y transferir dinero del pueblo a manos privadas. A modo de ejemplo, la administración de Julia Keleher en el Departamento de Educación concedió 902 millones en contratos en solo dos años”.
“Hay dinero para enfrentar la crisis fiscal. Lo que no existe es una visión de justicia donde los que tienen paguen más y se proteja al pueblo. Ya los trabajadores hemos aportado demasiado. Los grandes empresarios deben asumir una responsabilidad mayor”, reclamó Martínez Padilla.
Añadió que “fracasada la componenda entre la AMPR-AFT y la Junta de Control Fiscal debe darse paso a las propuestas que hemos presentado y que garantizan las pensiones sin tocar los derechos adquiridos del magisterio”.
La portavo emplazó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a que “ya que se ha comprometido públicamente con no alterar las pensiones de los educadores y otros trabajadores del gobierno a que se reúna con la FMPR a discutir las alternativas”.
A su vez alertó a enfrentar el preacuerdo firmado entre el Comité Oficial de Retirados (COR) que acepta recortar las pensiones de los jubilados y jubiladas del gobierno.
La Federación de Maestros invitó a los maestros y otros trabajadores a una reunión este miércoles, a las 10:00 de la mañana, en el local de la FMPR, para escuchar y discutir las propuestas de ese sindicato y su capítulo de jubilados para solventar el pago de las pensiones a activos y retirados.INS

P. Rico-Senado aprueba medida para hacer frente al problema de obesidad en el país
San Juan, 18 jun (INS).- Ante el grave problema de la obesidad en Puerto Rico, el Senado aprobó unánimemente el proyecto del Senado 660, para que el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes también sea el organismo responsable de ejecutar la política pública en relación con la planificación, organización, operación y administración de los servicios de investigación, orientación, prevención y tratamientos para la obesidad que han de ser rendidos en la Isla
“Aunque previamente la obesidad se consideraba un problema propio de los países ricos, actualmente la incidencia de este trastorno continúa aumentando en los países de ingresos bajos y medianos. En Puerto Rico la obesidad representa un grave problema. Según datos de la División de Control y Prevención de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud, entre 1996 y 2015 la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre adultos aumentó de 16.8 a 29.5 por ciento. Entre las edades de 45 y 54 años, un alarmante 79.1 por ciento de la población padecen situaciones de sobrepeso u obesidad”, puntualizó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el cuerpo, Juan Dalmau, autor de la medida
Para el político, la prevención y el tratamiento de la obesidad exigen un enfoque en el que participen todas las instancias gubernamentales y en el que las políticas de todos los sectores tengan en cuenta sistemáticamente la salud, eviten los efectos sanitarios nocivos y, por tanto, mejoren la salud de la población y la equidad en el ámbito sanitario.
“A la luz de estas consideraciones, con la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa da un paso necesario para que el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes coordine e integre, además, todos los servicios educativos, clínicos e investigaciones relacionadas con la obesidad, en particular entre nuestra población. Esto servirá como vector para el desarrollo de nuevas políticas públicas que fomenten la salubridad y bienestar de nuestra gente”, manifestó el senador.INS

P. Rico-Reclama la Asociación de Maestros a la Legislatura que incluya en el presupuesto el seguro social del magisterio
San Juan, 18 jun (INS).- La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, exhortó a los presidentes de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, y del Senado, Thomas Rivera Schatz, para que al igual que se trabaja con el Seguro Social de los policías, se incluya en el presupuesto al magisterio activo.
Estableció que en el último mensaje al país, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se comprometió a darles el Seguro Social a los maestros, además de garantizarles sus pensiones.
“Fue por esa razón que el gobernador solicitó que los maestros no avalaran el acuerdo tentativo negociado con la Junta de Control Fiscal”, explicó Díaz.
A través de sendas misivas, la presidenta de la AMPR reclamó que del presupuesto que se está trabajando se identifique lo necesario para que se cumpla la palabra empeñada de manera que “nuestros maestros activos no pasen ni un día más sin el beneficio del Seguro Social”.
“Esperamos además que se elimine la incertidumbre de nuestros maestros que se retirarán en años futuros, con el compromiso de la Legislatura de que su fórmula de retiro actual no cambiará”, puntualizó. INS
ndc