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La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, advirtió a la JSF que no provoque al pueblo. Inter News Service
Por Nelson del Castillo
San Juan, 15 jun (INS).- “El país tiene que decidir si combate la injusticia o la negocia”, expresó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, al ratificar hoy que seguirá firme en su lucha contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que pretende privar al pueblo de sus servicios esenciales, al punto que tiene al Centro Médico de Puerto Rico en la lista de activos del gobierno a vender.
“El problema de negociar la injusticia (es que) si alguien le da una pela, usted dice dame la pela pero llévame al hospital y después hay que agradecer que le llevaran a hospital. No, usted combate. Usted combate o usted consiente”, manifestó la principal ejecutiva capitalina.
Cruz Soto, quien anunció la apertura del tercer Centro de Transformación Ciudadana Comunitaria, esta vez en el barrio Quebrada Arenas, dijo a preguntas de la agencia Inter News Service (INS) que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, “cobra 625 mil dólares anuales, para clavar al pueblo de Puerto Rico, para que todo el mundo esté claro”.
“Así cualquiera, desde el aire acondicionado”, recalcó al condenar la presunta indolencia de la funcionaria de la JSF hacia las necesidades del pueblo puertorriqueño, por lo que pretende despojar a los municipios de sus recursos, al quererlos obligar a establecer un presupuesto que incluya el pago a la Administración de Servicios de Salud (ASES) y aportar al PayGo, a pesar de que la Ley 29 los exime.
Subrayó que Jaresko y la junta de control fiscal se equivocan con el pueblo de Puerto Rico.
“A mí me matan con las botas puestas. Hay que combatir a la junta aquí, en Washington, un amo no es mejor amo porque cogió al esclavo y le dio tres comidas al día y solo lo azota una vez a la semana; el amo es malo porque le quita la libertad”, expresó Cruz Soto.
Anunció que el próximo martes viajará a Washington para dialogar con varios congresistas, entre los que mencionó a Bennie Thompson, Nydia Velázquez y Bernie Sanders, y posiblemente con Raúl Grijalva, presidente de del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, con el propósito de “hacer esfuerzos para que quede claro que los municipios no están bajo la ley de Promesa, de hecho el pueblo de Puerto Rico no debe estar cobijado bajo la ley de Promesa”.
“Este país es un país bueno, noble y generoso, pero no nos cuquen, no nos cuquen, porque no aguantamos las injusticias”, manifestó indignada Cruz Soto, quien es precandidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD).
Recordó que desde el primer momento “yo me opuse a la junta de control fiscal”, por lo que la investigó la Contraloría debido a la participación del municipio de San Juan en la Asamblea de Pueblo, a la vez que rechazó que el gobierno central subsidie a los ayuntamientos, cuando en realidad lo que hace es quitarle un peso y devolverle 25 centavos.
Al resaltar la situación de precariedad en la que está sumido el país, refirió que 1.3 millones de personas “para poder poner comida en su mesa” necesitan del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), a lo que se ha unido como “una desgracia mayor” la reducción de las pensiones, mientras pende la amenaza de bajarlas más.
Al reaccionar a la controversia que obligó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a retirar de la Asamblea Legislativa los proyectos de libertad religiosa y terapias reparativas, destacó que en el país “no tenemos que crear problemas adicionales para resolverlos”.
“Hay 30 mil techos azules, y no lo digo con ninguna insinuación de color partidista, eso significa que en el primer vientito, de 90 mil a 120 mil personas tienen que ser sacadas de sus casas y llevadas a refugios. Ese es un verdadero problema. Trabajar ese problema es importante, evitar el cierre de escuelas es importante, el lograr que nuestros estudiantes puedan ir a la universidad es importante, aquí hay problemas de verdad importantes”, dijo.
Alertó a sus compañeros alcaldes y alcaldesas que en algún momento creyeron en la buena fe de la junta de control fiscal, que no hay por qué darle el beneficio de la duda.
“Padre Pedro dijo el pasado domingo de pentecostés en Comerío, donde estuve con el alcalde Josian Santiago, que no hay que consentir para que a uno le hagan daño”, anotó al enumerar que la comida, el agua y la medicina en el Hospital Municipal cuesta dinero, lo que no parece comprender la JSF, que quiere disponer de los activos del pueblo puertorriqueño. INS
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