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San Juan, 13 jun (INS).- El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada, aplaudió hoy la decisión del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de solicitar que se retire del trámite legislativo el “mal denominado” proyecto de libertad religiosa.
“El Colegio no claudicará en la defensa de los derechos de la gente, y combatirá cualquier propuesta defectuosa, que en lugar de promover la libertad religiosa, fomente el discrimen en la prestación de servicios públicos bajo el palio de una creencia en particular”, expresó.
El licenciado Román Espada subrayó que el estado de derecho vigente provee suficientes garantías para que la ciudadanía ejerza el derecho a creer o no en determinados postulados religiosos.
En ese sentido, recalcó, no se laceran derechos por el retiro de la medida.
“Contrario a lo manifestado por algunos líderes del gobierno, no existía un consenso en la comunidad sobre la conveniencia de este proyecto. Escuchamos voces diversas, incluso del mismo sector de fe, en contra de la medida”, sostuvo el letrado.
El presidente del CAAPR agregó que “reconocemos que la aspiración a una sociedad democrática, respetuosa y participativa son contrarias a medidas de ley o reglamentos que patrocinen que un empleado público se niegue a proveer servicios a la ciudadanía, escudándose en sus creencias personales”.
“Tampoco, que una entidad proselitista aspire a recibir fondos públicos si no está en disposición de respetar los principios básicos de no discriminación, plasmados en la Constitución y las leyes”, apuntó.
De otro lado, Román Espada reaccionó a la eliminación de la medida que prohibía las terapias reparativas o de conversión sobre la orientación sexual de una persona, y que también levantó cuestionamientos relacionados con el artículo que establecía que la prohibición del tratamiento no aplicaría desde la práctica religiosa.
“La presentación de un proyecto de ley que prohíba de manera absoluta las terapias de conversión o terapias reparativas es una buena práctica de política pública porque protege los derechos humanos y la salud de quienes son obligados a someterse a ellas. Una legislación a tales efectos, bien merece la pena considerarse, como ya lo han hecho diversos países”, sentenció el presidente de los abogados colegiados. INS
ndc