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El licenciado Charlie Hernández sostuvo que la factura de la ASR está plagada de errores catastróficos. Inter News Service
Por Nelson del Castillo
San Juan, 11 jun (INS).- El juez superior Anthony Cuevas Ramos otorgó hoy a la Administración de Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno un plazo de diez días, en coordinación con el municipio de San Juan, para establecer un mecanismo de cotejo de la lista de los pensionados, tras incrementar en 21 millones de dólares la cantidad a pagar de un año a otro.
El magistrado atendió un pedido del ayuntamiento capitalino ante la negativa de el ASR de dar acceso a la lista que permita corroborar las razones para que de un año a otro se imponga a San Juan pagar 54 millones de dólares, en lugar de los 33 millones, como parte del sistema de PayGo, establecido por la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, instruyó demandar judicialmente ante la negativa de la ASR de entregar los documentos que permitieran verificar la legitimidad de la información ofrecida, lo que rechazó el gobierno central.
El licenciado Charlie Hernández, quien lleva la representación del municipio de San Juan junto a los letrados Frank Torres-Viada y Brenda Cordero, afirmó a la agencia Inter News Service (INS) que la factura del Sistema de Retiro “está plagada de errores catastróficos, algunos admitidos por el propio Sistema de Retiro y el juez evidentemente se ha percatado de eso”.
Anticipó que temprano la semana próxima establecerán los mecanismos para el cotejo de los 5 mil expedientes, entre los que “nosotros encontramos preliminarmente 1,300 de ellos con errores”.
“Es un trabajo arduo, que el municipio está dispuesto a hacerlo, pero Sistema Retiro ha mostrado alguna renuencia”, estableció.
El licenciado Oreste R. Ramos, uno de los abogados de la ASR, indicó que la ley no obliga a ese organismo a entregar los registros de pensionados “en la forma en que ellos lo piden”.
“Este es un caso de cobro de dinero y no se ventilan en injunction; lo que está buscando el municipio es esencialmente que el juez emita una orden para que no se haga valer una ley, y eso es ilegal”, adujo Ramos a la agencia INS.
Consideró que el ayuntamiento capitalino “lo que quiere hacer es que no se ponga en vigor esa ley”, que fija el estado de Derecho de hoy día.
En tanto, Hernández ratificó que la ASR tiene que producir un registro de los jubilados, que ordena la ley, puesto que si no han preparado “un registro cómo se atreven a facturar”.
Acusó al gobierno de tratar de evadir esa contestación, en tanto agregó que el gobernador Rosselló Nevares “que dijo hace unos días que la transparencia en la gestión pública no debe ser un privilegio sino un derecho, en el día de hoy manda a sus abogados para mantener el privilegio para unos pocos y el poco acceso para el país”.
Aclaró que “no estamos en la época de lealtades ciegas al gobierno, por lo que una factura que ya está plagada de errores no tenemos por qué darla por buena”.
La ASR admitió en la sala del juez Cuevas Ramos que no han cumplido con el texto de la ley de producir un registro público con el listado de todos los pensionados de Puerto Rico, en lo que tienen año y medio de atraso, a pesar de ser un mandato de ley.
“Es año y medio de atraso en producir ese registro, que es el que certifica los derechos de cada pensionado. Si no has preparado el registro, cómo te atreves a facturar”, indicó Hernández.
Las partes se reunirán nuevamente en la sala de magistrado en el Centro Judicial de San Juan el próximo 21 de junio, cuando de no haber alcanzado un acuerdo se procederá al desfile de pruebas.
De inmediato, la alcaldesa capitalina Cruz Soto reaccionó “complacida de que el tribunal haya atendido el reclamo del municipio de San Juan de que tengamos acceso a los expedientes de la Administración de Sistemas de Retiro de manera que se defina exactamente la cantidad que le corresponde pagar”. INS
ndc
