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Los representantes Ángel Bulerín Ramos y Jacqueline Rodríguez Hernández atienden la legislación en vista pública. Inter News Service
San Juan, 10 jun (INS).- Con el propósito de garantizar los derechos y servicios esenciales de los ancianos, la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato a las Personas de Edad Avanzadas en Puerto Rico, presidida por la representante Jacqueline Rodríguez Hernández, inició el análisis del proyecto de la Cámara 2141 para crear la nueva política pública y la Carta de Derechos Personas de Edad Avanzada.
El proyecto de Administración establece las nuevas responsabilidades de las agencias e instrumentalidades del Gobierno, y constituye el proceso de solicitud de órdenes de protección, al tiempo que deroga la ley actual, conocida como la “Carta de Derechos del a Persona de Edad Avanzada en Puerto Rico”.
La secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, favoreció la medida por ser “una legislación de avanzada en favor de los adultos mayores”, al plantear que la población de personas de 60 años o más ha tenido un incremento vertiginoso, crecimiento que continuará en los próximos años.
Andújar Matos mencionó que Puerto Rico ocupa la posición número cinco con mayor concentración de personas de ese grupo de edad entre todos los estados de Estados Unidos.
“Es una clara obligación del Estado en beneficio de las personas de edad avanzada y un importante paso para el establecimiento de una política pública fuerte y robusta que reconoce los cambios poblacionales que están surgiendo en Puerto Rico, así como la necesidad de legislar atendiendo esta realidad”, explicó la funcionaria.
El director de la División de Legislación del Departamento de la Justicia, Daniel Valdez Cabrera, sostuvo que “favorece la manera en que la propuesta imprime claridad y amplía considerablemente los postulados de política pública en relación a la población de edad avanzada”.
“Esta pieza legislativa reconoce la responsabilidad del Estado, las condiciones de vida de la población de personas de edad avanzada y, además, garantiza el bienestar de estos”, añadió el asesor legal.
Mientras, la presidenta de la Comisión reconoció que no se promueve que los adultos mayores tienen una ley de protección, y es probable que “ni lo saben”.
La representante Rodríguez Hernández aseguró que “nunca he visto una noticia de que un adulto mayor solicitó una orden de protección contra un hijo, nuera, yerno, sobrino o nieto”.
Requirió al funcionario de Justicia a entregar a la Comisión datos estadísticos sobre los casos de maltratos procesados y órdenes de protección adjudicadas a esta población, y los casos registrados que ha llevado la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) ante los tribunales.
Mientras, el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón Rodríguez, sostuvo que la pieza legislativa “representa un avance importante en la dirección correcta que apoyamos y aplaudimos, ya que llevamos años promoviendo este cambio de visión”.
“Este proyecto de ley tiene prácticamente todos los elementos y el contexto necesario. No obstante, entendemos que su mejor ejecución e implantación para realmente transformar la política pública depende de que se puedan pulir y fortalecer varios elementos. Solamente así podremos asegurar que a las diversas administraciones de gobierno a través del tiempo no les quede duda de la intención administrativa y legislativa presente”, dijo Acarón Rodríguez.
El representante Ángel Bulerín Ramos señaló que “es una medida de avanzada, (por lo que) cuando se convierta en ley la medida, espero que sea una herramienta de beneficio para la población de adultos mayores”.
La representante Rodríguez Hernández, antes de finalizar la audiencia pública, expresó su preocupación por las personas de edad avanzada y que la Comisión que preside está atendiendo “con pasos afirmativos” la mencionada población. INS
ndc
