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La alcaldesa de San Juan expone la situación rodeada de los abogados Frank Torres Viada, Brenda Cordero y Charlie Hernández. Inter News Service
San Juan, 10 jun (INS).- El municipio de San Juan demandó al Sistema de Retiro por facturar 21 millones de dólares adicionales a los 33 millones para cumplir con la imposición del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares de transferir a los ayuntamientos el pago de pensiones, denunció hoy la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.
“Se trata de 21 millones de pesos de un día para otro; 21 millones de dólares gasta el municipio de San Juan en el recogido de la basura anualmente”, expresó la alcaldesa en rueda de prensa acompañada de los abogados Frank Torres-Viada, Brenda Cordero y Charlie Hernández, al destacar el descalabro que hay en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.
El caso, que se ventilará mañana en la sala del juez superior Anthony Cuevas, en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan, tiene como objetivo que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y su director, Luis Collazo Rodríguez, cumpla con la ley que obliga a preparar un registro de pensionados y beneficiarios, ya que la nómina del ayuntamiento de la capital está inflada con al menos 1,068 pensionados de los que no se tiene información.
Este número de beneficiarios representa una sobrefacturación mensual, según una lista en la que hay una duplicidad de números de Seguro Social y en ocasiones no hay ni nombres.
“Cuando usted tiene más de cien muertos en una lista, usted no sabe lo que está haciendo, por lo que la factura es ilegal, no sirve y el Sistema de Retiro no sabe dónde tiene los pies ni la cabeza”, denunció la alcaldesa Cruz Soto.
La principal ejecutiva de San Juan mostró una hoja en la cual figuran mil 68 pensionados, de los que 840 pertenecen al municipio capitalino, que el Sistema de Retiro los divide entre rojos, azules verdes y grises en que aparenta una matización político partidista.
“Ellos han incumplido con todo lo que dice la ley por lo que la facturación de esos 54 millones de dólares es incorrecta y es ilegal”, advirtió la primera ejecutiva de la ciudad capital.
El Sistema de Retiro, aclaró el licenciado Torres-Viada, está cuestionada porque el municipio de San Juan no puede liberar un solo centavo por una deuda que está ilegalmente facturada y que en sustancia está incorrecta.
El letrado expuso que se está peticionando al tribunal un interdicto preliminar, para que se mantenga las cosas como están y que prohíba hacer cualquier gestión de cobro o prohiba al Departamento de Hacienda congelar o gravar o embargo fondos del municipio de San Juan, en particular con la remesa que se recibe de parte del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), hasta tanto no exista certeza de cuánto es el monto de la deuda para el Pay-Go, que se ha establecido como mecanismo individual de jubilación.
En una auditoría hecha por el Departamento de Recursos Humanos de San Juan, dijo Cruz Soto, “hemos estimado que el Sistema de Retiro al municipio al menos 11 millones de dólares anualmente al pretender que emitamos pagos ilegalmente por beneficiarios que no le corresponden al municipio”.
Cruz Soto explicó que debido a esto han solicitado al tribunal que brinde acceso al ayuntamiento de San Juan para auditar la factura de los fondos reclamados por la Administración del Sistema de Retiro mediante Pay-Goy.
Para el año fiscal 2016-2017, el municipio abonaba al Sistema de Retiro 33.1 millones de dólares, suma que se incrementó para el año 2017-2018 a 54.7 millones de dólares, lo cual levantó bandera para los funcionarios de San Juan.
La alcaldesa criticó la forma engañosa en que el gobernador Rosselló Nevares ha traspasado a los municipios responsabilidades que no le correspondía, por lo que exhortó a sus colegas alcaldes a que revisen bien las facturas que envía la Administración del Sistema de Retiro. INS
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