Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 29 de mayo de 2019
P. Rico-DRNA tendrá 30 días para ejecutar disposiciones sobre la prohibición del depósito de cenizas
San Juan, 29 may (INS).- El Senado emitió un voto unánime a favor del proyecto del Senado 1221, que busca enmendar la ley para prohibir el depósito de cenizas de carbón.
Entre las enmiendas se aprobó que ahora el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tenga un término de 30 días para aprobar o enmendar cualquier reglamento y así cumplir con los propósitos que dispone la pieza legislativa.
“Anterior a esta enmienda existía un término de 90 días para que el DRNA ejecutara cambios en su reglamento, y ahora tendrá 30 días. Esto hará que se ejecute de lo que dispone el proyecto con rigor y rapidez. Con este proyecto se descarta rotundamente el depósito o disposición de las cenizas de carbón o residuos de combustión que no sean para uso comercial”, amplió el senador Nelson Cruz, quien presentó la enmienda.
Además, la pieza aprobada la semana pasada estipula que la agencia será quien reglamente las circunstancias particulares para el almacenamiento controlado en tanques de silos para la manufactura de cemento, hormigón o concreto previo a su uso y cualquier otro uso comercial beneficioso, el cual no podrá extenderse por más de un año.
Asimismo, la medida pretende definir el “uso comercial beneficioso” para que signifique el uso mediante el cual los Residuos de Combustión de Carbón quedan integrados a una matriz sólida eliminándose de forma permanente cualquier lixiviación y emisión de componentes del RCC al medio ambiente o su descomposición. Esto incluiría el uso de sus derivados como materia prima en la manufactura de cemento y la producción de bloques, adoquines y otro producto de hormigón, así como productos plásticos o goma.
El proyecto de la autoría del vicepresidente del Senado Larry Seilhamer explica que la disposición de las cenizas surge cuando en el 2014 la empresa Applied Energy System (AES) solicitó a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que se les autorizara a disponer de los residuos de combustión de carbón (RCC) en sistemas de relleno sanitario (SRS) de Puerto Rico, “lo que constituyó una admisión de su intención de disponer de los RCC generados por estos y que no existe mercado para tal producto”, dijo el político.
Según la petición de la AES, la entidad tiene la necesidad de descartar, desechar, abandonar o disponer de forma definitiva las cenizas generadas en la instalación.
Posteriormente, ese mismo año, la AES solicitó autorización para la utilización de Agremax (agregado manufacturado proveniente de los RCC) como material de cubierta diaria alterno en sistemas de relleno sanitario que este en cumplimiento con el Subtítulo D de RCRA.
Ese mismo año, comenzaron las primeras gestiones de parte del gobierno de Puerto Rico para permitir en nuestra jurisdicción el depósito de los residuos de la quema de carbón.
La AEE solicitó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) una opinión escrita para permitir el depósito de los residuos de combustión de carbón en Puerto Rico.
La EPA avaló la disposición de RCC generados por AES si se trataba de un SRS autorizado con revestimiento compuesto o material geo sintético, que cumpla con el Subtítulo D de RCRA, o en una instalación tipo monofill con revestimiento compuesto o material geo sintético, dedicado a la disposición de RCC.
Posteriormente, en 2015, la AEE y AES procedieron a enmendar el PPA para permitir la disposición de los residuos de combustión de carbón producidos por la operación de las facilidades de AES en la jurisdicción de Puerto Rico.
Este cambio generó un gran debate y oposición de las comunidades afectadas, entre otros grupos de interés. INS
P. Rico-Entidad compuesta por principales sindicatos y organizaciones sociales del país anuncia manifestaciones contra el acuerdo de los bonistas de la AEE
San Juan, 29 may (INS).- La organización Pueblo Unido, compuesta por los principales sindicatos y organizaciones sociales del país, anunció que realizará una serie de manifestaciones para educar, luchar y lograr que el acuerdo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no sea aprobado.
“Nos hemos unido como pueblo más de 30 organizaciones para lograr que el acuerdo con los bonistas de la Autoridad, que solo los beneficia a ellos y encarcela al pueblo de Puerto Rico por los próximos 47 años, no se dé, no se firme. Para ello, realizaremos una serie de actividades, manifestaciones y una fuerte campaña, de cara a la vista en el Tribunal Federal donde se verá el acuerdo el próximo 24 de julio, para explicarle a la gente lo malo de este acuerdo, un acuerdo que automáticamente le aumenta dramáticamente la factura de luz a todos por igual”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, portavoz de Pueblo Unido.
Los portavoces explicaron que realizaran una campaña de educación y una serie de eventos que, por estrategia, serán anunciados según se acerquen las fechas.
“Haremos una serie de actividades para explicar al pueblo que este acuerdo es malo, que le van a aumentar la luz a todo el mundo tan pronto como este próximo julio y que condena hasta los que aún no han nacido a pagar unos bonos que informes pre-auditoría han señalado serias ilegalidades en su creación y que debería ser cancelada por ser deuda ilegal”, añadió Eva Prados, también portavoz de la coalición de organizaciones.
El grupo, que llegó hasta el Capitolio para hacer los anuncios, le exigió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que se apruebe la resolución del Senado 1090, presentada por el senador Juan Dalmau, que repudia el acuerdo con los bonistas de la AEE.
“Le exigimos al presidente del Senado que hagan lo mismo que hicieron con la resolución aprobada en la Cámara sobre el recorte en las pensiones y que aprueben la resolución presentada por el Senador que repudia este acuerdo para que demuestren su compromiso con el pueblo”, puntualizó David Ortiz, también vocero.
Los portavoces recordaron también que son los legisladores quienes son los responsables de crear o no legislación que apruebe el acuerdo que se negoció entre la AEE, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) y un grupo de bonista de la AEE.INS
P. Rico-Reyes Márquez sostiene que gobernador Rosselló Nevares materializa privatización de la CFSE
San Juan, 29 may (INS).- El presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Uecfse), Francisco Reyes Márquez, acusó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares de materializar la privatización del ente público ante el anunciado cierre de las farmacias ubicadas en los dispensarios.
“Bajo el manto de la modernización y supuestas mejoras para los lesionados, el gobernador de Puerto Rico y la administración de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado finalmente materializan (su) privatización de la entidad”, ratificó.
Reyes Márquez indicó que, desde el inicio de este cuatrienio, la administración de la CFSE, que encabeza Jesús Rodríguez Rosa, ha sido consecuente en su agenda privatizadora, siendo el nuevo acuerdo con la red de farmacias Coopharma el ejemplo más evidente.
“La administración tiene una sola misión y esa es la de desmantelar la Corporación del Fondo del Seguro del Estado”, reclamó el dirigente gremial.
A modo de ejemplo, recordó los recientes cierres de las farmacias de Carolina y Fajardo, los cuales fueron denunciados por el gremio ante la Junta de Relaciones del Trabajo por tratarse de acciones que, entre otros aspectos, violan los fundamentos de la Ley 130.
Por otra parte, según el represente de la unión, la farmacia ubicada en el dispensario de Mayaguez fue cerrada esta semana al retirarse la profesional licenciada en farmacia.
El sindicalista cuestionó además las alegadas conveniencias para los lesionados respecto al servicio, ya que “en lo sucesivo un lesionado tendrá que identificar la farmacia participante cuando antes bastaba con acudir a la de la Corporación, a la vez que asistía a su cita médica o terapia”.
Reyes Márquez estableció que acudirán a los foros administrativos pertinentes para denunciar el traslado de los profesionales de farmacias que serán reubicados en otras tareas, tal como indicó el administrador de la CFSE, durante la conferencia de prensa celebrada hoy en La Fortaleza.
“La privatización de las farmacias no se justifica, no surge de base científica alguna, no corresponde a reclamos por parte de los lesionados y le falta a las protecciones propias del taller de trabajo, según se dispone en el convenio colectivo. Lo vamos a luchar por improcedente, injusto y contrario a reglamentación”, recalcó Reyes Márquez.
Aclaró que su gremio no es contrario al bienestar de las farmacias de la comunidad agrupadas en Coopharma, que cuenta con más de 500 establecimientos, sino a la agenda de privatización de la administración de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y del gobernador Rosselló Nevares. INS
P. Rico-Heend denuncia posibles conflictos, contratos y gastos innecesarios en la UPR, como boina doctoral metálica en oro blanco
San Juan, 29 may (INS).- La junta de directores de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) catalogó de falsas las expresiones de la administración universitaria vertidas este lunes, sobre un supuesto rechazo a una propuesta de la negociación colectiva sobre las exenciones de matrícula y denunció una serie de contratos y gastos innecesarios que laceran las finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La presidenta de la Heend, Jannell Marina Santana Andino, declaró que fue el abogado de la UPR luego de consultar a la administración universitaria, quien abandonó la pasada reunión en una actitud beligerante cuando ella le señaló que trajeron un elemento nuevo a la discusión.
“Nosotros no rechazamos el 75 por ciento de las exenciones que presentaron, pero hay un problema con la parte de complementar las ayudas económicas con la exención para el año académico 2018-19. Eso no se había presentado en ninguna de las propuestas anteriores y eso fue lo que reclamamos. Se trae como una píldora venenosa para provocar un tranque en la negociación, pues cuando lo reclamamos abandonaron la mesa de negociación”, sostuvo la dirigente sindical. Añadió que actualmente hay estudiantes con deuda, a quienes la UPR no les ha honrado lo que tienen que pagar y les ha afectado en los derechos de graduación.
“Estamos en la mejor disposición de la negociación, pero si traen un elemento nuevo tienen que entender que debemos evaluarlo. Ellos fueron quienes se retiraron de la mesa, pero como es la costumbre de la administración, dicen medias verdades o falsedades a los medios”, sostuvo.
Sobre los contratos y gastos, Santana Andino mencionó que la unión obtuvo acceso a contratos en los que la UPR se compromete a pagar casi un millón de dólares a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), pagar cabildeo en Washington, gastos en lujosas togas para la investidura del presidente, y un nuevo contrato de servicios profesionales al presidente de la junta de gobierno de la UPR, Walter Alomar, que podría representar conflictos en la toma de decisiones, entre otros. “Esto se suma a reportes emitidos por medios de comunicación hace unos meses sobre los altos costos que representa para la UPR no solo la nómina del presidente Haddock, sino también de sus ayudantes”, dijo.
Además, opinó que “es irresponsable y totalmente injusto que mientras los empleados y profesores tenemos sueldos sumamente bajos, se nos reducen beneficios importantes como el plan médico y al estudiantado le aumentan los costos de estudiar, la administración universitaria ande dando contratos y gastando sin medida”.
En una conferencia de prensa, la presidenta de la Heend indicó que un ejemplo de los gastos superfluos, son las togas que se ordenó comprar el 13 de mayo pasado para usarlas en la ceremonia de investidura del presidente Haddock, por el presidente de la junta de gobierno, Walter Alomar, y otros dos miembros de ese cuerpo, a un costo de 3,525 dólares.
“No solamente se hace una ceremonia de investidura que no es parte de la cultura de la universidad para alimentar el ego del presidente, sino que además tenemos que comprarles vestimenta que incluye boina doctoral metálica en oro blanco. Este es el colmo del cinismo para una institución que enfrenta un plan fiscal que pretende arrebatarnos nuestros beneficios”, declaró la dirigente sindical.
Santana Andino también presentó evidencia de un acuerdo suscrito el 14 de febrero de 2019 entre el presidente Haddock y el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carlos Mercader Pérez, para servicios de cabildeo en Washington que implica duplicidad de funciones.
Mencionó que el acuerdo establece que Prfaa va a contratar un especialista y que la UPR girará al fondo rotativo de esa agencia la cantidad de 40,000 dólares por un período de cuatro meses, a razón de 10,000 mensuales.
Dijo que los servicios que prestará ese tercero son funciones que actualmente se enmarcan en la Vicepresidencia de Fondos Externos de la UPR, el mismo presidente y la persona de confianza en cada recinto asignada a búsqueda de fondos externos.
“El especialista, que no conocemos, trabajará desde la Oficina de Asuntos Federales en Washington, para gestiones de búsqueda de fondos federales para el beneficio de la UPR, pero nadie ha explicado por qué hay que duplicar las funciones que se supone que haga la Vicepresidencia de Fondos Externos de la UPR”, sostuvo.
La portavoz expresó que la organización repudia un contrato de casi un millón de dólares (902,000) para que la Aafaf contrate una firma que asista a la UPR en los asuntos de la Ley Promesa.
“Tenemos que decirle al pueblo que este acuerdo es el peor gasto que ha hecho la Universidad. No solamente tenemos que pagar todo ese dinero, sino que además no hemos visto ningún beneficio. La mejor muestra de la ineficiencia de Aafaf y sus firmas para con la UPR es que el nuevo plan fiscal y el presupuesto que mantienen los gigantescos recortes de fondos que llevan a estudiantes, profesores y empleados a la pobreza”, indicó Santana Andino.
Para la vocera, otro ejemplo de los aumentos en gastos es el contrato al suplidor para propósitos de consultoría para los estados financieros, Norberto Rivera Berríos, quien en julio de 2017 cobraba 1,537 dólares por sus servicios y su contrato se incrementó al punto que en abril de 2019, su factura fue de 27,412.87, para un monto total de 214,529 dólares.
Respecto de un posible conflicto de Walter Alomar como asesor en la Aafaf, la dirigente sindical señaló que esa agencia extendió un contrato de servicios profesionales a la firma (DBPR Legal) del presidente de la junta de gobierno de la UPR, Walter Alomar, de hasta 200,000 dólares, que se suma a otros 59,400 que actualmente recibe de la UPR.
Explicó que la página número 20 del contrato de Aafaf a Alomar establece que “los consultores certifican que ninguno de los socios, directores, ejecutivos, oficiales o empleados recibe salario ni ningún tipo de compensación por rendir servicios regulares por cita (o de otra manera) de ninguna agencia, instrumentalidad, corporación o municipalidad del gobierno de Puerto Rico. Las partes reconocen que este acuerdo no se ejecuta para el beneficio de personas que han sido oficiales o empleados de la Autoridad”.
En este caso, dijo, Alomar tiene un contrato vigente como profesor de la Escuela de Derecho por la cuantía de 59,400 dólares.
“No solamente lo nombraron profesor de la UPR y tiene contratos en otras agencias, ahora también lo contrata Aafaf que es la agencia que instrumenta los planes fiscales en contra de la UPR y que tiene un contrato de 902,000 para asuntos de Promesa. Esto es un claro conflicto de interés moral del que se supone que defienda al primer centro docente”, puntualizó Santana Andino.
Afirmó que todas estas instancias hablan del pobre desempeño de los administradores de la UPR que en una reciente publicación se descubrió la semana pasada que se han quedado cortos en la búsqueda de fondos alternativos para la institución.
“Aquí lo que han venido es a servirse de la Universidad, a dar contratos y puestos para sus amigos, las conexiones políticas y los donantes. La Universidad no les importa lo que están haciendo es destruirnos poco a poco”, aseveró. INS
P. Rico-Rosselló Nevares afirma que representante Ortiz “no sabe de lo que está hablando”, en referencia a la reasignación de 11.7 millones que estaban dirigidos al pago del seguro social de policías
San Juan, 29 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares afirmó hoy que el representante José Manuel Ortiz “no sabe de lo que está hablando”, en referencia a la reasignación por parte del gobierno de 11.7 millones que estaban dirigidos al pago del seguro social de policías.
Rosselló Nevares, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, dijo que el político “no sabe de lo que está hablando, es pura demagogia”.
El mandatario explicó que “cuando se presentó el presupuesto, se tenía la aspiración de que ya para este año tener el proceso de seguro social para la Policía encaminado, para eso se asignan esos 11.7 millones. Están ahí. Se iban a usar, pero no se van a usar aunque queramos. Se usan para otras áreas de necesidad dentro del gobierno”.
Ortiz condenó hoy la solicitud por parte del gobierno para reasignar al pago de seguros en agencias de gobierno, 11.7 millones que están destinados al pago de seguro social de agentes de la Policía.
Las expresiones surgen luego de que trascendiera públicamente la solicitud hecha por el gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Es lamentable que el gobierno utilice el mecanismo de solicitud de reasignación de fondos para quitarle recursos a la policia en vez de usarlo para suplir las necesidades apremiantes de nuestro aparato de seguridad pública. Quitarle 11.7 millones dirigidos al pago de seguro social de los agentes, para usarlos en el pago de seguros en agencias de gobierno es un desplante más a los policías que todos los días se lanzan a la calle a proteger la vida y propiedad de los puertorriqueños. Esta acción es una evidencia más de la falta de prioridades del gobierno de Ricardo Rosselló”, indicó el portavoz de la minoría PPD en la Comisión de Seguridad Pública.
El representante emplazó a la JSF a que no acepte la solicitud del gobierno, ya que atenta contra las condiciones de trabajo y vida de oficiales de la policia que ofrecen un servicio esencial al país.
“Si la Junta quiere de verdad garantizar un servicio esencial como lo es la seguridad pública, tiene que rechazar la solicitud del gobierno y solicitar que los recursos para el pago de seguros salgan de partidas que no afecten servicios básicos”, sentenció.INS
P. Rico-Fiscal federal Rodríguez Vélez anuncia su retiro tras 13 años en el cargo y más de 30 en Justicia de EEUU
San Juan, 29may (INS).- La fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, anunció su retiro luego de una carrera de más de 30 años en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Durante los últimos 13 años, Rodríguez Vélez ha ocupado el puesto de fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico y es, actualmente, la fiscal federal con más años de servicio en todo EEUU.
La funcionaria federal ha notificado al Departamento de Justicia su intención de acogerse a retiro, pero se mantendrá en su puesto hasta tanto el presidente de EEUU nomine y el Senado estadounidense confirme a su sucesor. INS
P. Rico-Amplía Senado médicos que pueden solicitar incentivos contributivos
San Juan, 29 may (INS).- El Senado sancionó hoy una medida que establece que todo médico que además de ejercer la medicina se desempeñe en la práctica académica en escuelas certificadas y acreditadas pueda calificar para la “Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos” de 2017.
La medida fue aprobada con el voto de 17 senadores de la delegación de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) y 10 en contra de los senadores de las delegaciones de minoría y del vicepresidente del Senado, Larrry Seilhamer Rodríguez.
Mientras se abstuvieron los senadores Miguel Romero Lugo y Carlos Rodríguez Mateo.
Al dar paso al Proyecto del Senado 1234 presentado por petición por el presidente del alto cuerpo, Thomas Rivera Schatz, se redefine “ingreso elegible” para incluir aquel que sea devengado por “función directa” de un nombramiento académico como catedrático auxiliar o asociado de una escuela de medicina acreditada.
La referida legislación de 2017 estableció una tasa fija de contribución sobre ingresos de cuatro por ciento sobre los ingresos generados por el médico como resultado del desempeño de su práctica profesional.
Este incentivo estará vigente por 15 años, y puede extenderse por 15 años adicionales si cumple con los requisitos establecidos en ley.
La pieza legislativa recibió el aval del Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Colegio de Médicos Cirujanos.
Al momento en que se redactó el informe, el pasado 23 de mayo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Asociación Profesional de Contadores y el Departamento de Hacienda no habían enviado los memoriales explicativos solicitados por la Comisión de Hacienda del Senado. INS
ndc