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Resumen de noticias para el sábado 25 de mayo de 2019
P. Rico-Tras acuerdo, la AEE entregará en un plazo de 14 días documentos públicos sobre proceso de privatización y datos del sistema eléctrico
San Juan, 25 may (INS).- La organización sin fines de lucro Cambio y el Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (Ieefa, siglas en inglés) lograron en el tribunal que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se comprometiera a responder y entregar en un plazo de 14 días documentos públicos sobre el proceso de privatización de esta entidad, así como datos del sistema eléctrico.
El acuerdo entre las partes se produjo en la sala del juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
El juez atendió el viernes el recurso de mandamus presentado por Cambio el Ieefa contra la AEE para exigir la entrega de información luego de haberla requerido infructuosamente desde febrero de 2019.
Tras escuchar planteamientos iniciales en la vista, el juez Cuevas Ramos enfatizó que es un derecho constitucional del pueblo el tener acceso a información pública y que le corresponde al gobierno ser transparente y brindar los documentos que los ciudadanos soliciten. Seguido, decretó un receso e invitó a las partes a dialogar en aras de hacer pública la información.
Ingrid Vila Biaggi, fundadora de Cambio, y sus abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez, se reunieron y llegaron a unos acuerdos con los abogados representantes de la AEE, Fernando Fornaris y lKatiuska Bolanos, del bufete Cancio Nadal, así como con la directora legal de la AEE, Astrid Rodríguez Cruz.
“Fue una vista muy productiva. El juez fue sumamente claro en la importancia de hacer accesible a la ciudadanía la documentación pública, que tiene que estar disponible para todos. El juez exhortó a que llegáramos a unos acuerdos y designáramos con mayor precisión las fechas de los documentos solicitados”, expresó Vila Biaggi.
Explicó, además, que como parte del acuerdo solicitaron los documentos a partir del 1 de enero de 2018 al presente para aquellos relacionados a la privatización y los datos más actualizados referentes a la red eléctrica.
Las partes acordaron que para el 7 de junio la AEE estará respondiendo a toda la solicitud de la documentación, indicando si tienen el documento y, de ser así, producirlo.
“El acuerdo de hoy es un paso muy positivo; ahora hay que ver cuáles son los documentos que entregan”, indicó Vila Biaggi.
Manifestó que, por meses, las organizaciones habían sometido peticiones formales solicitando los documentos y datos públicos de la AEE, pero no habían recibido ninguna respuesta.
Cathy Kunkel, analista de energía del Ieefa, declaró que “el acceso a la documentación pública de la AEE es fundamental para poder evaluar el impacto de las determinaciones que se están tomando”.
En el recurso de mandamus presentado al tribunal, Cambio y el Ieefa requieren a la AEE información específica sobre cualquier estudio de costo-beneficio que se haya realizado para justificar la propuesta concesión de transmisión y distribución de energía, así como documentos relacionados a propuestas relacionadas a la generación, entre otros.
Tras darse lectura para el récord de los acuerdos para cada solicitud de información presentada, el juez Cuevas Ramos pautó una vista de seguimiento el 25 de junio a las 9:00 de la mañana para escuchar los resultados del proceso de entrega de documentos.INS
P. Rico-Anticipa la JSF que muchas demandas a contratistas del gobierno se resolverán fuera del tribunal
San Juan, 25 may (INS).- El Comité Especial de Reclamaciones (CER) de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció ayer que trabaja en un protocolo para resolver de modo informal y consensualmente las acciones legales que se han tomado contra varios suplidores del gobierno de Puerto Rico.
El propósito es proveer un proceso que sea eficiente, accesible, expedito y que no requiera altos costos de litigación.
El protocolo, se indicó, iniciará el 31 de mayo próximo y se anticipa que la mayoría de las demandas se puedan resolver fuera del tribunal, sin la necesidad de que los contratistas tengan que invertir en asesoría legal, a menos de que deseen que un abogado les represente en el proceso.
A principios de este mes, el CER –conjuntamente con el Comité Oficial de los Acreedores no Asegurados (UCC, siglas en inglés)– tomó acción legal contra cerca de 250 suplidores para recobrar pagos otorgados por el gobierno, la Autoridad de Carreteras y Transportación, así como por el Sistema de Retiro de Empleados, que fueron contrarios a la ley de quiebras en Puerto Rico y EEUU.
Las acciones legales no implican, necesariamente, que los suplidores actuaron incorrectamente.
El proceso para resolver estos casos incluye un periodo de intercambio de información entre las partes para determinar si los pagos fueron correctos.
Los asesores financieros del CER, con la asistencia de abogados locales tanto para el CER o para el UCC, revisarán la información para determinar si los pagos se justifican.
Si el intercambio de información revela que las bases para el pago fueron correctas, las
demandas pudieran ser retiradas, mas si la información no es suficiente ni justificable para
retirar la acción legal, o no se llega a un acuerdo mutuo, el proceso contemplará un mecanismo alterno para atender la disputa o proceder con la litigación.
A los suplidores se les proveerá información relacionada con las reclamaciones y se les requerirá información sobre contratos, facturas y órdenes de compras, entre otros documentos, dijo la JSF en un comunicado.
Los suplidores tendrán acceso a una página web con información relevante, avisos e información de contacto de los abogados locales que atienden el caso. Los asesores financieros del CER mantendrán una base de datos para darle seguimiento a la información y los documentos recibidos.
Un abogado del CER y del UCC en Puerto Rico serán los contactos primarios para los suplidores en aras de hacer el proceso accesible a todos.
Asimismo, el CER y el UCC favorecerían una suspensión de las acciones legales para permitir el intercambio de información y tratar de resolver las acciones por acuerdo mutuo. INS
P. Rico-Indaga la Cámara sobre la tardanza para la aplicación de los créditos a las cuentas de aportaciones definida
San Juan, 25 may (INS).- La Comisión de Sistema de Retiro y Asuntos del Veterano de la Cámara, que preside la representante Lourdes Ramos Rivera, comenzó la indagatoria de las razones para la tardanza de la aplicación de los créditos a las cuentas de aportaciones definidas, la rentabilidad de las inversiones de los participantes y los derechos sobre las cuentas.
Con el estudio de la Resolución de la Cámara 1348, del representante Ángel Peña Ramírez, se evaluará el establecimiento y las disposiciones del “Nuevo Plan de Aportaciones Definidas”, creado bajo la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”.
El representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), licenciado Sebastián Torres Rodríguez, mencionó a la Comisión cameral que la Ley 106 garantizó que los retirados continúen recibiendo sus pensiones, mediante el método denominado pay as you go.
Reconoció el tiempo que ha tomado este proceso y los pasos cruciales que les resta por hacer en beneficio de los participantes del Sistema de Retiro.
“De no haberse tomado esta medida, las consecuencias en las vidas de miles de familias puertorriqueñas y en la economía de la Isla hubiesen sido devastadoras”, añadió.
Refirió que la ley se aprobó a menos de un mes antes del paso del huracán María, el cual provocó graves daños a las oficinas centrales de la Administración del Sistema de Retiro y “limitó por meses el acceso a información vital necesaria para implementación de la Ley que garantiza el pago a los pensionados”.
Como parte del nuevo sistema de retiro, el asesor legal de Aafaf informó que “el gobierno separa todos los años más de dos mil millones de los ingresos del Fondo General para sufragar el pago de las pensiones de nuestros retirados”.
Esbozó el proceso de reestructuración de su deuda bajo el amparo del Título III de Promesa.
Torres Rodríguez señaló que las partidas de las Cuentas de Aportaciones Definidas “se encuentran protegidos en un fideicomiso temporero en una institución bancaria privada”.
“Tras arduos meses de negociación con varias instituciones financieras, la Aafaf y la Junta de Retiro lograron la creación de un fideicomiso temporero en el Banco Popular”, detalló.
El funcionario de Aafaf argumentó que “los fondos allí depositados pertenecen 100 por ciento a los participantes y serán individualizados en cuentas particulares una vez la creación del Nuevo Plan de Aportación Definidas se complete”.
Detalló que se seleccionó la propuesta de Alight Solutions Caribe, Inc., para ser la empresa encargada de la creación, implementación y administración del Nuevo Plan de Contribución Definida a un costo anual estimado de 2,623 millones de dólares.
La Junta de Retiro realizará su próxima reunión el 30 de mayo, cuando evaluarán la estructura final.
Ante las interrogantes de la presidenta de la Comisión sobre la seguridad de los fondos de los empleados públicos bajo este nuevo sistema, el funcionario indicó que “sería la primera vez en la historia de Puerto Rico que el dinero de los participantes de los Sistema de Retiro se encontrará verdaderamente segregado e individualizado, el mecanismo de las remesas debe seguirse fiel y estructuralmente”.
Mientras, Luis Collazo Rodríguez, director de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura, expuso que la transformación que están realizando “ha sido un adelanto histórico sin precedentes”.
“Es una demostración de que cuando un gobierno tiene visión, el compromiso y la voluntad para implementar soluciones reales, funcionales y definitivas podemos lograr verdaderas transformaciones en las diferentes áreas y renglones que nos atañen como sociedad”, afirmó el administrador de los Sistemas de Retiro.
A preguntas de la vicepresidenta cameral Ramos Rivera referente al fideicomiso temporal con el Banco Popular, Collazo Rodríguez aclaró que al día de hoy, el balance es de 435,204,758 dólares en contribuciones hechas por los participantes del Sistema de Retiro central y 21,291,690 dólares hechas por los participantes del Sistema de Retiro para Maestros.
El funcionario planteó que, al 31 de enero de 2019, se transfirieron todas las aportaciones individuales que habían realizado los participantes del nuevo plan desde el 1 de julio de 2017 al mencionado fideicomiso temporal. INS
P. Rico-Aclara Maceira que investigación a funcionaria de FEMA nada tiene que ver con el gobierno de Rosselló Nevares
San Juan, 25 may (INS).- El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira, aclaró anoche que la investigación en torno a una ejecutiva de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) nada tiene que ver con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.
El funcionario puertorriqueño se refirió a la pesquisa que conduce la fiscalía federal en San Juan en contra de Ahsha Tribble, sobre la posibilidad de haber favorecido la contratación de la empresa Cobra Acquisitions,a raíz de la devastación ocasionada por el huracán María el 20 de septiembre de 2017.
Los contratos, ascendentes a 1,845 millones de dólares, fueron realizados con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), bajo la dirección ejecutiva de Ricardo Ramos, que igualmente afrontó un escándalo por un multimillonario acuerdo con la empresa estadounidense Whitefish, que apenas tenía dos empleados y ninguna experiencia en sistema de energía eléctrica.
“Que quede meridianamente claro: se trata de una investigación sobre actuaciones de una empleada del gobierno federal y no del Gobierno de Puerto Rico. Las imputaciones de su supuesta influencia con Cobra Energy, en nada vinculan al Gobierno de Puerto Rico ni a la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo Maceira.
Afirmó que “respetamos el hecho de que este proceso es un asunto interno de FEMA. No obstante, resulta prudente hacer una aclaración oportuna y puntual sobre la misma para evitar que intenten insinuar que la investigación o sus resultados están de alguna manera relacionados a actuaciones de algún funcionario del gobierno estatal”.
“Reiteramos la disponibilidad de esta administración para atajar cualquier acto ilegal, el repudio a quienes se hubieran aprovechado de la devastación causada por el mayor desastre natural en nuestra historia modera y que el proceso de recuperación de la Isla continuará siendo público y transparente”, manifestó el funcionario en declaraciones escritas. INS